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El financiamiento de los partidos
Según informó una autoridad del Consejo Supremo Electoral (CSE), los partidos que participen en las elecciones municipales de este año y obtengan al menos el cuatro por ciento de los votos, “sólo” recibirán del Estado 55 millones de córdobas, más o menos tres millones de dólares.
Es una suma modesta, sin duda, si se considera que en Nicaragua se acostumbra hacer las elecciones más costosas del mundo. Pero en esta ocasión, la austeridad presupuestaria obligada por la necesidad de ingresar a la HIPC ha determinado que los gastos electorales en general y el financiamiento de los partidos en particular, tengan que ser moderados.
Esto es positivo, primero porque los fondos públicos se deben gastar moderadamente, de acuerdo con las posibilidades reales del país. Y segundo porque la limitación de dinero que les compensará el Estado obligará a los partidos a promover el activismo voluntario, que tiene la virtud de cultivar la conciencia cívica y el espíritu de servicio de los ciudadanos.
Muchas personas se preguntan por qué el Estado debe financiar las campañas de los partidos, si sólo sus dirigentes y activistas se benefician con los cargos y empleos públicos que consiguen. Inclusive, algunos ciudadanos estiman que el Estado ya no debería financiarlos más.
Pero, en realidad, el objetivo de financiar con recursos del Estado a los partidos que participan en las campañas electorales —siempre y cuando obtengan un determinado y razonable porcentaje de votos—, no es favorecerlos como entidades políticas y en lo personal a sus dirigentes y activistas. El propósito fundamental que se persigue con el financiamiento público es hacer transparentes las campañas electorales, lo cual en la democracia es sumamente importante y necesario.
Se sabe muy bien que el comportamiento de los partidos y de los políticos, sobre todo cuando pasan a ocupar los cargos para los que fueron elegidos, depende bastante o en su totalidad del tipo y origen del apoyo económico que recibieron durante la campaña electoral. De manera que si el financiamiento fue de los mismos fondos que aportan los ciudadanos, es decir, del Estado, los compromisos de los políticos elegidos pueden ser sólo con las conveniencias públicas. Pero si el financiamiento de las campañas proviene de personas y entidades particulares y desconocidas, entonces los políticos ya convertidos en funcionarios públicos actuarán de conformidad con los intereses de quienes los financiaron. Y peor aún, podrán servir al narcotráfico y a otros destacamentos del crimen organizado que a cambio de favores políticos y judiciales financian a políticos singularmente inescrupulosos.
Sin embargo, a pesar del financiamiento estatal los partidos y los candidatos buscan otras fuentes de recursos para pagar sus campañas electorales, que tienden a ser cada vez más costosas. Por eso, junto al moderado financiamiento estatal de las campañas electorales y el estricto cumplimiento de la ley que obliga a los partidos y candidatos a gastarlo correctamente y a dar cuenta al CSE peso por peso, es preciso también controlar apropiadamente las otras formas de financiamiento de los partidos políticos.
Ya en las elecciones nacionales anteriores, del 2001, salieron a luz supuestos delitos electorales y de lavado de dinero —que fue sustraído al Estado— mediante una fundación supuestamente política. Inclusive el actual Presidente de la República fue involucrado y hay causa abierta contra él y otros conspicuos funcionarios del Gobierno, sólo que dicho juicio tiene poca credibilidad por los compromisos partidistas de los fiscales y jueces que los instigaron. Y por otro lado, siempre ha flotado en el ambiente político la sospecha de que también el FSLN ha obtenido cuantiosos recursos económicos en el extranjero para financiar sus campañas políticas.
Por eso es muy importante y necesario que los partidos políticos y los candidatos no puedan ocultar el origen y el monto de los fondos que gastan en sus campañas electorales. Y por eso mismo también es que el control del financiamiento de los partidos no se debe dejar sólo en manos del Consejo Supremo Electoral y la Contraloría. Organismos cívicos como Ética y Transparencia y ante todo los medios de comunicación independientes y democráticos, tienen que indagar de dónde es que consiguen tanta plata algunos partidos políticos, y monitorear cómo y en qué gastan esos cuantiosos recursos económicos.
