Emilio Álvarez Montalván
Digámoslo claramente: el orden constitucional está en peligro, con graves repercusiones sociales, políticas y económicas. Esta crisis la provoca la decisión de los dos caudillos de juntar sus fuerzas políticas para desestabilizar al Gobierno y concretamente acosar al Presidente de la República. El plan ya está en marcha y comprende dos fases. Para empezarlo, dos diputados del PLC que formaron parte de la Comisión que había aprobado en lo general dictamen de la Ley del Presupuesto Nacional, introducido por el ministro de Hacienda, retiraron intempestivamente sus firmas al lograr por negociaciones con el FSLN la excarcelación del ex presidente Alemán.
¿Qué se proponen con esa maniobra?: destazar el presupuesto y rehacerlo a la medida de sus intereses. Ahora bien, como no pueden subir el techo del rubro de gastos van a reasignar partidas tomando de ciertos rubros para destinarlos a otros de su preferencia. Procurarán sin embargo, que tales movimientos de dinero no se hagan en inversiones de capital, sino en la de gastos comunes, para no provocar inflación. Así evitarían que el FMI los objete por salirse del marco del acuerdo con el Gobierno y que les echaren la culpa por ello.
El propósito de esta medida no es solamente atender compromisos con determinados sectores, sino acosar al Poder Ejecutivo desbaratando todo el esfuerzo que hizo el ministro Eduardo Montealegre para repartir equilibradamente los escasos recursos que dispone el Estado. Con esas modificaciones procuran hacer conciencia que el poder se ha desplazado a la coalición PLC-FSLN. Colocarían así al presidente Bolaños en la disyuntiva de aceptar las modificaciones o vetarlas. En la primera alternativa evidenciarían que es la Asamblea Nacional la que distribuye el bacalao. En la segunda opción provocarían largas negociaciones que atrasarían la aprobación a tiempo del Presupuesto. Incluso estarían dispuestos a posponer la aprobación del Presupuesto hasta el año que viene. Esa maniobra sacaría a Nicaragua de la HIPC.
Una vez alcanzado el objetivo anterior, la Asamblea Nacional dominada por la coalición PLC-FSLN aprobaría por votación afirmativa de un tercio de los diputados, las propuestas reformas a la Constitución. Pasada a una comisión ad hoc, serían aprobadas en un plazo muy rápido, para pasar luego a ser ratificadas por la actual legislatura antes de entrar a receso. Con ese trámite logrado estaría listo el proyecto para ser confirmado en una segunda vuelta, tan pronto se reanuden las sesiones de la Asamblea en enero del próximo año. Dado que el dueto PLC–FSLN reúne más del sesenta por ciento de diputados, no tendrían problemas de aprobarlo y los cambios entrarían en vigencia el año que viene.
¿Cuál es el objetivo de estas reformas, cuando ni siquiera han sido precedidas por un referéndum que las recomendase? Como todo proyecto partidarista tratan con esas reformas de disminuir los poderes del Presidente de la Republica que le otorga la Constitución, hasta convertir su rol en una figura de mero protocolo. Con ello tratan de establecer de hecho un parlamentarismo, el sueño dorado de Daniel Ortega.
Un ejemplo de tales recortes a las facultades presidenciales es que el nombramiento de embajadores sería ratificado por la Asamblea Nacional, lo mismo que los ministros de su gabinete. ¿Y qué logran con ello? Hostigar al presidente Bolaños al punto de forzarlo a renunciar o convertirse en una figura decorativa.
Ya se sabe lo que busca el PLC, dispuesto a entregar todo a cambio de la libertad de su jefe máximo. Pero el FSLN, ¿qué consigue, después que venía construyendo la imagen de un partido que ayudaba a estabilizar al país y que no patrocinaba las asonadas de antaño? Porque es indudable que de culminar con éxito la maniobra de reformar la Constitución con fines coyunturales y partidaristas, equivaldría a patrocinar un golpe de Estado técnico. Sus efectos de desestabilización serían enormes sobre todo cuando el terrorismo globalizado anda buscando Estados débiles para penetrarlos. El pretexto de conservar cuotas de poder para el sandinismo después de las declaraciones del subsecretario de Estado norteamericano Fisk, no corresponde a la realidad. En realidad este funcionario –sin medir las consecuencias y sin formar parte sus comentarios de una estrategia–, se refirió solamente a la calidad de líder obsoleto de Daniel Ortega. De ninguna manera invalidó el derecho del sandinismo a aspirar al poder público.
En todo caso, el presidente Bolaños ha tratado de hacer un buen gobierno y va lográndolo. Espero que la sociedad civil reaccione rechazando ese descabellado proyecto PLC-FSLN que sembraría el desorden y el desconcierto.
El autor es analista político.
