Julio Ignacio Cardoze*
Un editorial de Prensa Libre, de Guatemala, llamó la atención sobre la visión correcta y lo que debería ser la meta de un TLC. Existen pocas dudas acerca de las ventajas económicas para los países centroamericanos con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo. Desde ese punto de vista son claros los ejemplos de cómo otros países se han beneficiado, y México es uno de ellos.
Por justicia, en el caso de Centroamérica la economía no debería ser considerada una actividad reducida a cifras, especialmente en estos tiempos explosivos, con pueblos desesperados que buscan mejores horizontes y realización de esperanzas, por lo que políticamente aplicada su principal función debería ser para mejorar el nivel de vida de la población, y por ello debería considerarse un alto componente social y humano.
Debido a eso, el beneficio económico sólo será merecedor de ese título cuando signifique que la mayor cantidad posible de los integrantes de la sociedad, en igualdad de oportunidades, tendrán acceso a ser afectados positivamente con mejores condiciones de vida.
Este factor extraeconómico es lo que hará que un TLC con Estados Unidos tenga buenas posibilidades de resultar en desarrollo integral, pero para eso se necesita considerar los valores humanos que deben estar implícitos, a fin de evitar que los beneficios comerciales se reduzcan a un reducido número de personas de las élites empresariales.
No se puede pedir ni esperar que la economía haga a los seres humanos iguales, pero sí se puede planificar con justicia social para que los beneficios y las oportunidades favorezcan a más personas y se hagan sentir especialmente en los menos afortunados.
En un país como Nicaragua, con la riqueza concentrada en unos pocos, frente a una gran mayoría que vive en la extrema pobreza, en desproporción exagerada, sin equidad en la distribución de las oportunidades, un TLC no tendrá razón de ser, ni propósito, si no es para ampliar la base humana positivamente afectada.
Para eso será necesario que el TLC sea accesible a los pequeños y medianos empresarios y para el sector social tradicionalmente menos favorecido, y que sea el vehículo para una mayor integración social que nos lleve a la meta de la necesaria y deseada paz social y política.
Se deben establecer mecanismos de auditoría social para impedir o disminuir la corrupción, y para analizar los errores en la implementación de un TLC en otros países, a fin de no repetirlos. Solamente así se relacionarían a la economía los cambios sociales necesarios para mejorar el nivel de vida de los nicaragüenses, y dejar de considerar lo económico, lo social y lo político por separado y no en su real perspectiva.
El TLC no será la solución de los problemas de los nicaragüenses, pero bien aplicado será una forma de lograr que haya desarrollo con equilibrio social, y eso se lograría con una concepción clara y una visión moderna de las metas que se persiguen con un TLC, en la tarea de integrar Nicaragua a un mundo globalizado que busca vivir en paz, progreso, justicia, libertad y felicidad.
Ahora quedan por ver los efectos que producirán en la sociedad nicaragüense el conjunto del PND, el TLC con los norteamericanos y la disminución sustancial de la deuda externa.
Sin duda son tres acontecimientos de mucha significación, pero su éxito o fracaso dependerá de cómo se interprete su significado, su propósito, y a quién beneficien.
* El autor es jurista.
