Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Procurador General de la República, Francisco Fiallos, dijo a los contralores colegiados que la institución que él dirige no solicitará a ningún juez civil que se enjuicie al canciller Norman Caldera, para que diga qué país donó los 700 mil dólares que sirvieron para pagar los seguros de los soldados nicaragüenses que viajaron a Irak en misión humanitaria.
Según Fiallos, esa es una información clasificada como “secreta”, que podría ocasionar al país “ataques terroristas”. Se estaría poniendo en riesgo la seguridad del Estado y la tranquilidad pública. Además, afectaría las relaciones con los “aliados”.
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al procurador Fiallos, que actuara judicialmente contra el canciller Norman Caldera, para que sea un juez quien decida si éste puede o no remitir a la entidad fiscalizadora los documentos de la donación de 700 mil dólares que hizo un país amigo, para el seguro de los soldados nicaragüenses que viajaron a Irak.
BAJO LEY
“Las actuaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron realizadas bajo el amparo de las leyes y normas legales que existen en Nicaragua, es decir que desde el momento en que el Ministerio de Relaciones Exteriores acepta la donación con cargo para asegurar el exitoso cumplimiento de la misión humanitaria a Irak, lo realiza porque las mismas leyes lo autorizan y facultan para ello”, dice una carta que envió Fiallos al presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, con copia a los demás contralores.
Fiallos argumentó en su misiva que “las actuaciones del ministro de Relaciones Exteriores fueron realizadas bajo el amparo de la Ley de Servicio Exterior”.
Según Fiallos, la gestión concerniente a la donación entre el país donante y Nicaragua, es una gestión diplomática, “clasificada de conformidad a nuestra legislación vigente como secreta, puesto que esa información es vital para la defensa nacional, cuya divulgación no autorizada por el país donante pudiere causarle grave daño a él o sus aliados (como ataque terroristas), así como arriesgar las relaciones internacionales entre los país involucrados”.
“DESAFORTUNADA EXPLICACIÓN”
“Me parece a mi desafortunada la explicación que da el señor procurador. Sí él cree tener razón, le hubiera entregado nuestra solicitud al juez, para que el juez diga si es o no secreto de Estado. Ésta es mi opinión personal. El jueves vamos a ver este caso en la sesión ordinaria de ese día”, comentó el contralor Guillermo Argüello Poessy.
