Eduardo Enrí[email protected]
A simple vista parece absurdo que sea necesario hacer una ley para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información “pública”. O sea, si es “pública” se interpreta como que está disponible y accesible a toda la ciudadanía, pero eso no es así y tampoco es un problema exclusivo de los nicaragüenses, son muchos los países que han tenido que aprobar esta ley para que los ciudadanos sepan lo que sus gobernantes están haciendo.
Hace poco más de una semana los diputados Agustín Jarquín, de la bancada sandinista, y Orlando Tardencilla, de la bancada Azul y Blanco, presentaron ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que ponga a disposición de la ciudadanía la información que produce “el Estado, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, en documentos, archivos o bases de datos”.
Esto no es un proyecto nuevo, entre periodistas se viene hablando de la necesidad de una ley así desde hace unos ocho años, y discutiendo ya con un anteproyecto en sí desde hace por lo menos seis.
Ha habido que vencer mucho temor de parte de los políticos y los funcionarios públicos quienes están acostumbrados al secretismo y a la impunidad que eso conlleva, pero también se tiene que trabajar con la misma ciudadanía que no comprende lo necesario que es una ley como ésa para la democracia y la transparencia.
En un documento sobre los principios internacionales referidos al derecho a la información, elaborado este año por el Centro Carter a propósito de una iniciativa de la Fundación Violeta B. de Chamorro, el Centro dice que hay que partir del principio que “toda información pertenece a los ciudadanos antes que al Gobierno”.
Aquí lo tenemos al revés, y no por casualidad, una versión de esa Ley elaborada por la Vicepresidencia en tiempos de don Enrique Bolaños, y que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, languidece quién sabe en qué gaveta gubernamental.
Pero es que no son pocos los políticos, funcionarios y hasta ciudadanos comunes que le temen a esa apertura. Algunos porque saben que perderán poder y otros porque desconocen la importancia de una ley así.
En conversaciones con diputados e incluso dirigentes de organizaciones no gubernamentales me he encontrado que una de las primeras preguntas que hacen es: “¿Qué castigo habrá para los periodistas que hagan mal uso de la información pública?
Primero, la ley contemplará qué documentos serán secretos, pero ésos serán los menos. Segundo, no es una ley para periodistas, es para toda la ciudadanía. Y a mí me parece que no puede haber “mal uso” de una información cuando ésta será finalmente usada por sus verdaderos dueños. Cualquiera puede obtenerla. Y si alguien se atreviera a hacer “mal uso” quedaría desacreditado.
Es más, “el mal uso” lo han hecho por décadas los funcionarios y políticos que creyéndose dueños de la información la ocultan e informan lo que quieren y como les conviene. El ciudadano en general se vería beneficiado al conocer la verdad sobre reuniones, memorandos o proyectos, concesiones, salarios y una gran cantidad de información que debe pasar a ser de manejo público.
El temor no es nuevo. Zeus castigó cruelmente a Prometeo por haberle llevado el fuego a los humanos.
