Migdonio Blandó[email protected]
“La libertad sin orden es la muerte de toda organización social” (H. Schacht). Esta cita que revisando una vieja libreta encontré, es una cápsula indiscutible de sabiduría y aceptándola como tal me permito utilizarla como base sólida para externar mi pensamiento en lo referente al Estado de Derecho, en el que mediante el idealizado sistema democrático muchos querríamos cívicamente se enmarcara el desarrollo del país.
El Estado de Derecho daría verdadero valor a la Constitución y las leyes, que en parte se originan de principios de auténtica sabiduría y sin preferencias a todos favorecen por igual. Esos principios han sido teóricamente aceptados (aunque no siempre practicados) desde hace milenios por la sucesiva mayoría de generaciones civilizadas. Su matriz es el “Decálogo” dictado por Dios a Moisés en el Monte Sinaí.
Nuestra Constitución, como la de casi la generalidad de países civilizados, se basa en principios similares que, aprobados y codificados como leyes de estricto cumplimiento constitucional, penalizan la transgresión a las mismas teniendo la responsabilidad de su aplicación el Poder Judicial, el que a la vez es responsable de que sean igual para todos sin excepciones ni interpretaciones que las adulteren.
Fallos erróneos y elásticos de la justicia, cuando se tergiversan en pro o en contra, contribuyen a la muerte de la libertad, abren la puerta al desorden que al degenerar en anarquía, de hecho desemboca en el caos. Por lo que la responsabilidad judicial es tan importante como la del Poder Legislativo en la emisión, reforma o derogación de leyes, que es la misma que la de los encargados de cumplirlas.
Las personas que asumen tales cargos, además de la debida preparación e integridad, deben ubicarse al margen de toda política sectaria en el desempeño de sus funciones, debiendo considerar que en su cargo transitorio tienen la obligación de actuar como servidores de la nación, de la que representando a la ciudadanía reciben además de sus honorarios la representación honorífica de su nombramiento o elección.
Por tales razones preocupa sobremanera que de manera específica en nuestra Patria los integrantes de las instituciones gubernamentales, con rarísimas excepciones, se interesen más en lo personal y partidario que en la obligación que tienen de cumplir sus deberes como servidores del Estado, cosa que al politizarse de forma sectaria o personalizada ignoran o adulteran las leyes, sin que poco o nada les importe, escudándose a veces en la inmunidad.
En lo judicial, el ejemplo se da en la continua retardación de justicia, en fallos absurdos y además en la actitud de la Corte Suprema de Justicia que en varios meses no ha elegido su presidente. Otra clara muestra es la del Poder Legislativo, que ha dado y proyecta seguir dando amnistías bajo pretexto del mantenimiento de la paz, lo que ha servido para proliferar la corrupción y delitos que han quedado impunes, que opacando la libertad a la vez ahuyentan la inversión, estancan el desarrollo y motivan la emigración.
Que Dios misericordioso nos ilumine y fortalezca para que, evitando caer en dicha tentación, haciendo su voluntad que es el bien, heredar a las nuevas generaciones la Patria grande, soñada por Darío, nuestros próceres y los que con sinceridad la queremos.
