- Mujeres nicaragüenses cruzan la frontera sur para dar a luz en Costa Rica. Llegan y se van, pero en el hospital han registrado hasta un 50 por ciento de niños nacidos de madres nicas
Douglas Carcache [email protected]
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LOS CHILES, COSTA RICA.—Las habitaciones y el comedor tienen la pulcritud de un hostal rural, como muchos en este país visitado por millares de turistas extranjeros. La diferencia es que a este albergue los huéspedes llegan sin previa reserva y a horas inesperadas, casi siempre anunciados por teléfono desde la Policía: “Tenemos a dos mujeres y un niño, prepárenles comida”.
Le llaman Albergue Nuestra Señora de Guadalupe y allí se refugian las mujeres y los niños nicaragüenses indocumentados que detienen las autoridades costarricenses en la zona fronteriza. Un fraile franciscano, Guillermo Bonilla Carvajal, está pendiente de que duerman y coman, o de llevarlos al hospital si están enfermos.
Una anciana de 78 años, a la que llamaremos María, llegó una tarde a esa posada; y lo sorprendente, además de su edad avanzada, era que por cuarta vez los policías la habían descubierto cruzando indocumentada de Nicaragua a Costa Rica.
Las autoridades se enteraron luego que María tenía en Costa Rica seis hijos que vivían legales y, después de analizar su caso, la dejaron quedarse permanente.
A pocas cuadras del albergue, en el poblado de Los Chiles, está El Sótano, el centro de retención de la Policía donde los hombres indocumentados pasan hasta 48 horas, antes de ser deportados a Nicaragua.
El fraile va y viene entre la Iglesia y el albergue, separados por una calle, y a veces en la madrugada lo despiertan porque necesitan comida en El Sótano, y hospedaje para mujeres y niños en la posada, donde pernoctaron 2,022 migrantes durante el año 2002. Atenderlos significó un gasto de 5.6 millones de colones (13 mil 716 dólares), cubierto con donaciones.
Los indocumentados “vienen sin nada, muchas veces sin ropas, porque los agarran en los plantíos y no los dejan recoger sus cosas”, cuenta el fraile Bonilla.
PREFIEREN VEREDAS
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica reúne con frecuencia a los policías para explicarles los derechos de los migrantes, entre éstos dejarles hacer una llamada telefónica si los detienen en una carretera, porque ha recibido quejas de que los arrestan y los deportan sin permitirles recoger su maleta.
Si la Policía encuentra al indocumentado en una plantación agrícola, es más fácil concederle que busque sus pertenencias, pero si lo atrapan a 50 kilómetros de donde reside es difícil que los agentes cumplan con esa obligación, explicó Laura Navarro, representante de la Defensoría en Ciudad Quesada.
Las Tablillas es el sitio, cercano a Los Chiles, por donde más cruzan los nicaragüenses hacia y desde Costa Rica. Algunos ya tienen la cédula costarricense y prefieren ir a Nicaragua por veredas, sólo para evitarse los pagos por trámites fronterizos.
Un domingo el albergue se llenó de indocumentados y la funcionaria consular de Nicaragua en Los Chiles, Julieta Gómez, fue a cocinar para darles de comer. Cada día ella lidia con problemas legales de los migrantes, porque se ha vuelto común que mujeres nicaragüenses se crucen a Costa Rica sólo para dar a luz.
PAREN Y SE VAN
“Muchas creen que así pueden sacar una cédula tica y vienen sólo a eso, a tener a sus hijos aquí”, afirma Julieta.
Si en el hospital de Los Chiles nacen por mes unos 80 niños, 40 de ellos suelen ser de madres nicaragüenses, dijo Omar Alfaro Murillo, director regional de Servicios Médicos del Seguro Social costarricense.
Asimismo, de los cuatro mil partos que ocurren al año en el Hospital San Carlos, de Ciudad Quesada, unos mil (25 por ciento) también son de madres nicaragüenses, informaron funcionarios de ese centro asistencial.
Las madres que entran embarazadas a Costa Rica y después salen con sus bebés, han creado algunos problemas al Seguro Social, cuando aquí calculan las vacunas suministradas en base a los nacimientos. “¿Cuántas hemos aplicado versus cuántos niños nacieron el año anterior? No nos coinciden los números y sabemos que se nos devuelven (las madres) para Nicaragua y no los podemos vacunar (a los niños) allá”, señaló Alfaro.
En Los Chiles, por ejemplo, la cobertura de algunas vacunas llega con dificultad al 85 por ciento, porque decenas de mujeres nicaragüenses “se pasan de allá para acá, vienen a tener el bebé, tienen un bebé tico y se devuelven”, explicó el médico.
Entre los años 1990 y 1999 nacieron en Costa Rica 57 mil niños hijos de madres nicaragüenses, según los informes oficiales.
ETERNOS INDOCUMENTADOS
En una oficina estrecha, junto a su vivienda, la agente consular Julieta Gómez ha recibido este año a 70 nicaragüenses, algunos menores de edad, que viven en Costa Rica y ni siquiera poseen una partida de nacimiento.
Como han creado vínculos en este país, porque tienen un hijo tico o porque su madre ya está legal, necesitan obtener el pasaporte nicaragüense para que les den la residencia, pero requieren el certificado de nacimiento y la cédula de su país.
Julieta se cruza de brazos. Muy poco puede hacer frente a compatriotas que migran sin nada que los identifique. Se ha topado con padres o madres que portan el permiso de residencia en Costa Rica, porque aprovecharon la amnistía de 1999, aunque sus hijos siguen indocumentados.
TRIUNFÓ Y AYUDA
Marilet se graduará este año como especialista en computación en una universidad de Nicaragua, porque su hermano Israel Miranda Báez le financió con sus remesas de dinero toda la carrera profesional.
Israel es un nicaragüense que vive en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde también evangeliza a unos 35 compatriotas de las bananeras que acuden con él a la Iglesia Menonita. Le consta, por eso que decenas de inmigrantes “dejan vencer los documentos”.
Miranda entró indocumentado a Costa Rica hace nueve años, por Los Chiles. Comenzó a laborar como cargador en un supermercado y ahora, a los 32 años, es propietario de una joyería en la calle principal de Puerto Viejo de Sarapiquí. Es también líder de la Iglesia Menonita.
Más de cien nicaragüenses visitan esa Iglesia en Puerto Viejo y los fines de semana los líderes se disgregan por las plantaciones bananeras, para captar nuevos miembros, a los que asisten cuando les faltan alimentos o requieren trámites migratorios.
Reconoce que en Costa Rica las congregaciones religiosas “han crecido con los nicas” y estima que el 80 por ciento de los feligreses son inmigrantes. “La gente tiene temor a ser deportada —dijo Miranda—. Si tuvieran una cédula nicaragüense les serviría para identificarse y conseguir su pasaporte, con el que podrían gestionar la residencia aquí”.
DELITO DE TRÁFICO
Las posibilidades de otra amnistía para los nicaragüenses en Costa Rica son remotas. Lo más probable es el permiso de trabajo temporal, para que los migrantes vayan sólo a laborar durante las cosechas y al terminar vuelvan a su país, con la garantía de recibir un salario justo y todas las prestaciones que señalan las leyes ticas.
Entretanto, la Asamblea Legislativa costarricense discutirá el proyecto de Ley de Migración, con que podría quedar tipificado, a principios del 2004, el delito de tráfico de personas, que aún no existe en la legislación de este país.
El propósito de la nueva ley es mandar a la cárcel a los traficantes de personas, los “coyotes”, y frenar la entrada de nicaragüenses indocumentados. “El desempleo ha crecido y la gente no entiende que al haber más mano de obra se satura aquí el mercado de trabajo”, comentó Laura Navarro.
La Defensoría de los Habitantes pidió a los legisladores que incluyan el delito de trata de personas, diferenciado del delito de tráfico ilícito de migrantes, porque corresponden a situaciones ilegales diferentes.
La trata de personas es la captación, traslado o recepción de gentes mediante amenazas, fuerza, rapto, fraude o engaño, con fines de explotación, ya sea sexual o en trabajos forzados.
El tráfico ilícito de migrantes lo conciben como la facilitación de la entrada ilegal de un extranjero, para obtener, de forma directa o indirecta, un beneficio financiero o material.
El fraile Guillermo Bonilla asegura que las autoridades costarricenses tratan mejor a los inmigrantes que hace unos años. “Hay más caridad, más comprensión”, precisó.
El capitán Rolando Potoy, jefe de la Policía fronteriza en Los Chiles desde hace tres años, dijo que parte de su misión ha sido mejorar el trato para los nicaragüenses que entran y salen indocumentados.
“Es una rutina de siempre, ellos (los migrantes) van y vienen entre Nicaragua y Costa Rica; entran por donde no deben y es poco lo que podemos hacer cuando hay cosechas”, comentó el capitán.
La Defensoría de los Habitantes, un organismo autónomo del Estado costarricense, sugirió que “contrario a buscar criminalizar el fenómeno de la migración, la legislación migratoria debería dar más énfasis a aquellas situaciones en las que la persona migrante es sujeta de explotación laboral, comercial, sexual…”
El fraile franciscano cuenta que muchas veces ha llegado hasta los tribunales de Ciudad Quesada “con niñas que se creía que habían sido violadas” en las plantaciones agrícolas o las veredas de la frontera.
LA PAGA
La propuesta de ley migratoria que discutirá el Poder Legislativo en Costa Rica, señala que los empleadores que violen la legislación al contratar migrantes indocumentados o no pagar sus cuotas al Seguro Social, tienen que entregar la remuneración completa a esos trabajadores después que las autoridades descubran las faltas.
Esto se debe a que han ocurrido casos de finqueros que hicieron trabajar a indocumentados durante un mes y poco antes de la fecha de pago, los denunciaron a Migración para que los deportara y no pagarles nada.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica pidió en su último informe que la nueva ley precise cuál será el procedimiento para que el migrante pueda recibir el pago, ya que “no se contemplan las situaciones de algunas personas que se encuentran solas en el país al momento de cobrar lo que les corresponde, (o) cuando el procedimiento que se utilizó en su contra fue la deportación”.
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