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Drama colombiano concierne a todos
El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo que inaugurar su período gubernamental con un atentado contra su vida, que demostró la arrogancia y la audacia del narcoterrorismo. Desde entonces ha tenido logros importantes en la lucha contra esa terrible plaga social, aunque también reveses dolorosos, como el fracaso reciente del plebiscito que convocó con la pretensión de obtener apoyo popular para medidas estratégicas de su Gobierno.
Pero el problema del narcoterrorismo en Colombia no atañe únicamente a los colombianos, sino que es una parte muy importante de los quebrantos de América Latina. Ciertamente, tanto el narcotráfico como el terrorismo son males que interesan y perjudican a toda la humanidad, y en este caso particularmente a los latinoamericanos, incluidos los nicaragüenses, independientemente del diferendo que Nicaragua tiene con Colombia por la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés.
El caso histórico de Colombia es que una vez terminada la violencia en Tolima (1941-1956) protagonizada por liberales y conservadores, al estilo tradicional, terminada con el Pacto de Benidorm entre Laureano Gómez y Lleras Camargo en 1956, aquellos partidos se alternaron en el poder durante 20 años. Y a pesar de que ese convenio “cupuliforme” provocó el alzamiento del M-19, éste fue felizmente absorbido por la constituyente de 1991, un esfuerzo para deslegitimar los movimientos armados, incorporándolos a la legalidad.
Ahora se trata de un nuevo tipo de guerrilla, alimentada por el narcotráfico, que apareció en Colombia a mediados de los años ochenta del siglo veinte recién pasado, alimentada por las narco-mafias que se empeñan en querer desarticular al Estado colombiano, sembrando el terror mientras obtienen pingües ganancias. Para terminarlas se ensayaron sin éxito varias alternativas, desde su exterminio a sangre y fuego como lo ordenó en 1985 el corajudo presidente Belisario Betancourt, enviando al Ejército a desalojar al comando que asaltó al Palacio de Justicia.
Hubo también intentos de conciliación (Cuba, España). Otro plan audaz pero nefasto desde el punto de vista político y militar, fue el que implementó el presidente Andrés Pastrana, quien permitió a las FARC adueñarse de una considerable porción del territorio nacional y algunos municipios rurales. Lo cierto es que se consolidó la narcoburguesía y Colombia se convirtió en el primer exportador mundial de cocaína.
A pesar de -o por- esas frustraciones, el presidente Álvaro Uribe (2002) encontró el apoyo norteamericano y europeo consiguiendo del primero 500 millones de dólares anuales para financiar helicópteros, sueldos militares, instructores, destrucción de cultivos prohibidos y ayuda a ex cocaleros, en un desesperado esfuerzo para acabar con los irregulares. Es un plan sin embargo provocador de migraciones masivas a países aledaños. Lo nuevo ha sido el traslado de acciones terroristas del campo a la ciudad y el uso de tecnología transnacional sofisticada, adquirida del ETA e IRA, como el uso de detonadores activados por celulares.
Finalmente veamos las dos caras de la moneda del drama colombiano, que consiste en la demanda y oferta de sicofármacos. La demanda necesita capacidad económica para mantenerse, carteles impunes para canalizar la creciente clientela, mientras que la oferta exige capital y químicos importados, cooperación campesina y protección guerrillera. Son pasos que requieren fuertes sumas de dinero y por eso es verdad que la droga procedente de Colombia no se extiende tanto en el Sur como en el Norte, puesto que el epicentro del consumo de estupefacientes reside en Norteamérica.
Hay que concluir entonces en que el narcotráfico es una plaga globalizada que urge controlar, como lo han reconocido los gobernantes de la región: que es en los países altamente industrializados donde hay plata para apaciguar la neurosis descontrolada del poder y la gloria; que los jóvenes de países puente, como Nicaragua, son víctimas colaterales del trasiego de sicotrópicos hacia EE.UU.; que los traficantes de aquí se empeñan perversamente en volver consumidores a los muchachos para que transporten la droga maldita; y que mientras la lucha contra los narcotraficantes en el Norte no sea tan intensa como se pretende hacerlo en su origen, la lucha por la erradicación de drogas prohibidas será inefectiva.
En todo caso, es injusto e inhumano que el pueblo colombiano, así como sus vecinos, tengan que sufrir los efectos del desigual tratamiento que ahora se practica en este terrible caso de la droga y el narcotráfico.
