Jordi Gual [email protected]
Tras los duros enfrentamientos por la guerra de Irak y la negativa de los suecos a adoptar el euro, el proyecto de construcción europea está lejos de su mejor momento. La cuestión es preocupante porque los retos a los que se enfrenta la Unión a lo largo de los próximos meses son enormes: la ampliación a veinticinco países, y la ratificación del nuevo tratado constitucional, que va a exigir procesos de referéndum en muchos de los países miembros.
Es posible, aunque no está garantizado, que el tratado final se parezca mucho a la propuesta preparada por la Convención Europea liderada por Giscard d’Estaing, pero no está claro que el proceso de ratificación se supere con éxito. ¿Qué sucederá si algunos de los países de la UE no aprueban la nueva “Constitución”? ¿Tiene la UE un plan B preparado ante esa eventualidad?
Por desgracia, el proyecto de tratado en su redactado actual permite acomodar con dificultades algo que a lo largo de los últimos años ha sido una realidad manifiesta e importante de la Unión: las divergencias entre sus miembros en relación al grado de integración económica y política que se persigue. Estas divergencias, en cuestiones como la armonización social o la fiscal, por no hablar de política exterior, han enfrentado a los socios comunitarios y serán aún más relevantes en una UE ampliada.
Es verdad que países como el Reino Unido, que frenan el proceso de integración, lo hacen en gran medida en respuesta a las demandas de su electorado. Y lo mismo sucede en algunos países nórdicos, como ilustran las cláusulas de exención que obtuvo Dinamarca en Maastricht. Pero no es menos cierto que una parte significativa de los países miembros comparten los objetivos fundacionales de la UE, recogidos en la famosa frase según la cual los países de la Unión avanzan hacia una “integración cada vez mayor”. Las encuestas del eurobarómetro certifican que son numerosas las áreas de política (exterior y defensa, por ejemplo) en las que los ciudadanos europeos desean una profundización en las políticas comunes.
El sistema constitucional europeo debiera permitirlo, creando una Europa a múltiples velocidades, de tal modo que aquellos países que quisieran, avanzasen en el proceso de unión económica, completándola con una mayor integración política. Esta última integración puede ser rechazada por los partidarios de reforzar el poder de los estados, pero tiene su lógica, incluso si se acepta el razonamiento anglosajón de basar la Unión Europea en un gran mercado interior, sujeto a la competencia. La experiencia demuestra que este mercado no se consigue plenamente a menos que los países miembros estén dispuestos a renunciar a una parte importante de su soberanía política. Los ejemplos más inmediatos los tenemos en el campo de las subvenciones públicas y en el conjunto de regulaciones nacionales —fiscales y de protección del consumidor— que impiden la creación de un verdadero mercado financiero único.
Para garantizar que el actual clima de desencuentro europeo no conduce a la parálisis, la Conferencia Intergubernamental que se acaba de abrir en Roma constituye una excelente oportunidad para introducir de manera clara en la construcción europea el concepto de la velocidad múltiple, y permitir —como ha sucedido a lo largo de la historia— que la unión política europea avance gradualmente, con el empuje de aquellos estados y naciones más proclives a la integración.
El autor es profesor y director del Departamento de Economía del IESE (Universidad de Navarra, España).
