César Grijalva [email protected]
La ética del político y la autoridad judicial nicaragüense están en completo descrédito. Los representantes del Poder Judicial. Magistrados y jueces de la República creen erróneamente que en estos tiempos pueden seguir operando con los viejos conceptos de padrinazgo político y protectorado de pupilos, con el concepto de promoción por el nivel de conexiones personales, y la producción de nombramientos por el nivel de incondicionalidad y compromiso personal con el padrino o los padrinos.
Los que alguna vez hemos ejercido la profesión de abogado en Nicaragua sabemos que esto es lo que se ha hecho por décadas. Incluso me atrevo a decir que los puestos judiciales se persiguen hasta el día de hoy no por el prestigio y la honorabilidad, o por la vocación de servicio al pueblo de Nicaragua, sino por los beneficios de carácter personal o político, o del poder que la posición pueda generar.
Obviamente toda regla tiene su excepción. En el contexto histórico del país han habido personalidades, y de hecho existen aún hoy en día, que aún estando dentro de este dantesco y maquiavélico cuadro judicial han sabido sobreponerse con valores sólidos de probidad. Pero desafortunadamente es muy insignificante el número de estas personas meritorias.
Cada juez y magistrado de la nación sabe cuál es la naturaleza de su nombramiento y el porqué de su presencia dentro de la estructura del Poder Judicial. Si no, hagamos un recuento histórico de todos quienes han sido nombrados magistrados y presidentes de las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
No ha habido un solo historiador nicaragüense que haga un recuento exhaustivo de cada uno de los pasajes de la vida judicial en los que se hayan producido estos nombramientos. Es un tabú demasiado peligroso de trabajar, si se analizara abiertamente el origen de aquellos nombramientos.
En el pasado la justicia siempre fue postergada por los gobernantes. Se postergaba en materia de presupuesto, con lo que consecuentemente la falta de recursos siempre fue obvia. Recordemos las instalaciones de las oficinas judiciales en el país. El Poder Judicial siempre ha sido la cenicienta de los poderes del Estado. Así también se ha postergado un debate nacional de alto nivel en el que pudiera aflorar la multiplicidad de factores que deterioran significativamente la administración de justicia. Por otro lado, las organizaciones internacionales como siempre han generado un debate selectivo con quienes han estado en el poder de turno. Lo que equivale a arar en el desierto. El rol de las universidades ha sido débil y la mínima formación ética en las escuelas de Derecho pronto se deteriora en la práctica profesional porque el sistema obstaculiza y desilusiona.
La crisis en la que ha vivido el país desde hace muchos años ha generado el gangsterismo profesional que obviamente afecta a la ciudadanía y particularmente a las víctimas en la comisión de innumerables delitos. Este caótico sistema judicial no muy pocas veces ha solapado y amparado criminales, y ha condenado inocentes. Un sistema judicial que opera en una forma patriarcal, autoritaria y hermética cuando esto es necesario.
El régimen disciplinario en el Poder Judicial es inefectivo. Estadísticamente son casi inexistente los procesos por corrupción judicial. Generalmente, en el proceso de investigación las causas por corrupción mueren, provocando un daño social incalculable que debe asimilar la nación.
Hoy en día la ciudadanía del país está desafiando la institucionalización de antivalores que se enraizó por décadas en el Poder Judicial y que llegó a una completa contaminación política durante el régimen sandinista, creando un ambiente de distorsión y decadencia. Afortunadamente ya está diagnosticado que el Poder Judicial tiene una situación muy compleja y ahora insostenible, en la que confluyen diversas causas que impactan negativamente en la vida personal del ciudadano. Es una situación caótica que atenta gravemente contra la estabilidad interna del Estado, su progreso y desarrollo. Un problema agudo y adverso que afecta el quehacer profesional, que está definitivamente deshumanizado por obedecer a todo menos al sentido de justicia y servicio a la comunidad; y que evidentemente pone en peligro nuestro incipiente y muy débil proceso democrático.
Es de dominio general el perfil de anti-valores que predomina en el sistema judicial. La verdad es a medias y no muy pocas veces prevalece la rectitud. Esto se traduce en la descomposición de todo el sistema que no es capaz de generar confianza en la ciudadanía ni de dar certeza y seguridad. En un sistema en el que no prevalece la iniciativa de administrar correctamente la justicia es fácil que triunfe el engaño y la falsedad, y que el argumento falaz sea de mayor peso que la verdad.
La corrupción, el abuso de poder manifestado inclusive a través del tráfico de influencias, el favoritismo, la irresponsabilidad, la subordinación ciega, el fanatismo y la petulancia contra el ciudadano humilde, la ambición y la deslealtad contra el valor supremo de justicia, la enemistad y la rivalidad, el prevaricato, la parcialidad, etc., son fuentes inagotables de otra multiplicidad de antivalores que hay que desterrar del Poder Judicial y que no se soluciona con una simple ley de carrera judicial. En Nicaragua necesitamos urgentemente la reafirmación de un modelo de formación ética y profesional. Necesitamos insoslayablemente un código de ética profesional que impere en cada rincón de la administración de justicia.
El autor es jurista
Winnipeg, Canada
