- Si el Procurador no inicia juicio en una semana, la Contraloría lo sancionará e interpondrá queja ante el
Parlamento
ACAN-EFE
MANAGUA.- La Contraloría General de la República (CGR) dio plazo ayer de una semana al procurador general, Francisco Fiallos, para iniciar un juicio civil “por rebeldía” en contra del canciller nicaragüense, Norman Caldera.
La entidad fiscalizadora informó que en agosto pasado pidió a Caldera que informase sobre el país que donó 700 mil dólares a Nicaragua, para que 115 efectivos del Ejército viajaran a Irak en misión de ayuda humanitaria, a lo que el funcionario se negó.
La fuente agregó que Caldera proporcionó al ente superior de control, la documentación correspondiente en torno a la donación, pero omitió decir el nombre del país donante, a solicitud de éste y porque esa información “es un secreto de Estado”.
El presidente del colegio de fiscalizadores, Francisco Ramírez, confirmó ayer que junto a sus colegas decidió enviar una nueva carta a Fiallos, en la que le dan un plazo de una semana para entablar un juicio civil contra el canciller Caldera.
¿REBELDE?
Ramírez señaló que en esta misiva, le recuerdan al procurador que de acuerdo con la Ley Orgánica del ente fiscalizador, cuando un alto cargo se niegue a brindarle información sobre su desempeño, recurra a la Procuraduría, para que sin mayor trámite enjuicie “al rebelde”.
El fiscalizador indicó que si Fiallos no procede a acusar ante un Juzgado Civil al canciller, “procederemos a sancionarle, y se interpondrá una queja formal en su contra, por sus actuaciones, ante el presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, y el Parlamento.
FIALLOS: “ES COMPLICADO”
Fiallos, por su lado, afirmó que “es un tanto complicado” que pueda cumplir con el mandato de los fiscalizadores, debido a que la Procuraduría emitió en agosto pasado un dictamen “técnico-jurídico”, en el cual exime a Caldera de revelar esa información.
De acuerdo con ese dictamen técnico-jurídico, la identificación del país donante de los fondos para el envío de tropas a Irak, es un “secreto de Estado”, según con la legislación nicaragüense, y además es una forma de “protegerle (de actos terroristas)”.
“Es complicado, porque si nosotros entablamos juicio (a Caldera), actuaríamos en contra de lo que dictaminamos, o sea contra nosotros mismos”, apuntó Fiallos.
