Norman Miranda [email protected]
Los presidentes centroamericanos, o la mayoría de ellos, están decepcionados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), los dos foros más importantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Han dicho que emprenderán acciones enderezadas a su rehechura.
La CCJ parece ser lo que está peor porque en sus diez años de existencia no sólo nunca han querido integrarla ni la reacia Costa Rica, ni la integracionista Guatemala; sino que además y como de remate, Honduras, que la venía integrando desde su inicio en 1994, acaba de salirse de ella sonando el portazo de la agria desilusión.
Sólo Nicaragua y El Salvador quedaron integrando la Corte, apenas dos de los cinco países centroamericanos (seis, si contamos a Panamá). Este saldo de reducidísimas membresías traduce una descalificación prácticamente letal para dicho tribunal.
Desde hace siete años ya habían motivos para que los presidentes centroamericanos reaccionaran como lo están haciendo ahora.
En 1997, un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue hecho del conocimiento de los presidentes. Proponía reformar a ambos foros, basado en una crasa desproporción constatada entre altos costos de funcionamiento y magros resultados.
Pero la Corte, irritada y sin aptitud de autocrítica, hizo entonces una campaña de autopoyesis (justificar su propia producción), logrando relegar la crítica constructiva de la CEPAL, con lo cual, la críptica crisis de la CCJ entró y perduró hasta ahora en un estado de diletantismo.
525 mil dólares anuales cuesta a Nicaragua la cuota de la CCJ. Y 700 mil dólares anuales nos cuesta la del Parlacen. La factura de ambos se eleva, pues, a un millón 225 dólares anuales.
Este dinero millonario en dólares se pagaría hasta con euforia si ambos foros fueran acicates para estrechar la integración regional. Pero sus resultados decepcionantes no dan pie a pensar que así sea.
Por contrario, el Parlacen ni siquiera es un foro propiamente legislativo; y la CCJ por su parte, en sus diez años de existencia se ha ocupado de un escuálido número de casos, tanto de jurisdicción contenciosa como consultiva, quienquiera puede comprobarlo consultando su página web: www.ccj.org.ni
Ambos foros son —tal como están hechos hoy por hoy— de muy pobre utilidad para lo que verdaderamente importa en la parte integracionista en la que estamos: el progreso del intercambio comercial y el logro de las preferencias arancelarias para hacer más competitivos los productos centroamericanos en el mercado mundial. Hay que avanzar primero en la integración económica para pergeñar después la política, a imagen y semejanza de cómo exitosamente lo hace Europa.
Como los males institucionales se parecen a los de las personas, en mi libreta de apuntes he anotado la enfermedad que aqueja a ambos foros como: “Mal Genético (Inicial)” del SICA. Esto amerita las explicaciones que a continuación ofrezco.
Los gobernantes centroamericanos crearon en su momento el Parlacen y la CCJ sin que antes existiera institucionalizado un órgano comunitario ejecutivo, como la Comisión Europea, para el caso de la Unión Europea.
Los gobernantes centroamericanos crearon estos foros, particularmente el básico: el SICA, con la mentalidad de quien firma un acuerdo de paz, tras las conflagraciones centroamericanas en los años ochenta. La paz es loable, pero una cosa es la firma de pactos de pacificación y otra es echar las bases jurídico-políticas de un nuevo proceso de integración que quiere sanearse de sus acendrados defectos.
Por esta razón, el Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991 (que creó el SICA y en ella encapsulada a la CCJ), no debió ser lo que fue, apenas una enmienda a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (en letargo pero vigente desde su versión del 12 de diciembre de 1962). Ese acuerdo —el protocolo— es de menor rango y supeditado a un convenio mayor (el de la ODECA).
En 1991 debió haberse concluido, no un simple protocolo adicional de enmienda, sino un tratado constitutivo de relance, provisto de la jerarquía y de la “fuerza genética” propia de los tratados creativos, como el de Maastricht para la Unión Europea.
En suma, antes de “parlamentarizarse” (Parlacen) y de “tribunalizarse” (CCJ) Centroamérica, debió institucionalizarse con nueva savia, mediante un nuevo tratado constitutivo de una nueva integración centroamericana.
Si Centroamérica quiere ser parte de la proa de este mundo deberá ahora dejar sus extravíos, para ser, no una región del rezago y dispendio de recursos, sino del resurgimiento.
El autor es especialista en derecho internacional y ex magistrado de Apelaciones.
