Alejandro A. TagliaviniAIPE
BUENOS AIRES.- Cuando el Estado argentino se veía sobre endeudado, pero antes de que declarara la cesación de pagos, de manera de poder emitir más deuda, se sometió a los tribunales de Nueva York, renunciando a su soberanía. Al declarar la cesación de pagos, algunos acreedores se presentaron ante el juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Manhattan, quien les dio la razón pero, a pedido del gobierno argentino, concedió una prórroga en la ejecución para permitir la negociación con los acreedores privados.
Tal negociación no se llevó a cabo. Al Gobierno argentino no le interesaba negociar con gente sin peso político y ofreció pagar de una deuda superior a los 50,000 millones de dólares apenas 25 centavos por dólar, o sea 75 por ciento menos. Si a esto se le suman los intereses que no les han pagado, los acreedores perderían cerca del 90 por ciento del dinero que invirtieron en bonos argentinos.
La excusa utilizada para robar así es que Argentina no cuenta con los fondos necesarios para dar frente a sus obligaciones, pero la realidad es otra: se mantienen gastos gubernamentales excesivos y no se quieren tocar las propiedades del Estado, como el subsuelo rico en petróleo.
Así, el 31 de enero expiró la prórroga dada por el juez de Nueva York y ahora pueden ser embargados los bienes del Estado argentino, tanto dentro como fuera de EE.UU. Entre los valores embargables están los giros del FMI, el dinero que el Estado obtenga por exportaciones y los bienes en el exterior de cualquier empresa estatal.
Guillermo Gleizer, abogado de los acreedores, declaró que el presidente Néstor Kirchner “beneficia al usurero del mundo: el FMI”. Sucede que al FMI lo ha declarado “acreedor privilegiado”.
El vencimiento de la prórroga del juez se vivió sin nervios: los abogados del gobierno argentino —Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton— poco se interesaron y el subsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, el “hombre de la deuda”, estaba en la playa. El Ministro del Interior consideró que la posibilidad de embargos “es nula” y su preocupación es reinsertarse “en el mundo de la mejor forma posible”.
Anteriormente, cuando un gobierno no cumplía con sus obligaciones internacionales era sancionado por la comunidad mundial. Se le era considerado un paria y no podía obtener nuevos créditos en ninguna parte. Pero el FMI cambió todo eso.
El FMI otorga créditos cuando los bancos privados no quieren arriesgarse más e incentiva a otros grupos privados para que coloquen su dinero. Entonces, cuando el país se declara insolvente, lo único que le preocupa al FMI es mantener la ficción de que sí le están pagando, dinero que realmente sale del bolsillo de los privados y de nuevos préstamos extendidos por el FMI.
En parte, tales pagos al FMI provienen de aumentos de impuestos recomendados por el mismo FMI. Y cuando el aumento de los impuestos no alcanza, la práctica es que se le hace un pago al FMI y ese mismo dinero se recibe de vuelta al día siguiente, como un nuevo préstamo. Así, los países que financian al FMI, en especial EE.UU., pueden seguir aparentando que las operaciones del FMI no le cuestan dinero alguno. De esa manera se manipulan descaradamente, con fines políticos, las operaciones del FMI sin que los ciudadanos de las naciones industrializadas cuestionen el derroche y el daño que causan las funestas políticas del FMI.
Si Argentina incluye al FMI en su cesación de pagos, éste se verá en problemas y también su director gerente, Horst Köhler.
* El autor es Miembro del Departamento de Política Económica de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
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