Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La viceministra de Hacienda y Crédito Público, Vilma Rosa León York, y la directora del Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (Sigfa), Kitty Monterrey, admitieron que con el caso del Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte (Injude), salieron a luz las fallas administrativas que existen en el gobierno, sobre todo en aquellas instituciones que no están conectadas a dicho sistema.
El Sigfa es un sistema que pretende formular, diseñar y ejecutar en forma automatizada el Presupuesto de la República, de manera que el ministro de Hacienda y los contralores conozcan al minuto cada uno de los gastos ejecutados, supervisando desde un computador la ruta del último cheque emitido por cada institución.
El programa está orientado a poner orden a las finanzas públicas y disminuir la discrecionalidad, pues cada emisión de cheque puede ser analizada en tiempo real.
Sin embargo, en el caso del Injude esto no fue posible y fue hasta casi un año después que se detectó que 52 cheques fiscales, con un valor de más de 600 mil córdobas del presupuesto de esta institución salieron sin autorización, con supuestas firmas y sellos falsificados o traspuestos, produciendo una falla en el sistema de control de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
NO SABEN QUIÉN FALLÓ
“Se han identificado, en las rutas críticas del sistema, las fallas que hubieron, pero no quién las hizo o por qué las hizo”, expresó León York en una entrevista con LA PRENSA.
Monterrey dijo, por su parte, que pudo haber una debilidad en la Dirección General de Contabilidad, al hacer la revisión de los Comprobantes Único Contables (CUC) emitidos por el Injude de forma manual.
Los CUC son documentos contables del gobierno que se utilizan para hacer los trámites de solicitud de cheques al Ministerio de Hacienda y en el caso del Injude, éstos fueron utilizados para sustraer de manera ilícita más de 650 mil córdobas por la ex responsable de presupuesto del Injude, Sofía Nohelia Orozco, quien trabajó casi 20 años en el Ministerio de Hacienda y es además la esposa de un funcionario administrativo de la Procuraduría General de la República.
“En este punto pudo haber habido debilidad. Hay muchas instituciones que no están conectadas al Sigfa. Éste no es un proceso que sea cien por ciento exacto, porque es difícil, dependiendo del volumen de CUC que se están emitiendo ese momento”, agregó Monterrey.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), ordenó ayer solicitar toda la información relacionada con el caso del saqueo de los más de 650 mil córdobas que salieron del Injude, según confirmaron los contralores, Guillermo Argüello Poessy y Francisco Ramírez.
