Luis Felipe Palacios [email protected]
La experta en Derecho Constitucional, María Asunción Moreno, descartó que el presidente Enrique Bolaños pueda decretar un estado de emergencia o pida la intervención del Ejército de Nicaragua, ante un eventual “golpe de Estado” que puedan planear en su contra el dirigente sandinista Daniel Ortega y el líder liberal Arnoldo Alemán.
La también directora de postgrados y maestrías de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, argumentó que el mandatario no tiene ningún motivo para decretar estado de emergencia ni pedir una posible intervención militar, aunque sea para evitar la presunta dictadura bipartidista que amenaza al país.
“No hay lugar al estado de emergencia ni legalmente ni de hecho, porque no estamos en guerra, no hay peligro de la seguridad de la nación, ni cuestiones de catástrofe nacional. Por lo tanto, si el presidente (Bolaños) decretara el estado de emergencia violaría la misma ley”, advirtió la especialista.
Moreno admitió que el Ejecutivo tiene facultades para decretar un estado de emergencia, pero observó que el mismo debe ser ratificado o rechazado por la Asamblea Nacional, si éstos encuentran méritos de que realmente exista “guerra, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional, se podrá suspender total o parcialmente y en todo o parte del territorio nacional, los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política”.
CRISIS PARLAMENTARIA NO ES MAYOR PELIGRO
“Pero no veo que el hecho de que las bancadas mayoritarias se unan, la seguridad nacional esté en peligro, si no, habrá qué definir qué es seguridad nacional”, anotó.
Asimismo, la experta en Derecho Constitucional indicó que el mandatario, como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, no puede ordenar la militarización del país, porque tampoco existen motivos legales para hacerlo.
Moreno argumentó que si Bolaños decide militarizar el país, violaría la Constitución, no obstante, observó que el Alto Mando del Ejército de Nicaragua perfectamente puede desestimar la orden superior por ser inconstitucional.
“En Derecho hay algo que se llama obediencia debida. El Ejército tiene deber de obedecer a su Jefe Supremo, sin embargo, lo cierto es que si mi Jefe Supremo me manda a hacer algo que es totalmente ilegal, la ley a mí me permite no obedecer”, explicó.
“El Ejército puede perfectamente decir: no obedezco ese decreto, porque ese decreto es inconstitucional, y como Ejército me rijo en estricto apego a la Constitución Política, a la cual guardaré respeto y obediencia. Por lo tanto la Constitución Política dice que el Ejército a quien tiene que obedecer es a la Constitución”, finalizó.
