José Adán Guerra
Nicaragua es un país de incomparable belleza, riqueza histórica y cultural, pero durante más de un siglo sufrió guerras civiles, intervenciones, golpes de Estado, revoluciones y contrarrevoluciones. El doctor Emilio Álvarez Montalván, reconocido politólogo nicaragüense, en su obra Cultura Política Nicaragüense, contabilizó más de setenta actos de violencia política entre 1856 y 1979. Esto resultó en casi una decena de constituciones nuevas o reformadas y finalmente, entre 1979 y 1989, en una guerra fratricida que dejó más de 50 mil muertos y doce mil millones de dólares de deuda externa.
Pero Nicaragua, también, a lo largo de los últimos trece años ha sabido entregarse a un difícil pero sostenido proceso de transición hacia la democracia, que ciertamente no siempre ha sido absolutamente pacífico pero sí ha estado caracterizado por un legítimo esfuerzo nacional por la reconciliación y el trabajo.
En ninguna nación de este hemisferio podemos decir “misión cumplida”, mientras todavía existan enemigos de la libertad y de la dignidad humana. Los verdaderos enemigos de hoy tienen nombre y apellido: la pobreza, el hambre, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y la injusticia. Son amenazas que no pueden ser enfrentadas solos, pues sus perpetradores no conocen ni respetan fronteras. Y en este ámbito, las Fuerzas Armadas de hoy son y deben ser uno de los principales factores que aportan al progreso de los pueblos.
Sorprendentemente, las cifras oficiales de Naciones Unidas colocan a Nicaragua entre los cinco países con menor índice de criminalidad en las Américas. Esto demuestra que el pueblo nicaragüense ha decidido finalmente dirimir sus diferencias por la vía del diálogo y la negociación, que las armas han dejado de ser un recurso necesario en los conflictos internos. ¡Los nicaragüenses hemos dicho adiós a la guerra para siempre!
En gran parte los logros obtenidos han sido fruto del trabajo conjunto entre el liderazgo político civil y el estamento militar, que ha venido asimilando los nuevos retos de los nuevos tiempos. Hoy día, la institución militar es un cuerpo constitucional al servicio de los intereses y objetivos de su pueblo e inició el proceso de subordinación a la autoridad civil. Desde hace casi diez años, se cuenta con un Código Militar que enmarcó al Ejército de Nicaragua en un sistema de obediencia a los principios constitucionales. En 1998 se formuló una Ley de Organización del Poder Ejecutivo cuyo artículo 20 establece las funciones de un Ministerio de Defensa que por primera vez en la historia es conducido por civiles, teniendo como mandato central la formulación de las políticas de defensa, la aprobación de los planes militares y la supervisión del presupuesto del Ejército.
Por ello, la atribución de formular políticas de defensa y de formar civiles capaces de conducirla, ha sido la prioridad institucional. En materia de doctrina hemos venido trabajando para fortalecer las capacidades de prevención, atención y respuesta ante desastres naturales, operaciones antinarcóticos en coordinación con la Policía Nacional, protección del patrimonio ambiental del país en tierra y mar y fundamentalmente, protección de la integridad territorial y la soberanía nacional, como razón de ser de nuestro Ejército.
La reivindicación definitiva de nuestros derechos territoriales en el Mar Caribe la estamos buscando a través de la Corte Internacional de Justicia, seguros de que nos asisten la historia, la razón y las leyes, pero absolutamente comprometidos a aceptar los resultados que dicha instancia tenga a bien emitir. En fin, la solución pacífica de las diferencias o situaciones entre Estados es ya una clara política de Estado, que va de la mano de nuestras aspiraciones de integración centroamericana y de nuestra vocación centroamericanista, sustentada en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Nicaragua sostiene que cualquier otra acción sustentada en la fuerza, la violencia o la amenaza, es contraria al espíritu de confraternidad latinoamericano y constituiría una amenaza a la paz y un desafío al Derecho Internacional. Adicionalmente, el señor Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños Geyer, ha propuesto a sus colegas centroamericanos la implementación de una programa regional de control y limitación de armamentos, a fin de alcanzar el balance razonable de fuerzas, la modernización de los ejércitos, promover la confianza mutua y consolidar el control civil. Dicho programa consiste en una serie de iniciativas que apuntan a desarrollar un régimen moderno de cooperación para la seguridad en el istmo. Entre las propuestas se encuentran, por ejemplo, el intercambio de información sobre inventarios militares y policiales, destrucción de excedentes de armamentos, medición estandarizada de gastos de defensa, suscripción de un código de ética en la transferencia de armas, e implementación de una serie de convenios multilaterales en materia de desarme y no proliferación. La respuesta de los otros jefes de Estado ha sido satisfactoria y ya tres Estados presentaron sus inventarios de Fuerzas Armadas y de Seguridad, ante la Secretaría de la Integración Centroamericana.
Después de décadas Nicaragua goza de un período de paz y una transición difícil pero avanzando hacia la democracia. El respeto a los derechos humanos y la incorporación de Nicaragua en el sistema del Derecho Internacional Humanitario forman parte de esta nueva cultura. El interés del Estado de Nicaragua en esta nueva cultura de paz lo demuestra nuestra adhesión a casi todos los convenios sobre Derecho Internacional Humanitario, Desarme y No Proliferación. Al respecto, sin obviar la prioridad global de prohibir definitivamente las armas de destrucción masiva hemos venido dando especial énfasis al control de las armas pequeñas y ligeras y a la erradicación de las minas antipersonal. Luego de ser uno de los tres países más contaminados por minas, hoy se nos reconoce un liderazgo mundial en la remoción de estas armas inhumanas. Por ejemplo, entre las misiones humanitarias de nuestro Ejército en Irak se destaca el desminado y la destrucción de explosivos remanentes de guerra. Asimismo, preside misiones técnicas de acción contra minas en Sudamérica en el marco de la OEA.
Todas estas acciones se han venido ejecutando como políticas de Estado que están dirigidas a asegurar la dignidad del ciudadano como fin último de todos nuestros objetivos domésticos e internacionales, pues la búsqueda del desarrollo humano sostenible tiene a la seguridad como uno de sus pilares, junto a la gobernabilidad, el crecimiento y la equidad. Por eso la política de Defensa la estamos formulando en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento estratégico en la reforma y modernización del Estado, de cara a la superación de la pobreza.
El artículo 5 de la Constitución de Nicaragua establece que: “Son principios de la nación nicaragüense: la libertad, la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana…” En consecuencia, las tareas que se nos han encomendado en el ámbito de la pacificación, la negociación, el desarme, la destrucción de minas, la atención a víctimas de guerra, la resolución pacífica de controversias y el fomento de medidas de confianza a nivel regional, han sido actos de obediencia a las obligaciones de asegurar los derechos contenidos en nuestra Carta Magna.
Nuestro gran poeta Rubén Darío decía: “Si pequeña es la Patria uno grande la sueña”. Estas palabras deben servirnos de inspiración para convertir ese sueño en realidad y llegar a tener una Nicaragua grande en amor, en desarrollo, paz y democracia; una Nicaragua que sea luz de las Américas y faro de paz en el mundo.
El autor es Ministro de Defensa de Nicaragua. Este artículo es basado en su discurso en ocasión de recibir el Premio Simón Bolívar 2003. Fort Benning, Georgia, EE.UU., el 26 de enero de 2004.
