Texto/Moisés MartínezFotos /Manuel [email protected]
Las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) podrían teñirse de sangre. La anarquía en la zona ha provocado un conflicto entre los indígenas miskitos de Layasiksa y decenas de familias campesinas, a las que acusan de invadir sus tierras para desforestarlas y convertirlas en campos de cultivo y potreros.
PRIMERA ENTREGA.- En los espesos bosques de cedro, caoba y pinos de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se vive el preámbulo de una guerra; y su causa es la lucha por el elemento más importante en la vida de un campesino: la tierra. A más de 40 kilómetros al suroeste del poblado de Rosita, en medio de bosques que ocultan por instantes el sol y en el que centenares de especies animales y forestales reinan sin la amenaza del hombre, chocan el derecho ancestral de las comunidades indígenas y las necesidades de tierras de decenas de familias, cuyas cabezas son en su mayoría antiguos miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Los cerros Rau, Wastingni, Wilwil y Winko Prukan, que conforman un perímetro de cinco mil hectáreas de tierra boscosa, encierran la zona de conflicto entre los indígenas de la comunidad miskita de Layasiksa y unas 40 familias que bajo el liderazgo de desmovilizados de la antigua Resistencia Nicaragüense, entraron furtivamente a la zona, provocando la furia de los indígenas.
La completa falta de respuesta de las autoridades judiciales, policiales y políticas de la zona, a dos años de reclamos de los miskitos de Layasiksa, causaron que éstos decidieran solucionar esta situación por sus propios medios.
Luego de una jornada de casi dos días de caminatas en la montaña, LA PRENSA estuvo presente durante un desalojo organizado por los mismos miskitos de Layasiksa, sin la presencia de ninguna autoridad oficial.
Casi cien hombres armados de rifles de cacería y machetes, se encontraron en la ribera del Río Uniwas y luego divididos en tres grupos, entraron por el cerro Wilwil para rodear la zona en la que se encontraban asentados los “colonos” y así iniciar el desalojo.
Aunque inicialmente la idea era expulsarlos por la fuerza, los líderes de grupo decidieron que antes de cualquier acción iban a persuadir a los campesinos a que dejaran el sitio de manera tranquila.
El operativo comenzó en la mañana del pasado viernes y finalizó a eso de las 6:00 p.m. del mismo día. Hasta esa hora, sólo dos familias habían aceptado dejar las viviendas de manera pacífica.
Sin embargo, ante la presencia del equipo de LA PRENSA, Rufino Johnson, síndico (líder) de la comunidad de Layasiksa, y los otros cabecillas de los grupos acordaron no continuar el desalojo y dar un plazo de una semana, para que el Gobierno y las autoridades regionales intervengan en el conflicto y encuentren una solución.
En caso contrario, los miskitos advirtieron que tomarán las medidas que sean necesarias para sacar al resto de campesinos de la zona, sin importar las consecuencias.
“Nosotros no queremos que nos vean a los indios como violentos. Los indios no somos violentos, sólo estamos reclamando nuestro derecho ancestral a estas tierras. Nosotros lo que queremos es que no destruyan nuestros bosques”, dijo Gerardo Conrado, a quien también se le conoce como “El Chino”, uno de los líderes de grupo.
Sin embargo los miskitos decidieron dejar en la zona a casi 80 hombres armados para impedir nuevos ingresos de campesinos o el regreso de los que ya habían sido desalojados.
Además, quemaron una cabaña vacía que presuntamente fue abandonada por la familia, debido a que ya conocían del operativo que llevarían a cabo los miskitos.
TOCANDO PUERTAS
Johnson, un miskito de 53 años, los últimos tres como síndico de la comunidad de Layasiksa, relató que decidieron desalojar por su cuenta a los “invasores”, debido a que estaban cansados de esperar por más de dos años una respuesta de las autoridades regionales.
Johnson relató que su problema con estos invasores empezó desde diciembre del 2002, cuando supieron por primera vez del asentamiento de unas 15 familias en la zona de los cuatro cerros.
Los miskitos, bastante molestos, enviaron denuncias legales a los jueces de Rosita, Siuna y los concejales de la RAAN.
También solicitaron la intervención de Filemón Dellman, quien preside la Comisión de Demarcación Territorial del Consejo Regional de la RAAN, y de los concejales municipales de Prinzapolka.
Los reclamos de los indígenas se basan en un título de dominio real, otorgado en 1917 por la comisión tituladora de la Mosquitia, como parte de la firma del Tratado Harrison Altamirano, así como una resolución de la ampliación de las comunidades indígenas de la RAAN, en la cual se incluyó a Layasiksa, la que fue emitida en 1996 y en la que se establecen los linderos de esta comunidad con una extensión de 35 mil hectáreas.
Para febrero del 2003, Dellman envía una carta al entonces jefe de la Policía en Rosita, Carlos Malespín, quien también ya había recibido una denuncia de los mismos indígenas, para que interviniera en el conflicto y evitara cualquier posible brote de violencia.
Finalmente, otra denuncia más, esta vez ante el Juez Único del Distrito de Siuna, David Rodríguez, tuvo como efecto una resolución judicial de parte de éste, ordenando el desalojo de los invasores.
El 6 de marzo del 2003, Johnson y un grupo de hombres de la comunidad de Layasiksa, junto a efectivos de la Policía, efectuaron el primer desalojo en los cerros Rau, Wastingni, Wilwil y Winko Prukan.
Sin embargo, menos de dos meses después, prácticamente todas las familias que habían sido desalojadas regresaron a asentarse en las zonas de los cerros. Nuevamente se levantaron los reclamos de la comunidad de Layasiksa, pero esta vez no fueron escuchados.
“Lo que esperamos es que el Gobierno y las autoridades cumplan con nuestro derecho en el bosque, porque aquí
vivieron nuestros ancestros y ésta es la tierra que nos ha alimentado. Por eso la vamos a defender, porque no podemos dejar que la despalen y destruyan. Vamos a hacer lo necesario para protegerla con o sin el apoyo de las autoridades”, enfatizó Johnson.
EL MANOSEO POLÍTICO
Durante el primer desalojo en marzo del 2003, la Policía detuvo a los cabecillas que lideraron la toma de las tierras en Layasiksa.
Durante el interrogatorio realizado por las autoridades policiales, los dirigentes revelaron que ellos decidieron tomarse estas tierras porque contaban con aval firmado por varios concejales regionales y un diputado nacional, todos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Amparados con ese aval, fue que los campesinos regresaron a posesionarse de las tierras en mayo del año pasado, provocando que se reanudara el conflicto.
LA PRENSA obtuvo una fotocopia de ese “aval”, que fue elaborado en noviembre del 2002, el cual dice en resumen que los firmantes apoyan a “estos campesinos trabajadores del campo en su necesidad de tierras”.
Además, en el párrafo final del “aval”, se señala que este documento se encuentra “oficializado” por la Corte Suprema de Justicia y la oficina del abogado del Triángulo Minero.
De acuerdo a la declaración brindada por los campesinos, cuando se firmó el “aval”, los políticos les expresaron que con este documento podían ubicarse en cualquier terreno de la comunidad de Rosita, como lo eran supuestamente las tierras ubicadas en los cuatro cerros, los que son reclamados como propias por la comunidad de Layasiksa.
En el documento se pueden leer alrededor de nueve firmas, destacándose entre todas la del diputado nacional Víctor Duarte, del PLC.
LA PRENSA intentó infructuosamente localizar por dos días a Duarte, buscándolo en las instalaciones de la Asamblea Nacional y posteriormente a través de su teléfono celular, pero éste no respondió a nuestras llamadas.
Irónicamente, a dos meses de haber firmado el “aval” en Rosita, el diputado Duarte también firmó otro documento en el poblado de Siuna, pero esta vez condenando la toma ilegal de tierras en la zona de la reserva de Bosawas, principalmente en la parte conocida como Parque Nacional Cerro Saslaya.
El documento, en el cual Duarte es el primer firmante, se señala que se deben tomar todas las acciones necesarias para contrarrestar la ola creciente de invasiones en las áreas del Saslaya.
Sin embargo, fuentes vinculadas al Gobierno revelaron que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) tiene informes de que el diputado Duarte también ha apoyado tomas de tierras en la zona de Siuna, con el fin de ganar respaldo político para las próximas elecciones municipales.
Mientras tanto, en el poblado de Rosita pudimos localizar a otros dos firmantes, que son el concejal regional del PLC, Lino García y el también concejal del mismo partido, Reynaldo Blandón Aguilar, quien a la vez es el delegado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de Rosita.
Ambos reconocieron haber firmado el documento, pero no con la intención de fomentar las tomas de tierras, sino que fue con el fin de respaldar la necesidad de un lugar para vivir de los campesinos.
“La gente viene a pedirnos respaldo a nosotros porque el Gobierno no les ha cumplido. Ellos, a lo que han ido no es a tomarse las tierras, sino a trabajarlas”, dijo García, a quien encontramos sin camisa y acostado en la hamaca de su casa en Rosita.
“No hemos firmado para que ellos se vayan a tomar tierras. Si ni sé, por qué incluso los llaman colonos. Ellos sólo son personas necesitadas, que no tienen el apoyo necesario y nosotros siempre respaldamos a cualquier nicaragüense que tenga necesidad de una tierra, en la que cultivará el alimento de sus hijos”, añadió el concejal.
Sin embargo, García también reconoció que el documento no tiene validez legal y que éste es sólo un papel de apoyo para los desmovilizados de la Resistencia que buscan tierras para asentarse.
Según el concejal, el reclamo de los miskitos se debe simplemente a su ambición de monopolizar la explotación de los recursos naturales de la zona de Layasiksa, principalmente la madera, de cuya venta asegura sólo se benefician algunos dirigentes indígenas.
Sin embargo, el síndico Johnson presentó un documento del Concejo Regional de la RAAN, en que se establece la aprobación en diciembre del año pasado de un permiso de impacto ambiental para el proyecto de manejo forestal comunitario, elaborado por los habitantes de Layasiksa, con el fin de llevar a cabo una explotación racional de los recursos madereros de la zona.
No obstante, García insistió en que los miskitos se encuentran coludidos con los dueños de la empresa maderera Prada, cuya sede se encuentra en Rosita y que es la única empresa que explota madera en la zona de Layasiksa, con autorización de los indígenas.
“Lo que ellos tratan es de vender la madera a la empresa Prada, no con el fin de lucrar a todos los campesinos y a todas las etnias, sino con el fin de lucrarse solamente a unas cuatro personas, lo cual no trae un desarrollo, sino un despale indiscriminado” , enfatizó el político.
El concejal del PLC y delegado del MECD, Reynaldo Blandón Aguilar, argumentó que ellos como políticos de la zona lo que apoyaron con la firma del documento fue el asentamiento de las familias, en tierras ubicadas en los linderos de Rosita.
“Ellos nos dicen que para todos nosotros las tierras son nacionales, que hay un lugar en donde nosotros los podíamos ubicar y querían nuestro apoyo. Les dijimos que no hay problema, mientras las tierras se encuentren en los linderos de Rosita”, argumentó.
“El documento no está formal. Simplemente el papel dice que los dejen trabajar y por eso firmamos. Cualquier cosa está la Alcaldía, la Policía y estamos nosotros, pero no es un aval”, agregó.
Manifestó que el documento no tiene ningún valor jurídico y que la mención de la aprobación del mismo por la misma Corte Suprema de Justicia, fue un error de redacción de los campesinos que elaboraron el documento.
“Ese documento no está avalado por la Corte Suprema de Justicia, eso es una mala expresión que está puesta en el documento. El mismo líder de los campesinos se fue a Siuna, consiguió este documento y lo firmamos”, admitió.
“Ellos (los miskitos) saben que en esos terrenos hay madera, o sea hay negocio, mientras el colono lo que quiere es sembrar su arroz y frijol para dar de comer a sus hijos. Los que están haciendo el conflicto son los que tienen intereses”, enfatizó.
Sea de quien sea la responsabilidad de la invasión a la comunidad de Layasiksa, lo cierto es que los vientos de guerra soplan frente a los rostros de los miskitos armados que resguardan su territorio, por la amenaza constante de un posible ajuste de cuentas de parte de los campesinos desalojados.
SIETE HERIDOS
Heberto Jarquín M./Corresponsal
TRIANGULO MINERO.- Al menos 120 indígenas miskitos de la comunidad de Layasiksa, 60 kilómetros al suroeste de Puerto Cabezas, se armaron ayer de rifles calibre 22 y escopetas para desalojar a unas 40 familias de campesinos mestizos que están asentados en las tierras de esa comunidad.
El síndico de Layasiksa, Rufino Johnson, informó que hasta ayer habían quemado ocho casas y siete colonos estaban heridos, porque se resistieron al desalojo.
Entre los heridos mencionaron a Isidro López García, Ernesto Cantillano y Antonio Cantillano.
El jefe de la sección de Policía de Rosita, teniente Jaime Chavarría Velásquez, dijo que no había confirmado estas versiones, pero que recibió denuncias de los campesinos Camilo Suárez Castro y Donald Alfredo Ríos Palacios, quienes aseguran que fueron sacados a la fuerza de sus fincas, por los indígenas, quienes también los despojaron de un rifle 22 y una escopeta.
