- Caso de corrupción en Empresa Portuaria Nacional en tiempos de Gabriel Levy fue engavetado en la Procuraduría General de la República, y hasta se había perdido la documentación
- EPN pagó más de 240 mil dólares a una empresa panameña por estudio para la privatización del Puerto de Corinto que nunca se realizó
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Empresa Portuaria Nacional (EPN), pagó entre julio de 1997 y julio de 1999 más de 240 mil dólares a una empresa panameña por un estudio de factibilidad para la privatización del Puerto de Corinto, mismo que nunca se realizó, según confirman indagaciones de LA PRENSA.
En julio de 1997, el entonces presidente de la EPN, Gabriel Levy Porras, supuestamente “contrató”, los servicios de la empresa ICF Kaiser de Panamá, para que realizara el estudio de factibilidad de la privatización del Puerto de Corinto, pero en los registros de la EPN sólo existen dos archivos de los planes de trabajo de dicho estudio y no hay ningún informe conclusivo del estudio de factibilidad.
Coincidentemente, Byron Jerez Solís y Jorge Solís eran apoderados en Panamá de una sociedad fundada en Islas Vírgenes que se llama Kaiser Global Ltd.
El primer pago, de ocho, que recibió la empresa panameña, fue el 18 de julio de 1997, según cheque número 15, bajo el concepto de “pagos efectuados a ICF Kaiser de Panamá por servicios de consultoría” y el último de dichos pagos fue el 6 de julio de 1999, según cheque número 157 de las cuentas de la EPN.
ICF Kaiser, supuestamente es una subsidiaria de la empresa de origen estadounidense, ICF Kaiser International, que se dedica a brindar servicios ambientales como consultorías para empresas privadas y organismos internacionales.
El supuesto representante de ICF Kaiser de Panamá es una persona de nombre Bernabé Sierra, con quien Levy presuntamente firmó el “inexistente contrato”.
Mientras Levy estuvo al frente de la EPN, se desembolsaron 152,058.34 dólares en concepto de pago de la mencionada consultoría, de acuerdo con documentos en poder de LA PRENSA.
DOCUMENTACIÓN ESCASA
Entre los pocos documentos que existen sobre el caso figura un arreglo de pago entre la EPN e ICF Kaiser de Panamá. El mencionado arreglo se realizó entre el ex presidente ejecutivo de la EPN, Carlos Morice Martínez y el abogado panameño Enrique Arturo de Obarrio, quien actuó en representación de ICF Kaiser de Panamá.
De Obarrio, quien actualmente es director jurídico de la Superintendencia de Bancos de Panamá, confirmó vía correo electrónico, que él fue contratado por la empresa matriz ICF Kaiser International para gestionar cobros que habían quedado pendientes.
“Dicha empresa, era subsidiaria de la estadounidense ICF Kaiser International, mi cliente, quienes en un momento dado (creo que a finales de 1998) decidieron cambiar dicha administración y prescindir de los servicios de Sierra; fue entonces cuando contrataron a mi despacho de abogados para, entre otras cosas, gestionar algunos cobros por trabajos realizados y no cancelados, entre ellos recuerdo el que usted menciona, que si mi memoria no me es infiel se trataba de un saldo pendiente.
Según recuerdo, el arreglo de pago al cual llegaron las partes concluyó satisfactoriamente para ambas”, respondió de Obarrio.
VIOLACIÓN A LEY DE CONTRATACIONES
Para realizar la supuesta contratación se habrían violado todos los procedimientos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado que estaba vigente en la época.
En primer lugar no se justificó con un estudio previo la necesidad de hacer la contratación, no se conformó el Comité de Licitación que ordena la ley y se contrató directamente cuando lo que se requería era una licitación pública, establecida en el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El actual presidente de la EPN, Roberto Zelaya Blanco, confirmó a LA PRENSA que “el contrato ni siquiera existe en los archivos de la empresa, pero sí se hicieron los pagos y están los cheques que se desembolsaron”.
Zelaya dijo a LA PRENSA que el 3 de marzo del 2002 remitió un informe acompañado de la documentación debida al entonces procurador por la ley, Francisco Fiallos.
Sin embargo, en la Procuraduría el caso fue engavetado e incluso se “extraviaron” los documentos, porque en junio del mismo año a Zelaya le volvieron a solicitar los documentos de la denuncia que había interpuesto en marzo.
“Creo que hasta una tercera vez volví a enviar esos documentos”, expresó Zelaya al ser consultado por LA PRENSA.
PROCURADOR NO SABE NADA
El procurador en funciones, Víctor Manuel Talavera, dijo desconocer el caso. “Sería mentiroso decirte algo que no sé o darte información que no conozco”.
El procurador Talavera también dijo que por haber asumido de manera interina no cuenta con informe completo de los casos que están en proceso de investigación, ni los que están en los Juzgados.
Por su lado el Procurador Penal Nacional, Iván Lara Palacios, dijo que el caso está en proceso y que antes hubo otras prioridades y por ello no se había avanzado, pero ahora se trabaja en él, sin dar mayores detalles del mismo.
MÁS COMPRAS SIN AUTORIZACIÓN
En la misma época en la que la Empresa Portuaria Nacional realizó el acuerdo mencionado, se adquirió también un remolcador marino por valor de 1.8 millones de dólares y una grúa para puertos en 330 mil dólares, sin que se licitaran las compras. Dichas compras se realizaron a las empresas Baltic Northem Ltd y Molivien, respectivamente.
