- El Presupuesto General de la República del 2004 podría ser aprobado durante la tercera semana de noviembre, pero antes los diputados de la Asamblea Nacional tendrán que decidir si apoyan la propuesta de reducción salarial hecha por el presidente Enrique Bolaños, que apuesta por un ahorro de 32 millones de córdobas, o aprobar una ley que, según dicen, aportaría a ese ahorro 300 millones de córdobas
Mario José Moncada [email protected]
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El Ejecutivo y el Legislativo se preparan para medir fuerzas en una competencia de “tercia” que podría extenderse hasta la tercera semana de noviembre, con el fin de lograr que sus respectivas propuestas de reducción salarial o de una regulación de los mismos a través de una ley, se alce con la victoria y con ello ahorrar varios millones de córdobas en el Presupuesto General de la República.
El asunto sin duda alguna será un reto para ambos poderes del Estado, cuando el 21 por ciento de los recursos del presupuesto del próximo año, es decir 3,353 millones de córdobas sobre un total de gastos de 15,676 millones de córdobas, será destinado al pago de salarios de 80 mil empleados, incluyendo a los efectivos del Ejército y la Policía Nacional.
O bien, cuando el diez por ciento de esos empleados, es decir ocho mil, consumirán el 40 por ciento de la masa salarial estatal, unos 1,374 millones de córdobas, según cálculos del diputado de la Comisión Económica del Parlamento, Gustavo Porras.
El Presidente de la República, Enrique Bolaños, propuso reducir vía presupuesto en un diez por ciento los salarios de 236 funcionarios públicos que devengan sueldos superiores a los 50 mil córdobas mensuales, y eliminar las pensiones vitalicias para los ex presidentes y ex vicepresidentes que se desempeñen en un cargo público.
Con ello, según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MCHP), se ahorrarían 32 millones de córdobas, incluyendo 5.9 millones de córdobas con la suspensión del pago de las pensiones vitalicias a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, así como al propio Bolaños.
Pero, por el otro lado, un grupo de diputados sandinistas, encabezados por Gustavo Porras y Alba Palacios, apuesta por la aprobación de una Ley de Regulación Salarial de la Administración Pública y Funcionarios del Estado, la que a juicio de Porras traerá un ahorro de 300 millones de córdobas, destacándose una reducción casi a la mitad del salario mensual de Bolaños, equivalente ahora a 158 mil córdobas.
Porras consideró que la propuesta de Bolaños “es una medida temporal e insuficiente” pues recordó que la Ley Anual del Presupuesto General de la República, es precisamente, una legislación para un año.
Además, dijo que tal medida sólo afecta los recursos presupuestados y que, por lo tanto, deja por fuera a aquellos provenientes de proyectos de cooperación destinados al pago de asesores y consultores.
Insistió en que la propuesta que cuenta ya con el consenso de las bancadas presentes en el Parlamento, “no pretende castigar a nadie, sino armonizar los ingresos en el Estado”.
“Ahora por primera vez siento que la Ley tiene reales posibilidades de salir adelante, primero porque la opinión pública está en contra de los megasalarios y las condiciones de este país no permiten seguir gastando en salarios tal como estamos”, insistió.
Bolaños propuso que su salario sea reducido en un diez por ciento, con lo cual pasaría a ganar 142,629 córdobas, si es que su propuesta logra el éxito en el plenario del Legislativo.
En cambio, si la Ley de Regulación de Salarios conquista el voto de los diputados, pasará a ganar 69,300 córdobas, pues la propuesta legislativa contempla que tendrá un salario equivalente a 70 salarios mínimos promedio, cada uno con un valor de 990 córdobas.
Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dijo no conocer la propuesta de los diputados, consideró que los ajustes que el gobierno ha hecho en el tema salarial son importantes, pues se trata de acercarlos a la realidad del país, consideró.
LOS PUNTOS DE VISTA
El representante en Nicaragua del Fondo Monetario Internacional (FMI) Luis Breuer, señaló en principio que la Asamblea Nacional es la que tiene que definir la política salarial del sector público.
Antes de referirse a la reducción vía presupuesto o a la regulación por una ley de los salarios de los funcionarios públicos, Breuer recordó que el compromiso que Nicaragua adquirió con dicho organismo, es de no incrementar el déficit de 4,879 millones de córdobas en el presupuesto del 2004, cuyos gastos totales ascienden a 15,676 millones de córdobas.
“La política salarial del sector público es un elemento soberano que determina la Asamblea Nacional. Nosotros por supuesto, no tenemos una opinión específica en cuanto a lo que tienen que ganar los líderes o los funcionarios públicos, eso no es un área de nuestra competencia, pero sí nos interesaría mucho que el déficit global acordado se mantenga”, sostuvo Breuer.
El presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Telémaco Talavera, tildó de “temporal” la propuesta del presidente Bolaños, pues dijo que es válida sólo para un año al estar contemplada en la Ley Anual del Presupuesto General de la República.
Para el economista, Néstor Avendaño, también es necesario “legislar sobre los salarios de los grandes funcionarios públicos”, pero también de los asesores y consultores “que transitan en los corredores públicos de este país”, y quienes dijo “son financiados en gran parte con nueva deuda externa de Nicaragua”.
Al respecto, la representante de la Coordinadora Civil, Ana Quiroz, dijo que es necesario regular las remuneraciones de los principales funcionarios del Estado, pero también de los consultores, pues ejemplificó que para este año en el Ministerio de Salud (Minsa), “están programados alrededor de 100 millones de córdobas para pago de consultorías”.
“Los salarios de los funcionarios públicos deben responder a las posibilidades de Nicaragua”, consideró.
(Con la colaboración de Gabriel Sánchez Campbell).
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