El presidente Francisco Flores lanzó el lunes la segunda fase de los operativos contra “las maras”, en Sonsonate, al oeste de San Salvador. (LA PRENSA/AP)

Jueces salvadoreños responden a presiones de Flores

Judiciales ven aspectos cuestionables en Ley Antimaras ACAN-EFE SAN SALVADOR.- Un grupo de jueces salvadoreños protestó ayer “enérgicamente” por “la incitación formulada” por el Presidente de El Salvador, Francisco Flores, para que la ciudadanía les “presione” para que apliquen una ley contra las pandillas. El Juez Quinto de lo Penal de San Salvador, Sidney Blanco, […]

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ACAN-EFE

SAN SALVADOR.- Un grupo de jueces salvadoreños protestó ayer “enérgicamente” por “la incitación formulada” por el Presidente de El Salvador, Francisco Flores, para que la ciudadanía les “presione” para que apliquen una ley contra las pandillas.

El Juez Quinto de lo Penal de San Salvador, Sidney Blanco, leyó a periodistas un comunicado en que los jueces exponen su posición respecto a la Ley Antimaras, que fue aprobada el pasado 9 de octubre por la Asamblea Legislativa.

“Rechazamos públicamente que los jueces hemos formado un bloque de resistencia para no aplicar la Ley Antimaras. Es ley vigente y debemos analizarla a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales al resolver un caso concreto”, declararon los jueces.

Flores ha criticado en varias ocasiones la actitud de los jueces que han puesto en libertad a casi la totalidad de los más de 3,700 pandilleros que han sido detenidos por la Policía desde el 23 de julio pasado, cuando el gobierno inició el Plan Mano Dura, contra las pandillas.

La ley fue aprobada por el Parlamento tras una larga polémica que involucró a distintos sectores de la sociedad salvadoreña sobre sus efectos y la constitucionalidad de muchos de sus aspectos, además porque no contempla programa de rehabilitación para los jóvenes.

En su comunicado, los jueces protestan “enérgicamente” por la “incitación formulada por el Ejecutivo a presionar a los jueces para tomar decisiones contra esa clase de delincuencia sin atender la obligación constitucional de valorar pruebas conforme al orden jurídico”.

Asimismo, dijeron que “responsabilizamos al Presidente de la República de cualquier agresión que sufra algún juez o jueza derivada de la investigación pública señalada”.

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