María José Uriarte R. [email protected]
Conflictos internos porque la re-estructuración trastoca cuotas de poder de partidos.
La propuesta de la comisión de reestructuración, de reducir en un 25 por ciento el personal del Consejo Supremo Electoral (CSE) y desaparecer las subdirecciones, entre otros elementos, al parecer generó conflictos internos en ese Poder del Estado.
Una fuente del Poder Electoral aseguró que durante la presentación del informe preliminar elaborado por los magistrados Jorge Incer Barquero, Marisol Castillo y José Miguel Córdoba se opusieron los magistrados Emmet Lang y José Luis Villavicencio, al que se sumó un magistrado liberal.
El obstáculo es que los magistrados pelean por sus cuotas personales, y esto porque algunos de los cargos que serían afectados ni siquiera son reconocidos por el Frente Sandinista dentro de las cuotas que se asignaron en las negociaciones de organización del CSE. Obviamente Castillo y Córdoba defienden su proyecto, con la que la magistrada Castillo tiene voz en las sesiones, pero no puede votar por ser suplente.
Según la fuente, en el tiempo que Lang permaneció al frente del Poder Electoral incrementó gastos al presupuesto por el orden de 600 mil córdobas sólo en planilla, porque contrató a 6 subdirectores y otras personas en diversas áreas.
Indico que el propósito de la reingeniería de ese Poder del Estado va orientada a iniciar un proceso de despartidización del CSE, consideran que no deben primar los criterios partidarios al momento de implementar el proceso.
Agrega que lo que se pretende es mejorar la eficiencia y la transparencia del CSE, y esto conlleva un beneficio no sólo a ese Poder del Estado, sino al país, por lo que las fuerzas partidarias deben apoyar de manera total esfuerzos como éste para darle a la gestión estatal mucha mayor eficacia en cada uno de sus procesos.
Expresó que magistrados con exceso de motivación partidaria no deberían torpedear intenciones como éstas que buscan como mejorar la imagen del CSE, sobre todo cuando muchos sectores atacan de manera constante la labor del Poder Electoral.
La fuente señaló que el magistrado Villavicencio incluso trata de forma despectiva a la magistrada Castillo.
La reducción de personal se traduciría en un ahorro de 1.8 millones de córdobas, porque de los 4.8 millones que se pagan actualmente en salarios, quedaría en unos 3 millones de córdobas nada más el pago de planillas.
El informe propone la reducción de unas 150 personas, entre ellas funcionarios que ocupan altos cargos y personal de menor rango. Se prevé la cancelación de los trece cargos de subdirector y los quince cargos de directores específicos que devengan unos 14 mil córdobas.
También contempla la simplificación de las trece direcciones, reduciéndolas a un total de 4 ó 5, proponen que el análisis de reducción de personal se haga sobre la base de las capacidades técnicas de los trabajadores, pero los magistrados empiezan a sacar el tema de las cuotas partidarias.
Otro aspecto que se contempla es la reducción en los despachos de los magistrados, asignando un presupuesto de 50 mil córdobas fijo, teniendo que adecuar los gastos que tengan que realizar.
Señalan que la magistrada Castillo siempre ha tratado de ser un factor de consenso cuando se han presentado crisis en el Poder Electoral, mediando entre los magistrados Roberto Rivas y Emmet Lang.
