Carlos A. Cerda
La historia ha demostrado una y otra vez que la democracia es el sistema político más acorde a la naturaleza humana, sin ser perfecto. Por el contrario, es un sistema capaz de ser mejorado día a día mediante la participación activa de todos, porque, como diría Robert H. Jackson, Juez Adjunto de la Corte Suprema de EE.UU., en una sentencia de 1950: “Al ciudadano le corresponde la función de evitar que el gobierno caiga en el error”. Estamos llamados a desempeñar con diligencia nuestro papel como ciudadanos para coadyuvar a la eficiencia en la administración pública.
La democracia es un sistema político que concede al pueblo un papel protagónico. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad: velar por la buena conducción de los asuntos públicos. El vocablo democracia se origina de la palabra griega “demokratia”, demos: pueblo y kratos: autoridad. Es la forma de gobierno en la que el pueblo dirige el Estado.
Por lo mismo es necesario tener conciencia plena de que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular y privado. Al respecto fue contundente lo expresado por el filósofo Juan Jacobo Rousseau: “Nada hay tan peligroso como la influencia de los intereses privados en la administración pública”.
Aquel Estado que ha cesado de trabajar para asegurar el bien común, ha quitado la oportunidad a su pueblo de vivir dignamente. Jean-Marc Coicaud, antiguo fellow de la Universidad de Harvard, en su obra Legitimidad y política manifiesta que: “El poder que se ejerce con fines estrictamente personales no puede ser legítimo. A partir del momento que la función pública se privatiza, es decir que sirve exclusivamente a intereses privados, el derecho a gobernar aparece cuestionado”.
Pero este hecho, contradictoriamente, es provocado en gran medida por la apatía, indiferencia y desprecio de la colectividad hacia los valores democráticos, tales como la libertad, tolerancia, igualdad, solidaridad y justicia, principios esenciales para vivir de manera civilizada y próspera.
El problema es que no se tiene conciencia plena de esto. He aquí uno de los retos de la educación, cuyos beneficios consisten en fomentar en los ciudadanos el discernimiento, desarrollar el potencial humano y facilitar un mayor entendimiento entre los pueblos, entre los más importantes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los textos jurídicos más generosos de la familia humana, nos recuerda que la educación debe tener como finalidad el desarrollo de la personalidad de los individuos y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, asimismo, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
La tarea de hoy es educar para vivir en democracia, priorizando los valores éticos. Labor que no sólo compete a los centros educativos formales, sino que involucra a la institución por excelencia de la sociedad: la familia. De aquí parte, en gran medida, todo.
Se trata de fomentar en los ciudadanos una nueva visión ante la vida para cambiar actitudes e iluminar conciencias. Tomás Moro, un hombre que murió en la guillotina en el siglo XVI por sostener ante el rey Enrique los dictados de sus ideales, expresó que: “Donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad”.
El pueblo de Nicaragua, al igual que el resto de los países de la región, tenemos un gran desafío: educarnos en valores y prácticas democráticas.
El autor es directivo de un colegio privado, estudiante de la Facultad de Derecho de la UCA y miembro de Jóvenes por la Democracia
