Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Roman, Times, serif»>
Magistrados solicitan aumento presupuestario
Mirna Velásquez Sevilla
[email protected]
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demandaron ayer ante los diputados miembros de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, aprobar 129 millones de córdobas adicionales al presupuesto sobre la base de los 476 millones que propone el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Estamos pidiendo que se nos aumente lo que corresponde de acuerdo a la disposición constitucional que señala que es el cuatro por ciento del presupuesto general, y nos han asignado un presupuesto menor que el que estamos ejecutando en este año 2003, por once o trece millones. Nosotros habíamos solicitado 900 millones, pero nos habían asignado 400 y un poco más, de manera que con eso no nos alcanza para todas las necesidades que corresponden al Poder Judicial”, explicó el magistrado Guillermo Vargas Sandino.
Y es que la Corte deberá asumir nuevos escenarios que también demandarán destinar parte del presupuesto. Por ejemplo, a finales del 2004 entrará en vigencia la segunda parte del Código Procesal Penal, a través de los Juzgados Locales y, según Sandino, no tienen los medios suficientes.
HAY MÁS MUNICIPIOS
Otras nuevas necesidades surgieron después que nacieron varios municipios que demandan el nombramiento de sus propios jueces. Los municipios de Ciudad Sandino, El Crucero, Wiwilí, El Cuá (antes El Cuá-Bocay), son algunos ejemplos, pero por falta de medios no se han nombrado los jueces, ejemplificó Sandino.
Róger Espinoza, secretario general administrativo de la CSJ, detalló que esencialmente la partida que demandan será aplicada en el complemento de Juzgados que manda el Código de la Niñez, el Código Procesal Penal.
Aclaró que del presupuesto total actual, el 25 por ciento lo consume el nivel central de la CSJ, un 15 es destinado para todos los tribunales del país, el 20 por ciento es para los Juzgados de Distrito y aproximadamente un 20 por ciento es usado en los Juzgados Locales del país. Los registros de la propiedad inmueble y mercantil consumen un ocho por ciento del presupuesto asignado a ese poder del Estado.
