Emilio Álvarez Montalván
Una vez más nuestra cultura política intenta jugarnos una mala pasada, al proponer el FSLN la postergación de las elecciones municipales. De implementarse ese plan repetiríamos el viejo vicio del corto-placismo. Conforme a esta conducta la Constitución de la República y las leyes con ese rango se tratan como un traje que debe reformarse a la medida de las necesidades políticas del momento. Ello siempre se logra con una entente entre las cúpulas políticas, que al final enredan más las cosas.
El pretexto de posponer los comicios edilicios es la falta de dinero. Esos 240 millones de córdobas asignados se emplearían aumentando salarios de policías, soldados y maestros y efectuando trabajos viales. En el fondo las razones son otras: a) los partidos políticos mayoritarios necesitan tiempo para cohesionarse y conseguir aliados; b) las maquinarias políticas conseguirían más efectividad al juntarse elecciones municipales con las generales al aplicar “el voto en cascada”; c) estimularían el populismo y entrarían a negociar las nuevas asignaciones atrasando la aprobación del Presupuesto.
La verdad es que no acabamos de organizarnos como Estado responsable, cuando se pretende romper el orden establecido. No hace siquiera cinco años (enero 2000) que fue reformada la Constitución Política y ya se quiere cambiar las reglas de juego. ¿Acaso no fue la idea central de los cambios efectuados a la ley electoral separar los comicios municipales de los generales para darle al municipio la importancia que se merece, como cuna que es de la democracia? ¿Acaso no es estimulante que en varios municipios prevalezcan los intereses de la comunidad sobre las consignas partidarias, como en Boaco, San José de los Remates y Nandaime, para citar algunos? ¿Con qué autoridad moral se va a prolongar el período de los actuales alcaldes hasta el 2006, cuando muchos de ellos deberían cambiarse para que otro equipo administre el 4 por ciento recientemente acordado?
En el caso del presidente Enrique Bolaños, la posposición de las elecciones edilicias le perjudicaría. Para empezar, tendría que quebrantar su palabra de respetar la Constitución y las leyes y reeditar el pacto, un desacreditado instrumento para gobernar. Esta vez negociaría a tres bandas, porque se requiere los votos del PLC y el FSLN para conseguir los 56 votos para reformar la Ley Electoral. Además, ¿quién le garantiza al presidente Bolaños que a la hora de llegada los dos partidos mayoritarios no negociarían a sus espaldas para convenir entre ellos asuntos que nada tienen que ver con las elecciones municipales, pero sí con sus intereses por ahora inconfensables? ¿Y de qué fuerza política dispone don Enrique, además de los sellos y el apoyo internacional, en el caso que le engañen?
Por otra parte, el Gobierno de la “Nueva Era” tiene como prioridad la aprobación por la Asamblea Nacional del paquete de leyes (incluyendo el Presupuesto) recetado por el FMI para calificar en la obtención del HIPC. El Presidente no debe ligar esa necesidad con la posposición de los municipios. Por otra parte el PLC pedirá algo a cambio de sus votos que ya sabemos en qué consiste. Es verdad que debe reestructurarse el escandaloso CSE, pero hay tiempo, pues le faltan cuatro años de su período presidencial a don Enrique y sería una buena despedida rematar con reformas a la Ley Electoral ¿Por qué no esperar la pasada del Rubicón del HIPC y conquistar con ello mayor maniobrabilidad política? Finalmente, ¿el Gobierno se metería en la trampa de celebrar pactos de secreta negociación, con repercusiones que no controlaría? Estamos a menos de un mes (15 de diciembre) para introducir la supuesta reforma. ¿Hay tiempo para prepararla? El país va avanzando, aunque lentamente. ¿Por qué asumir riesgos?
“Qui va piano va lontano e molto sano”. (El que va despacio llega lejos y muy sano)
El autor es analista político.
