Luis Felipe Palacios [email protected]
El presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra, remitió a la Comisión Económica del Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República de 2004 enviado por el Ejecutivo, que promete una serie de modificaciones, según legisladores de la bancada del opositor Frente Sandinista.
Cuadra, de la bancada oficialista Azul y Blanco, no quiso comentar su valoración sobre el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Enrique Bolaños, bajo el argumento que apenas fue enviado a discusión a la Comisión Económica.
Admitió, sin embargo, que habrá que estudiar y analizar “a quién se le quita y a quién se le pone”, porque el techo de egresos estipulado en el presupuesto 2004 –poco menos de 16 mil millones de córdobas– no puede excederse, porque existe un compromiso como nación de respetar ese techo para ingresar a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Dejó entrever que una vez que el país ingrese a la HIPC, habrá mayor incremento presupuestario para aquellos sectores, que en estos momentos demandan mayor partida presupuestaria, en alusión a maestros y universitarios.
En igual término se refirió la diputada liberal María Eugenia Sequeira, quien evitó hacer mayores comentarios, porque sus representantes en la bancada liberal aún no estudian ni analizan a profundidad el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo.
OPOSICIÓN EN “ALGUNOS PUNTOS”
El legislador sandinista René Núñez adelantó que su bancada, compuesta por 38 legisladores, tratará de modificar “algunos puntos” no resueltos en el proyecto enviado por el presidente Bolaños.
“Hay puntos que es indispensable discutirlos y resolverlos, que debían haber sido resueltos por el gobierno: demanda de maestros, sector Salud, seis por ciento a universidades, Ejército, Policía, Corte Suprema de Justicia. Todos esos puntos hay que verlos y discutirlos para ver cómo se resuelven”, indicó.
Observó que parte de los fondos para cubrir a estos sectores, podrían salir si se aprueba la iniciativa de Ley de Regulación Salarial que vendría a contemplar una homologación en los salarios de los funcionarios públicos.
