Roman, Times, serif»>Editorial
Amenazas y chantaje
Daniel Ortega está amenazando con promover graves disturbios sociales al comenzar el 2004, para obligar a que de cualquier manera se suspendan las elecciones municipales del próximo año, y que el dinero asignado para ese fin en el Presupuesto General de la República se reasigne al financiamiento de un aumento salarial para docentes y otros empleados públicos.
Como se sabe, cuando Daniel Ortega y Arnoldo Alemán negociaban un nuevo pacto de repartición del poder, a fines de noviembre pasado, sus diputados aprobaron un dictamen del Presupuesto en el que asignaron aumentos salariales a una parte de los trabajadores del Estado, contando con que también reformarían la Constitución para suprimir las elecciones municipales.
Pero al fracasar el “repacto” entre Ortega y Alemán debido a que no pudieron ponerse de acuerdo en la nueva repartición de beneficios, las elecciones municipales no fueron suspendidas y por tanto no se presupuestó el financiamiento de los prometidos aumentos salariales. Y ahora, empecinado como siempre, el líder del FSLN instiga a los sindicatos del sector público para que a principios de año hagan cualquier clase de protestas públicas, incluyendo una huelga magisterial que impediría comenzar el año escolar, en febrero.
Sin embargo los niños escolares y los padres de familia no tienen por qué pagar las consecuencias de los acuerdos y desacuerdos de los políticos; ni tampoco la empresa privada y todos los trabajadores y demás personas que siempre resultan perjudicados por los disturbios callejeros.
Además, está claro que la violencia con que amenaza Ortega no sería una protesta espontánea de los trabajadores del Estado, sino una estrategia política para impedir la celebración de las elecciones municipales; lo que según Ortega podría lograrse mediante una inconstitucional reforma de última hora a la Constitución, o cualquier otra maniobra ilegal y arbitraria de las que acostumbran hacer los políticos autoritarios y corruptos que dominan los poderes del Estado como si fuesen sus propiedades particulares.
Según algunos dirigentes y observadores del proceso político nicaragüense, el empecinamiento del FSLN en que no haya elecciones municipales el próximo año se debe a que supuestamente teme perderlas y sufrir un golpe que podría ser devastador para sus aspiraciones a ganar la contienda presidencial del año 2006; pero también otros aseguran que al FSLN no le conviene ganar las elecciones municipales, porque mucha gente se llenaría de temor ante la posibilidad de una restauración del poder total del sandinismo, y entonces otra vez el voto anti-sandinista se volcaría masivamente, en las siguientes elecciones nacionales.
La verdad es que sólo Daniel Ortega y sus allegados en la dirección sandinista conocen sus verdaderas motivaciones e intenciones. Lo que sí está claro al público es que para el FSLN parece ser sumamente importante que en vez de gastarse el dinero del Estado en las elecciones municipales, se asigne al aumento salarial de los trabajadores estatales peor pagados. De esa manera Ortega demostraría que él y su partido son los únicos que se preocupan por los intereses económicos de los trabajadores, y conseguiría un importante rédito político que podría ayudarle a ganar las elecciones presidenciales del 2006.
Pero las instituciones no pueden depender de los intereses particulares de ningún líder de partido. No se puede suspender las elecciones municipales –que sería un retroceso del proceso de democratización y descentralización del Estado mediante el fortalecimiento del municipalismo– para satisfacer las ambiciones de los políticos, cualesquiera que sean.
Sin duda que los trabajadores del sector público necesitan aumento de salarios, como también lo necesitan y merecen todos los trabajadores del sector privado. Pero al menos ya tienen un salario y en cambio decenas de miles de nicaragüenses siguen desempleados, sin poder devengar ni siquiera el magro salario de los maestros y otros empleados públicos.
En todo caso, el mejoramiento de los salarios y en general de los ingresos de la población hay que lograrlo mediante el incremento de la producción y la ampliación de la base de recaudación. Así como también suprimiendo de la planilla estatal al numeroso personal súper numerario, incluyendo al montón de funcionarios sandinistas que viven a cuerpo de rey a expensas del erario, mientras los maestros, trabajadores de la salud, policías y otros servidores públicos indispensables reciben sueldos miserables.
