- Presidente recalca su facultad como comandante en jefe del Ejército para decidir sobre misiles
- Polémica sobre jurisdicción del
Legislativo en tema que el Ejecutivo reclama de su competencia
Consuelo Sandoval [email protected]
El Presidente de la República, Enrique Bolaños, defendió ayer las facultades que tiene como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua para decidir sobre la suerte de los cohetes SAM-7, cuya propuesta de destrucción se analiza entre una propuesta de desarme regional en el balance razonable de fuerzas militares en Centroamérica y la posibilidad de una decisión unilateral que el Ejecutivo reclama como propia.
Sin embargo, esa controversia no se produjo en la década de los años noventa, cuando el entonces general de Ejército, Humberto Ortega, vendió a Perú varios helicópteros de fabricación soviética, fundamentándose exclusivamente en una disposición administrativa del gobierno de la ex presidenta Violeta Chamorro.
“Ese tipo de decisiones yo no veo por qué tenga que verlo la Asamblea Nacional, en principio tiene que ratificar tratados que tengan que ver con la defensa, pero esto (destrucción de misiles) es un ordeno como comandante en jefe, si el Presidente va a acordar la destrucción del armamento con el Gobierno de Estados Unidos, sí tendría que ser ratificado por el Parlamento, pero en este caso no es necesario hacerlo de esa manera, sino que se puede tomar una decisión administrativa, según la regulación constitucional. En principio pareciera que compete a una decisión del Presidente de la República”, opinó el doctor en derecho constitucional, Gabriel Álvarez.
PLC Y FSLN INSISTEN EN FACULTAD LEGISLATIVA
El diputado liberal Wilfredo Navarro y el diputado sandinista Nathán Sevilla, coincidieron en que compete a la Asamblea Nacional disponer sobre los bienes del Estado, incluyendo la destrucción del armamento militar.
“El Presidente (Bolaños), es el jefe de las Fuerzas Armadas pero no decide sobre los bienes del Estado, por ejemplo, él es el Presidente pero no puede regalar una propiedad del Estado, una empresa, tiene que pasar por la Asamblea Nacional porque eso es la garantía del equilibrio de poderes para evitar los abusos de poder. La Constitución establece que el destino de los bienes del Estado tiene que decidirse a través de la Asamblea Nacional”, replicó Navarro.
Sevilla se expresó en los mismos términos: “Aunque el Presidente (Bolaños) es el comandante en jefe, no puede inconsultamente tomar decisiones que pueden afectar la defensa nacional, por ejemplo, debilitar la defensa del país. Lo dice la Constitución y la Ley de Competencia del Estado”, dijo Sevilla.
CONFUSIÓN
El abogado Santiago Rivas Leclair explicó que si se define que los cohetes tierra-aire constituyen un activo del Ejército, corresponderá al Poder Ejecutivo adoptar la decisión de destruirlos o eliminarlos.
No obstante, destacó que en caso que ese armamento sea considerado un activo del Estado y que su enajenación, compra o baja para su destrucción, implicará adquirir armamento nuevo y por ende, provocará el endeudamiento del Estado, tendría que ser una potestad de la Asamblea Nacional.
Dijo que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señalan específicamente a qué Poder del Estado corresponde decidir sobre ese armamento.
La jurista Asunción Moreno dijo que aparentemente existe un vacío sobre este tipo de temas en el ordenamiento jurídico y que la Asamblea Nacional deberá legislar para determinar a qué Poder del Estado corresponde esa facultad, alegando que en tanto no se apruebe una nueva legislación no podrán destruirse los misiles.
REACCIÓN CATEGÓRICA
“Eso es prerrogativa única del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, que es el Presidente de la República”, dijo categóricamente el presidente Enrique Bolaños, reaccionando a los cuestionamientos formulados el pasado fin de semana por el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, quien considera que una posible decisión unilateral sobre la destrucción de los SAM-7 corresponde únicamente a la Asamblea Nacional.
