- Hizo llamadas telefónicas para amenazar de muerte al Procurador General de Justicia mexicano
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Sentencian a “terrorista” nicaragüense en Tijuana
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Hizo llamadas telefónicas para amenazar de muerte al Procurador General de Justicia mexicano |
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Un nicaragüense que realizó varias llamadas para amenazar a funcionarios públicos, fue consignado por el delito relacionado con el terrorismo, informó la Subprocuraduría de Justicia Zona Tijuana.
La dependencia estatal indicó, a través de un comunicado, que se trata de Ignacio Mejía Barbarena, de 54 años de edad, originario de Nicaragua, a quien el Juzgado Segundo de lo Penal, dictó auto de formal prisión gracias a las pruebas aportadas.
Señala que de acuerdo al artículo 279 bis del Código Penal vigente del Estado, su conducta de realizar llamadas telefónicas a la central de radio C-4 para amenazar falsamente de muerte a funcionarios, encuadra en el subtipo delictivo de terrorismo.
Cae en este delito quien por cualquier forma, ya sea escrita, oral, electrónica, o medio de comunicación, anuncie a un servidor público o particular a sabiendas de su falsedad, la existencia de explosivos, sustancias tóxicas, biológicas o incendiarias.
Los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de La Mesa, al realizar la investigación de este caso detuvieron en flagrancia a Mejía Barbarena en el fraccionamiento Kino.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Éste había llevado a cabo una llamada telefónica, amenazando que se atentaría en contra de un funcionario de la Procuraduría del Estado.
El sujeto es presunto responsable de haber hecho, de su propio celular, varias llamadas a la central de radio para realizar diferentes amenazas.
Las primeras llamadas fueron realizadas el primero de noviembre del presente año. En la realizada a las 19 horas, el presunto responsable alertaba para que protegieran al Procurador General de Justicia, Antonio Martínez Luna, debido a que lo querían asesinar.
Dos horas más tarde, Mejía Barbarena volvió a llamar de su celular a la central de radio, para decir que había explosivos en la casa del gobernador Eugenio Elorduy Walther.
En otra llamada, realizada a las 21:40 horas, el indiciado insistía en las amenazas al procurador y los explosivos que supuestamente estaban en la casa del Gobernador.
ERA REFUGIADO POLÍTICO
Según el Código Penal mexicano, por esta conducta delictiva puede recibir una pena de uno a tres años de prisión.
La Subprocuraduría de Justicia destacó que por tratarse de un delito que no es considerado como grave, al presunto responsable se le fijó una fianza que hasta el momento no ha sido depositada.
Mencionó que José Ignacio Mejía Barbarena llegó al país como refugiado político en 1983 procedente de su natal Managua, Nicaragua. Actualmente en Tijuana, se desempeñaba como reparador de casas y estaba tramitando su ciudadanía en nuestro país.
