- Con 20 hombres armados pretende despojar a 60 familias de una finca que el Estado entregó a
desmovilizados
José Adán Silva [email protected]
Allá en los años ochenta, en los últimos rincones de las montañas de Matagalpa y Jinotega, él lo siguió, junto a un puñado de campesinos más, rumbo a una victoria que nunca llegó. Para entonces “Rigoberto” era un comandante del comando regional Jorge Salazar y él, comando “Pajarillo”, era uno más en las filas de la Resistencia Nicaragüense.
Así, por muchos años, volaron balas sin conocerse hasta que llegó la paz, en 1990. Ahora, muchos años después, cuando al fin tuvieron la oportunidad de conocerse, no hay recuerdos de aquellos días aciagos y una razón de tres mil manzanas de tierra los tiene enfrentado en desigual batalla.
Tirso Moreno, otrora comandante “Rigoberto”, les quiere arrebatar la propiedad conocida como El garrafón, una finca rústica cerca del municipio de Río Blanco, Matagalpa, que en un momento le perteneció, pero que por deudas con el Banco Mercantil la perdió y pasó al Estado.
CAMINA CON PELOTÓN ARMADO
Según la denuncia que ayer interpuso ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), el ex comando guerrillero Ismael Urbina Castilblanco, a las presiones y amenazas de Tirso Moreno para que las 60 familias que habitan El garrafón desalojen la finca, se les ha unido una resolución de la Intendencia de la Propiedad para que desalojen la propiedad.
Lo extraño de todo esto, según Urbina Castilblanco, no son las constantes amenazas de Tirso y sus más de 20 hombres armados que a cada momento pasan diciéndoles a los campesinos que si no desalojan les “van a pasar la cuenta”, sino que sea el propio Estado, el que primero les entregue la propiedad, en mayo de este año, con escritura y títulos de reforma agraria debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad, y después les diga el mismo Estado, en noviembre pasado, que la propiedad ya no les pertenece porque un análisis de la Intendencia de la Propiedad determinó, seis meses después de entregada la propiedad, que el inmueble no pertenece al Programa Especial de Desmovilizados y que el Estado no la ha podido pagar.
¿AMARRE POLÍTICO?
Según Norwin Solano, abogado de Defensa y Denuncia del Cenidh, los documentos que respaldan a los campesinos son instrumentos jurídicos que una resolución como la Intendencia de la Propiedad, no puede disolver.
La resolución, que dejó estupefactos y con más temor a los campesinos de El garrafón, la firmó el mismo intendente de la Propiedad, Elí Tablada, quien al preguntársele su explicación sobre el tema, dijo a través de la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sería hasta hoy jueves que daría su versión.
Y así, mientras Tablada se toma su tiempo para responder, los campesinos de El garrafón temen que el gobierno haya cedido la propiedad por medio de algún amarre político a Tirso Moreno, quien siempre acompañado de hombres armados, se presenta a la finca a decirles que tienen los días contados, y que a él nadie le puede hacer nada porque ahora cuenta con aliados gubernamentales y, además, si se tomó LA PRENSA a balazos y luego salió libre, no hay quién lo desafíe.
