Mario Torres Lezama [email protected]
La llamada Década Perdida de los ochenta fue muy exitosa en términos políticos para muchos países desarrollados, porque se veía al final del túnel un pronóstico favorable en los cambios políticos que se gestaban en Europa del este y en nuestra región. Sin embargo, la caída del muro de Berlín, los cambios políticos en muchos de los países y el ascenso al poder de un nuevo liderazgo en muchos países, trajeron también cambios en materia de comercio internacional porque nuevos mercados se abrieron. Las nuevas democracias con el retorno de las economías de mercado adoptado tuvieron que acomodarse a un escenario más globalizado en los años 1990.
Hoy la agenda internacional se conduce hacia la cooperación entre las diversas economías independientemente del tamaño y su empuje dentro del proceso de globalización. Este elemento busca crear una coherencia en el establecimiento de políticas, acuerdos e instituciones que a diario influyen en el intercambio entre las naciones. La creciente preocupación que existe en el mundo respecto a la degradación del medio ambiente y su impacto dentro del crecimiento económico internacional, ha establecido una sinergia entre desarrollo, crecimiento económico y medio ambiente.
El Acuerdo de Libre Comercio que se está negociando actualmente entre Centroamérica y Estados Unidos no pretende crear un mercado común como el europeo, porque seguirán existiendo las fronteras entre nuestros países, seguirán existiendo las diferencias entre las formalidades aduanales, los requerimientos de migración, la diferencia de monedas, idiosincrasia e idiomas también seguirán siendo diferentes. Lo que sí debemos estar de acuerdo, es que este acuerdo de libre comercio promoverá la integración regional centroamericana, removerá las barreras comerciales y de inversión, habrá un incremento en el intercambio de bienes y servicios, lo que debería generar un mayor crecimiento económico y mejores oportunidades de empleo. Nuestro país requiere de la inversión extranjera que coadyuve a resolver la situación de extrema pobreza que tenemos. Lo que parece ser un elemento aún no muy definido son las cuestiones ambientales internacionales donde existen varios paradigmas como las emisiones de gases de efecto invernadero, las descargas contaminantes, las amenazas a la salud por los pesticidas o por productos transgénicos, la deforestación, la creciente pérdida de los recursos hídricos y la vulnerabilidad de las especies de flora y fauna tropical de nuestro país.
Muchos autores coinciden que la riqueza de una nación radica en los recursos naturales y la población. Los recursos naturales son fuente de vida, de riqueza, de progreso. De ellos depende y dependerá fundamentalmente nuestra existencia. Sin embargo, de continuar con los ritmos actuales de desarrollo no sostenibles que tenemos, los diversos elementos que componen los ecosistemas, pueden ser dañados irreversiblemente. La preocupación sobre el medio ambiente va de la mano con la preocupación del crecimiento económico para los países desarrollados; pero eso no sucede en nuestro país, donde los recursos de por sí cada vez más escasos se utilizan en otras prioridades, donde la preocupación es la estabilidad macroeconómica y la reducción del gasto público.
Llamo la atención con decir que la pobreza y el medio ambiente se han convertido en gemelos inseparables de la problemática actual del país. Fíjense que los ciudadanos más pobres (que tienen bajos ingresos o casi nulos) ocupan las tierras con mayores potencialidades agrosilvopastoriles, pero requieren de infraestructura, financiamiento, manejo y acceso a tecnologías e insumos externos para revertir el cambio de uso del suelo que al crecimiento de la pobreza.
En este contexto muy disímil, hay quienes argumentan que los efectos de la liberalización del comercio sobre el medio ambiente son negativos, porque se asume que acarrea una sobreexplotación de recursos naturales. Por el contrario, otros afirmamos que la liberalización del comercio tendría efectos ambientales positivos al originar incremento de ingresos que podrían destinarse a la protección ambiental. Es decir, si aumenta el crecimiento económico se debe asumir que habrá mayor recaudación y que éstos deberían ser reinvertidos en obras de progreso y por ende en el área ambiental. Lo que resulta muy difícil pero no imposible, es que se dedique un incremento mayor de recursos hacia la protección ambiental. De ahí que el vínculo de los instrumentos de mercado con la política ambiental puede generar un impacto positivo. Utilizar elementos por el lado de la oferta de los recursos naturales, como elementos que generen ingresos pero que se reinviertan en ellos es una necesidad imperante. Creo que es más honorable decir que estamos haciendo esto con nuestros propios recursos, aunque sean mínimos, a decir que agradecemos el gesto de apoyo financiero y técnico a un gobierno amigo que nos financió durante 5 años una reserva biológica.
Los pagos por los servicios ambientales que los recursos naturales ofrecen es una necesidad impostergable. El vecino del sur, demostró que es factible y viable. No es copiar esquemas, sino de manera creativa implementar un sistema que sea sostenible y que genere un impacto en el territorio. El mayor dilema de este esquema es de parte de quien paga, porque resulta muy difícil en las condiciones actuales que un ciudadano que no tiene ni para comer tenga disponibilidad para pagar un importe mayor por el consumo del agua que recibe en El Cuá, Santa Rosa del Peñón o en Waspam. Crear un impuesto en los hidrocarburos sería aplaudido por la comunidad ambientalista no gubernamental pero obviamente será repudiado por el gremio del transporte.
¿A que conclusión entonces he llegado? Propongo entonces, utilizar algunos mecanismos de compensación que de una u otra forma contribuyan a la gestión ambiental, por ejemplo: para enfrentar el deterioro de los recursos hídricos, como consecuencia del crecimiento poblacional e industrial, los deficientes sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad capital, deberíamos de implementar cargos por contaminación hídrica. Otro ejemplo sería una redefinición por los servicios institucionales tales como el otorgamiento de licencias, estudios, permisos, concesiones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que aseguren la autogestión de la autoridad ambiental.
Estos elementos deberán de una u otra forma estar incluidos en la agenda ambiental que se reclama en la actualidad.
El autor es consultor en medio ambiente y desarrollo.
