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Cuidado: militares deliberando
Durante los trece años transcurridos desde que se estableció la democracia, el Ejército —antes Popular Sandinista (EPS) y ahora de Nicaragua (EN)— ha desempeñado de manera básicamente correcta su rol institucional, y ha avanzado en forma aceptable en el complicado proceso de profesionalización, desideologización y despartidarización.
En realidad, aunque no se puede decir con certeza que el Ejército está subordinado plenamente a la autoridad civil electa por el pueblo, sin embargo se debe reconocer que la institución castrense ya no obedece a la disciplina ni órdenes de un partido político y sus dirigentes, como lo hacían la Guardia Nacional (GN) en la época del somocismo, y el EPS en tiempos del sandinismo. Y esto, para Nicaragua, es un avance significativo.
Sin embargo, el desenvolvimiento de la realidad va indicando que queda por delante mucho camino que recorrer para alcanzar un nivel adecuado e irreversible de subordinación de la fuerza armada al poder civil, y de confianza entre la casta militar y la población nacional.
Precisamente la reciente visita al país del Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, y el asunto de los dos mil y pico de misiles rusos Sam que tiene en su poder el Ejército de Nicaragua, tuvo la virtud de sacar a superficie las profundas y solapadas contradicciones que hay entre la fuerza militar y el poder civil; al grado de que el presidente Enrique Bolaños se vio obligado a decir públicamente que es él quien manda en el país, en obvia alusión al jefe del Ejército que en los últimos días ha estado deliberando continuamente sobre los misiles, y al jefe sandinista, Daniel Ortega, quien dijera el domingo pasado que no es competencia del Presidente de la República decidir sobre la destrucción o conservación de los misiles rusos de la discordia.
Algunos observadores y analistas aseguran que la molestia de los líderes del FSLN en relación con la visita de Powell se debe a que no fueron invitados a conversar con el Secretario de Estado, y porque éste le hizo saber al jefe del Ejército que su interlocutor en el tema militar era el Ministro de Defensa de Nicaragua. Pero, como haya sido e independientemente de que sea correcto o no que los gobernantes de Estados Unidos pidan o exijan a las autoridades de Nicaragua que destruyan los misiles Sam para conjurar el peligro de que vayan a parar a manos de terroristas —como ya ocurrió con otras armas de arsenales militares nicaragüenses—, lo cierto es que el jefe del Ejército ni ningún otro militar de cualquier rango y cargo deben involucrarse en controversias públicas, ni deliberar absolutamente nada en derredor de ningún tema, ni siquiera de los misiles de origen soviético.
“El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”, sentencia de manera inequívoca la Constitución Política de la República (artículo 93). Pero el Ejército, así como el Estado en su conjunto, es una ficción jurídica y no puede por sí mismo pensar ni deliberar. Quienes deliberan son las personas, y en el caso del Ejército los que lo hacen son los individuos que desempeñan las funciones militares, y sobre todo los mandos y particularmente su comandante en jefe. Pero los militares no deben deliberar porque se los prohíbe la Constitución, y si la violan entonces el Presidente de la República, que es el Jefe Supremo del Ejército (artículos 95 y 144 Cn.), debe llamarles la atención y disciplinarlos.
La historia de Nicaragua está llena de generales deliberantes y todos ellos estuvieron asociados a dictaduras, guerras civiles, represión política y supresión de las libertades y de los derechos humanos de los nicaragüenses. Y después de todo lo que los generales deliberantes —políticos en uniforme o militares politizados— hicieron sufrir a la nación, y cuando sólo han transcurrido trece años de construcción de la democracia, es comprensible que haya todavía resabios políticos entre los militares y recelos y resquemores entre los sectores civiles democráticos.
Y esos resabios sólo se pueden superar reclamando públicamente a los generales su obligación de cumplir la Constitución, y por lo tanto de no deliberar, y demandándole a las autoridades civiles que manden a callar a sus subordinados militares.
