Emilio Álvarez Montalván
Varias interrogantes han surgido con motivo de la reciente visita del Secretario de Estado norteamericano Colin Powell a Nicaragua, que como es de rigor con esos personajes suscitó expectativas, distorsiones, especulaciones y malentendidos.
La primera pregunta es: ¿a qué vino el señor Powell a nuestro país? Sin duda que no llegó a regatear precio en la compra de misiles Sam 7, ni a ofrecer canje por ellos, ni compensación en especie por su aniquilación. Tan alto funcionario debió llegar a presentarle al Presidente de la República, además de apoyo a su gestión, asuntos de mayor trascendencia. Por ejemplo, comunicarle las estrategias de su gobierno en la geopolítica caribeña para neutralizar o prevenir el terrorismo y conocer su reacción a las mismas.
Por lo demás, la destrucción de los misiles Sam 7 es otra cuestión, lo mismo que el plan de desarme regional. Lo que hizo el señor Powell fue una recomendación enfática de destruir los Sam 7, alegando con razón que pudieran caer en poder de terroristas, como lo fue el lote de armas del Ejército que terminaron en manos de terroristas colombianos sin que el episodio fuese aclarado plenamente. No obstante, algunos medios presentaron el consejo del secretario Powell como una exigencia, lo que nunca fue confirmado por sus interlocutores. Sin embargo la filtración del comunicado no autorizado de la Embajada estadounidense, contribuyó a distorsionar sus palabras, dándoles injustamente carácter de ingerencismo. No es, pues, la eventual destrucción de los misiles Sam 7 una cuestión bilateral entre Nicaragua y los EE.UU., pues esas armas lo mismo pueden derribar naves aéreas locales, comerciales o militares, como la de cualquier vecino.
La otra pregunta es: ¿qué tan eficaces son los misiles Sam 7 como instrumentos disuasivos de ataques aéreos a Nicaragua? Los expertos militares afirman que aquéllos son armas obsoletas, fabricadas con tecnología de hace 30 años, caras en su mantenimiento, impredecibles en su funcionamiento a base de baterías y circuitos electrónicos ya superados. Sin embargo, lo más contundente de su inoperabilidad defensiva es que no son capaces de aniquilar a los aviones F5 que vuelen a gran altura y velocidad, pues los Sam 7 sólo alcanzan naves aéreas cuando éstas ascienden o aterrizan. Y entonces, ¿para qué guardarlos si los codician los terroristas?
La pregunta final es: ¿quién decide la eventual destrucción de los Sam 7? Sin duda que el Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua conforme la Constitución. Y respecto a aquél, dice la misma Constitución que es: “una institución nacional, de carácter profesional, apartidista y no deliberante”. Y más adelante: “El Ejército de Nicaragua se regirá con estricto apego a la Constiución, a la que guardará respeto y obediencia. Además, estará sometido a la autoridad civil ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de jefe supremo del Ejército, o a través del Ministerio correspondiente”.
¿Qué quiere decir que el Ejército se regirá por la Constitución? Lo establece ella taxativamente: “defenderá la soberanía, la independencia y la integridad territorial”. Ninguna de esas exigencias cubre el aniquilamiento por disparo en campos de tiro de armas que no sirven para defender la soberanía. Por lo demás el Ejército no es deliberante y no puede levantar dudas sobre los alcances de las órdenes que da el Presidente de la República.
Y por otra parte, ¿qué tiene que ver la Asamblea Nacional con una eventual destrucción de los misiles Sam 7 que ordenaría el presidente Bolaños? Absolutamente nada, porque no se trata de convenios, tratados o contratos celebrados con países extranjeros, ni tampoco adquisición de deudas, o vender o hipotecar bienes del Estado.En conclusión, tratan algunos de montar una contradicción sin base entre Ejecutivo y Legislativo, por razones politiqueras.
El autor es analista político.
