Eduardo Enrí[email protected]
Ayer por la mañana formé parte de un panel de periodistas en un foro sobre la propuesta amnistía que sacaría de la cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán. El evento fue patrocinado por Ética y Transparencia en el programa Primera Hora, de Canal Dos y participaron el procurador Víctor Manuel Talavera y los diputados Orlando Tardencilla, de la bancada Azul y Blanco y Donald Lacayo, del Partido Liberal Constitucionalista y presidente de la Comisión de Justicia. Este último principal promotor de la amnistía.
Si algo quedó claro fue el laberinto en que Alemán y sus defensores se encuentran. Como es evidente desde hace ya varias semanas, ellos han dejado de un lado el argumento de su inocencia. Están claros de que por esa vía no pueden lograr nada, ya que aunque alegan que “no hay pruebas”, el peso de éstas es evidente.
Eso no le interesa a los defensores de Alemán. El doctor Lacayo asegura que “no importa que Alemán se haya robado 50 mil millones de dólares” porque lo malo está en que “lo juzgaron mal”. Pero lo que hace cualquiera que lo juzgan mal, es apelar.
La “defensa” de Alemán, ahora que ha sido condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero, se ha radicado en el Parlamento. Ahí pretenden sacarlo por dos vías: por la interpretación auténtica de la Ley 285 (Ley de Estupefacientes que incluye el lavado de dinero) o mediante una amplísima amnistía de los delitos comunes que cualquier funcionario público haya cometido desde el 14 de marzo de 1990 hasta el día que se apruebe el decreto. A propósito, escogieron el decreto, y no la ley, para no enfrentar el veto presidencial.
Y esa es otra parte del laberinto. Hay quienes alegan que las amnistías no pueden otorgarse por decreto, sino que deben ser por ley –lo que la expondría al seguro veto presidencial– pero ese tema es técnico. El laberinto tiene otros recovecos.
Rápidamente: la amnistía cubriría delitos comunes que nada tienen que ver con los delitos políticos, por mucho que el doctor Lacayo grite que así es.
Pero además, cubriría delitos que aún no se han cometido, o sea, que si el lunes un funcionario decide robarse 10 millones de córdobas del erario, lo puede hacer y será amnistiado, ya que el artículo tres dice que la amnistía “comprende desde el 14 de marzo de 1990 hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto”. ¿En qué cabeza cabe esa lógica?
Además, dice que la amnistía debe otorgar ese “estado de gracia”, léase el olvido de todo lo robado, para alcanzar la reconciliación y la paz social. Pero lo que se van a garantizar será el descontento de un pueblo que ya está aburrido de que le roben y que nada pase.
Pero lo peor de todo viene cuando quieren justificar la amnistía a los delitos comunes. El de lavado de dinero, por ejemplo. ¿Qué justifica la amnistía a los que hayan cometido lavado de dinero? ¿Por qué los diputados liberales están interesados en dejar libre a gente que haya cometido ese delito? ¿acaso tenerlos presos perturba el orden social?
Los arnoldistas están pidiendo esa amnistía porque su “líder” está “pegado”. Si quieren decir, como lo hizo el doctor Lacayo, que esa mula es su macho, pues es su decisión, pero por lo menos no esperen que les creamos.
