Rhina Cardenal
El trillado discurso “anti-imperialista” nuevamente fue utilizado el miércoles 18 de febrero corriente, ya no sólo por el FSLN sino por el Consejo de la Contraloría General de la República, en la voz de su vicepresidente (a quien le fuera negada la visa norteamericana cuando estaba recién electo por el pacto del 2000, por ser “dueño” de una casa piñateada), quien exigió la expulsión de la Embajadora de EE.UU. en Nicaragua, por supuesto injerencismo en los asuntos internos de nuestro país, según el reflejado en el artículo sobre el delito de lavado de dinero, escrito por dicha diplomática y publicado en LA PRENSA el sábado 14 de febrero.
He leído detenidamente el articulo en cuestión y con toda honestidad no encontré una sola palabra que se pudiese interpretar de “injerencismo”, mucho menos de lesionar la dignidad nacional. En su escrito, la embajadora Moore expone, y es bien clara al respecto, la posición oficial sobre el tema, no sólo del Gobierno que representa sino de “…otras 30 economías mundiales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo…” y el porqué el concepto del delito de lavado de dinero —inicialmente (en 1990) ligado al narcotráfico— tuvo que ser reconsiderando posteriormente y ampliada su vinculación a otros delitos, incluyendo la corrupción, el fraude, la malversación de caudales públicos y cualquier otra forma ilícita de obtener el dinero a lavarse. Esta reconsideración no fue hecha por capricho, ni dirigida a una persona específica como se hacen las cosas en Nicaragua, sino basados en el impacto destructivo de dichas transacciones en los sistemas financieros y la institucionalidad democrática que socava el desarrollo de las naciones.
No me explico cómo los “honorables” contralores (quienes por cierto tienen el mandato constitucional de salvaguardar los bienes del Estado, es decir, de los nicaragüenses), no se sienten ofendidos por el saqueo al erario. Es increíble que consideren que la posición de las democracias mundiales sobre el delito de lavado de dinero conectado a la corrupción lesiona la dignidad nacional, mientras tanto, buscan la forma de lavarse las manos de la investigación de las cuentas Donación Taiwan.
No sólo los funcionarios de la CGR sino también los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo Supremo Electoral, todos hijos del pacto Alemán-Ortega que destruyó la institucionalidad en Nicaragua, así como los diputados a la Asamblea Nacional, deberían tomar conciencia de que son ellos los que lesionan la dignidad de los nicaragüenses con la sumisión absoluta y reiterada a los caprichos e intereses de sus “jefes supremos”, en perjuicio y detrimento del pueblo de Nicaragua de cuyos intereses parecen olvidarse.
No son los gobiernos amigos que invierten los fondos de sus ciudadanos en darnos la mano para que construyamos instituciones que permitan a todos los nicaragüenses vivir en una sociedad justa y con oportunidades de desarrollarnos en libertad y prosperidad los que lesionan nuestra dignidad. Son los funcionarios corruptos, por acción u omisión, los que no sólo lesionan sino destruyen la dignidad de un pueblo que clama y reclama justicia para poder construir una verdadera democracia y un Estado de Derecho que permita el desarrollo de la nación y una vida digna para sus ciudadanos.
La autora es periodista política.
