Agustín Jarquín Anaya
Los acontecimientos políticos de los últimos doce días mantienen el país en la incertidumbre sobre ¿qué va a pasar? Ésta tiene consecuencias desastrosas en el plano económico pues detiene aún más la ya recesiva actividad comercial, congela las decisiones de inversionistas que (aunque pocos) desean tener un panorama de reglas del juego claras que amparen con un horizonte de certidumbre sus planes de inversión y desalienta la generosidad de la comunidad cooperante.
Es cierto que la crisis actual nace de la intransigencia e injerencia de los funcionarios de la actual administración norteamericana —a pesar de los notorios avances en los Acuerdos de Esquipulas II— aunada a la complacencia nada edificante de nuestros gobernantes. También es una realidad que los juicios incoados contra el ex presidente Arnoldo Alemán, el actual mandatario Enrique Bolaños y otros funcionarios del actual y anterior gobierno, fueron iniciados no por ninguna autoridad judicial vinculada al sandinismo, sino por la Procuraduría General de Justicia, que depende exclusivamente del actual gobernante, que inició estos juicios con teatro y bombo pero con una gran ingenuidad, sin percatarse de que los envolvería por haber sido parte de los hechos investigados, que en su momento de vicepresidente, defendió y justificó. Asimismo, las “coincidencias” judiciales de estos días tiran por los suelos la ya débil seguridad jurídica.
Pero también es una realidad que la gente exige cambios institucionales. El pueblo está insatisfecho, molesto y desconfía de los políticos y de las instituciones públicas. La gente percibe que la naciente democracia sólo ha traído el beneficio material para unos pocos altos funcionarios, que usufructúan el erario y a otros privilegiados del sector privado, que gozan los beneficios que se derivan del uso discrecional del poder.
En franca mayoría, la población se apunta por el cambio, pero para bien: para dar credibilidad al Consejo Supremo Electoral y a la administración de justicia, para reducir el costo de tanta burocracia ineficaz, para eliminar los megasalarios, para que el funcionario sea un eficiente servidor público, y para dar esperanza, oportunidades y un futuro promisorio a la juventud. Y para esto se necesita la voluntad de quienes tienen el poder dado por el pueblo: el Presidente, los diputados y los munícipes.
Sin embargo, los recientes anuncios de connotados líderes de los partidos PLC y FSLN de que han decidido hacer una profunda reforma institucional —que comienza con la postergación de las elecciones municipales—, y se proyecta al infinito sus alcances, y sin precisar quiénes serán los protagonistas, ni cuándo será la discusión y ni tampoco en qué tiempo será la puesta en vigencia de los acuerdos a que arriben, mantiene en vilo a toda la población, en especial a los agentes económicos, así como a la comunidad internacional que ayuda al país.
La gran mayoría de los ciudadanos tiene un mal recuerdo de las últimas reformas institucionales. Para la población el llamado “pacto” del año 2000 trajo más males que beneficios, presagiando hoy a la población insanos resultados. Esto presiona negativamente a los actuales negociantes.
Los partidos políticos, así como el Presidente de la República y los parlamentarios elegidos por el sufragio popular, deben tomar nota y actuar en consecuencia con la realidad de que los ciudadanos al dar su voto a unos y otros, no nos daban un “poder generalísimo” para disponer a total discreción de su vida y hacienda. El mandato dado en las urnas tiene para el presidente y los diputados elegidos un fin específico e ineludible: hacer de la función pública una actividad de servicio hacia la gente, procurar la tranquilidad y el bienestar del ciudadano y trabajar por la mejoría de su calidad de vida.
Urge en consecuencia que se le cumpla a la gente, se despeje la incertidumbre y se den seguridades al pueblo soberano. Al respecto, sugiero a la brevedad, antes del 15 de diciembre que se dé seguridad de que no se afectarán los períodos constitucionales, y que se defina la agenda de la discusión, el calendario y los protagonistas.
El contenido de la temática a discutir debería incorporar —entre otros aspectos— la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma y restitución de la credibilidad de los poderes Electoral y Judicial, la reducción de altos cargos en todas las instituciones, así como la eliminación de los megasalarios y otros beneficios onerosos.
Y que se haga público lo anterior, invitando al Presidente de la República a contribuir con la agenda y ser parte beligerante de la solución, para hacer de esta oscuridad, el anuncio de la alborada que el pueblo ansía.
El autor es miembro de la Convergencia Nacional.
