Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Tres letras cruciales han entrado al alfabeto del comercio internacional: CSI. Pero desafortunadamente todavía no hacen parte del léxico latinoamericano.
La Iniciativa de Seguridad en Contenedores o CSI (según siglas en inglés) fue lanzada por el gobierno estadounidense en febrero de 2002 para prevenir que terroristas utilicen el comercio exterior, 90 por ciento del cual va en contenedores marítimos de carga, como medios para transportar armas de destrucción masiva. Como parte del programa, agentes de la Aduana de Estados Unidos están trabajando en puertos extranjeros – con elevado volumen de carga o en lugares estratégicos – para ayudar a inspeccionar contenedores antes de que sean sellados y embarcados hacia Estados Unidos.
En términos prácticos, esto significa que contenedores de puertos CSI están pasando rápidamente por los puertos de entrada estadounidenses, mientras que otros contenedores pueden sufrir retrasos de hasta tres días mientras son inspeccionados.
Y aunque los retrasos son precauciones de seguridad justificadas se convierten en perjuicios financieros para los exportadores. Funcionarios en Latinoamérica lo comprenden. Debido a que sus países tienen un volumen comercial menor y a que sus industrias de carga son consideradas de menor riesgo terrorista, se encuentran en una clara desventaja. Hoy en día no hay en toda América Latina un solo puerto certificado CSI.
No sorprende entonces que entre las principales solicitudes que escuchó el Secretario de Estado Colin L. Powell esta semana en su visita de dos días a tres países centroamericanos estaba una aparentemente simple: ayúdennos a hacer que un importante puerto de la región obtenga el certificado de seguridad de Estados Unidos.
Además de CSI, otras iniciativas estadounidenses de seguridad presentan mayores retos a todos los que exportan a Estados Unidos. Una de esas iniciativas requiere que todos los exportadores notifiquen a la Aduana estadounidense 24 horas antes de que cualquier cargamento destinado a Estados Unidos empiece a ser fletado en el exterior.
Esta solicitud que parece modesta a primera vista ha generado retrasos, confusión y pesadillas logísticas para algunas de las compañías más grandes y sofisticadas del mundo como Sony, Michelin y Mikasa, de acuerdo con la última edición de la revista Fortune.
Otra iniciativa, bajo la ley estadounidense contra el bioterrorismo, requiere que proveedores de alimentos nacionales e internacionales se registren ante la Administración federal de Alimentos y Medicinas. Aquellos que no se hayan registrado antes del 13 de diciembre podrían ver sus productos incautados y enfrentar acciones legales civiles o criminales.
Ahora que Estados Unidos y Centroamérica avanzan hacia una acuerdo de libre comercio para finales del año, las fronteras y los puertos posiblemente serán cada vez más transitados —y potencialmente más vulnerables. Si el acuerdo debe también servir como modelo para el resto de la región, no actualizar puertos centroamericanos como Puerto Cortés para que cumpla con las normas de seguridad post 11 de septiembre, haría del pacto comercial un ejemplo arriesgado.
Ciertamente, Latinoamérica puede cosechar muchos beneficios del CSI y las otras medidas de seguridad para el comercio. Nuevas presiones para reducir la corrupción, agregar eficiencia y modernizar los procesos de exportación, para no mencionar el aumento en la detección de todo tipo de comercio ilícito, son muy promisorias. Pero permanecerán siendo sólo promesas vacías si las barreras para cumplir con las nuevas normas de seguridad no son superadas con un flujo substancial y rápido de inversión externa.
