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Apuntando a lo menos peor
El ex Presidente (dos veces) de Uruguay, Julio María Sanguinetti, declaró esta semana a un diario suramericano que la causa principal de los graves problemas políticos que aquejan a la América Latina radica en que en la mayoría de los países latinoamericanos existe la democracia pero no hay demócratas. La paradójica observación de Sanguinetti se refiere, aunque no los menciona, a países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Nicaragua, que en los que formalmente hay democracia pero por falta de autenticidad democrática de sus líderes políticos viven en crisis periódicas e inestabilidad permanente.
Eso es lo que explica, en el caso de Nicaragua y específicamente en lo que respecta a la situación creada en derredor de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que hasta la embajadora estadounidense tenga que intervenir —como mediadora, testigo o lo que sea— para facilitar el acuerdo entre los políticos nicaragüenses “democráticos”, quienes con sus divisiones, intrigas y enfrentamientos por ambiciones personales e intereses partidistas, facilitan el desarrollo de una nueva estrategia de desestabilización regional anti democrática que avanza de manera lenta pero constante.
En realidad, no es la primera vez que un diplomático extranjero tiene que intervenir para que los políticos nicaragüenses “democráticos” se puedan poner de acuerdo en asuntos de primordial interés nacional. Al respecto hay que recordar que en 1989 mediaron el Encargado de Negocios de Estados Unidos, John Leonard; el embajador del Japón, Yonizi Konishi; y el embajador de Alemania Federal, Josef Ruznak, para que los diversos grupos anti-sandinistas se unieran en una coalición electoral contra la poderosa maquinaria estatal-partidista del FSLN.
Sin embargo, entonces era justificable la intermediación de los diplomáticos extranjeros pues el totalitarismo sandinista había devastado a las fuerzas democráticas —políticas, económicas y sociales—, y en la lucha por la instauración de la democracia convergían grupos muy diversos y opuestos: liberales, conservadores, socialdemócratas, socialcristianos, socialistas y comunistas. Ahora, después de quince años y cuatro gobiernos democráticos, no debería ser necesario que diplomáticos extranjeros intervengan para que los “demócratas” se pongan de acuerdo en asuntos de interés nacional. Pero como ellos continúan dañando la incipiente democracia nicaragüense y favoreciendo a las fuerzas que de nuevo quieren desestabilizar la región e imponer regímenes autoritarios y radicales, la diplomacia extranjera se siente obligada a intervenir en asuntos que en principio son de incumbencia exclusiva de los nicaragüenses.
Por otra parte, la singular importancia que tiene la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional es porque de la correlación de fuerzas políticas que haya en dicha directiva dependerá que se formule y coordine con el Poder Ejecutivo, o no, una agenda legislativa que pueda facilitar la aprobación de leyes que son indispensables para incentivar el desarrollo económico del país, la creación de empleos, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la viabilidad de una reforma institucional democrática.
La Asamblea Nacional tiene una fuerza decisiva en el sistema gubernamental de Nicaragua. El Presidente de la República no puede hacer nada verdaderamente importante si no cuenta con el apoyo o el consentimiento del Poder Legislativo. Lo cual es positivo en términos generales, pues la tradicional concentración de poder en manos del titular del Ejecutivo, y la amplia discrecionalidad de sus facultades, han sido la causa fundamental de los peores males que ha debido sufrir la nación a lo largo de su atribulada historia.
Lamentablemente, por su falta de consistencia democrática y sus compromisos con la corrupción de gobiernos pasados, la mayoría de los políticos que integran actualmente la Asamblea Nacional, no representan lo que la democracia nicaragüense necesitan para fortalecerse y desarrollarse. Pero, “no hay otro palo en qué ahorcarse. Esos diputados son los únicos que hay en el país y es preciso presionarlos con la fuerza de la opinión pública para que de las negociaciones que se han hecho por la integración de la Junta Directiva, resulte lo menos peor para los intereses de los ciudadanos y de Nicaragua.
Dicho con otras palabras, que con la elección de la nueva Junta Directiva no se puede esperar lo mejor, sino lo menos peor; algo que permita la posibilidad de que haya acuerdos para aprobar ciertas leyes de beneficio nacional, y algunas reformas institucionales que supuestamente propondrá el presidente Enrique Bolaños en los próximos días.
