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Lo que no sirve se desecha
Una típica manifestación de la cultura de la pobreza es la mala costumbre de guardar toda clase de cachivaches, así como no reparar los objetos averiados aunque se tenga conciencia de que reparándolos podrían seguir siendo útiles.
En el ámbito de las instituciones hay algunas que son de ínfimo provecho o no sirven para nada. Sin embargo, a pesar de que causan innecesarios gastos no se les disuelve y tampoco se les reforma, en el caso de que reconstruyéndolas pudieran servir a los fines para los que fueron creadas.
Tal es el caso del Parlamento Centroamericano que hasta ahora no ha servido para nada bueno y más bien lo convirtieron en refugio de políticos corruptos. Y por eso es que la mayoría de la gente opina que deberían disolverlo, salvo sus diputados (20 por cada país, más los inevitables suplentes) que trivializan el costo económico del Parlacen asegurando que ni siquiera le cuesta un dólar a cada nicaragüense, puesto que el aporte de Nicaragua a su sostenimiento es sólo de 1.7 millones de dólares anualmente. En realidad, según el reportaje “Parlacen: lujo costoso para Centroamérica” que escribió el periodista de LA PRENSA Juan José Lacayo y publicamos en nuestra edición de ayer domingo 8 de febrero de 2004, es cierto que ese organismo le cuesta a Nicaragua, o más bien dicho a los contribuyentes, la cantidad de dinero antes señalada. Pero si se considera que sólo 90 mil nicaragüenses pagan impuestos a la DGI, son casi 19 dólares los que aporta cada contribuyente para mantener al hasta ahora inservible Parlamento Centroamericano.
Por otro lado, en otra publicación el investigador Karlos Navarro asegura que lo que hizo el Parlacen en el período 1997-2002 fue emitir unas 500 declaraciones, ya que no tiene funciones legislativas ni tiene capacidad para decidir nada que sea de obligatorio cumplimiento. De manera que cada una de esas declaraciones parlacénicas que muy pocas personas conocieron, costó a Nicaragua unos 3,400 dólares.
El Parlamento Centroamericano se instaló el 28 de octubre de 1991 como consecuencia de los Acuerdos de Esquipulas de los años ochenta, que suscribieron los presidentes de Centroamérica, para poner fin a la guerra civil de Nicaragua y posteriormente a las de El Salvador y Guatemala, así como para impulsar los procesos de reconciliación y democratización nacional, que mal que bien funcionan hasta ahora en los tres países mencionados, que han sido los más belicosos de Centroamérica.
Los objetivos declarados del Parlamento Centroamericano son los de contribuir al entendimiento entre los pueblos hermanos, propiciar la solución pacífica de los conflictos y fortalecer la paz regional, e impulsar los procesos de integración económica, política y cultural. Pero los propósitos no declarados, que por cierto son los únicos que han funcionado verdaderamente, fueron los de asegurar un retiro generosamente remunerado a políticos prominentes que llegan al final de su carrera, proporcionar inmunidad judicial a los ex presidentes de la República durante el período inmediato después de su ejercicio presidencial, y repartir prebendas entre algunos políticos que no alcanzan en los cargos gubernamentales nacionales.
Tan pesada se ha vuelto la carga del Parlacen —y también de la Corte de Justicia Centroamericana, el otro “elefante blanco” regional—, que los presidentes de los países que forman parte de dichos organismos ya están de acuerdo en que es necesario reestructurarlos, por lo menos.
Conscientes de esa inconformidad que hay contra ellos, los diputados nicaragüenses al Parlacen se han adelantado a proponer públicamente algunas reformas, antes de que se pudiera decidir su disolución. Por ejemplo, han sugerido que se suprima la inmunidad que los protege de procedimientos judiciales, la cual en realidad es injustificable, como tampoco deberían tenerla los diputados nacionales que sólo han usado ese privilegio legal para encubrir abusos de toda clase.
El antes mencionado investigador Navarro ha sugerido que se reduzca el Parlacen a 10 representantes por cada país y que éstos sean escogidos de entre los mismos diputados a la Asamblea Nacional. Una sugerencia que parece viable y que unida a la de suprimir la inmunidad de los diputados al Parlamento Centroamericano, podría ser un buen comienzo de la reforma, aunque tal vez lo mejor sería suprimirlo como proponen muchas personas.
