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Esos nicaragüenses que son perseguidos en distintos puntos de Costa Rica y a veces apresados de manera sorpresiva en sus viviendas cuando la policía hace redadas, son parte de una comunidad migrante que le aporta a la nación costarricense un promedio de 1,700 millones de dólares por año, como fuerza laboral.
Según las estadísticas oficiales de Costa Rica, cada ciudadano de ese país tiene un ingreso promedio de cuatro mil 193 dólares anuales, pero de esta cantidad al menos 419 dólares son producidos por el trabajo de los nicaragüenses.
El embajador de Costa Rica en Managua, Rodrigo Carreras, dijo el viernes en Radio La Primerísima que los migrantes nicaragüenses generan el 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de ese país, tal como lo calculó la consultora empresarial CECSA.
Las cuentas del Estado costarricense muestran que el PIB de ese país fue de unos 17 mil millones de dólares durante el año 2003, por lo que deduzco que el aporte de la mano de obra nicaragüense para Costa Rica alcanzó los 1,700 millones de dólares.
Sin embargo, la mañana del viernes pasado 300 policías entraron de pronto al asentamiento La Carpio, en San José, y apresaron a más de 200 nicaragüenses, en una redada más que hace aparecer a los nicas como los principales sospechosos de actos ilegales en el país vecino.
El Ministro de Seguridad tico, Rogelio Ramos, explicó luego que “la policía actuó de manera civilista y profesionalmente; nunca se maltrató a nadie, era un operativo dirigido a la ubicación de personas ligadas a distintos delitos y nunca contra una nacionalidad en particular”.
Como haya sido, lo evidente es que las autoridades ticas han perseguido a los nicas por su condición de indocumentados o por la sospecha de haber cometido delitos, y por esas mismas circunstancias los obreros nicas también suelen ser estafados por patrones que les pagan menos de lo legal o se quedan con sus prestaciones sociales.
Cuando el gobierno costarricense negó la entrada a miles de migrantes, a principios de enero, porque carecían del pasaporte de Nicaragua, aunque portaban permisos de Costa Rica, la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), con sede en San José, alertó que las mujeres retenidas en la frontera podían perder prestaciones sociales, bienes y enseres domésticos que habían dejado en territorio tico.
Antes, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había detectado casos de finqueros que denunciaban a los migrantes indocumentados, después de hacerlos trabajar un tiempo, para no pagarles salarios o prestaciones.
El Gobierno de Nicaragua también ha propiciado este problema, porque ha hecho poco para dotar a los migrantes de pasaportes, a pesar que de Costa Rica pueden llegar hasta 400 millones de dólares anuales en remesas familiares.
Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica necesitan hacer acuerdos más prácticos sobre migración, porque ambos países son beneficiados; mientras uno recibe dinero por remesas familiares, el otro aumenta los ingresos por exportaciones.
