Alberto L. Alemán [email protected]
Asume un nuevo Presidente en medio de ola de descontento social que produjo más de 60 muertos.
Analistas estiman que ni el gobierno es fuerte para gobernar ni los movimientos opositores son una propuesta viable.
El periodista e historiador Carlos Mesa asumió el viernes la Presidencia de Bolivia, en el remate de una dramática jornada en la que el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada renunció al cargo, bajo presión de protestas sociales que dejaron entre 60 y 74 muertos en un mes.
“Sí, juro’’, dijo el novato político de 50 años al comprometer su respeto a la Constitución y recibir la banda presidencial que le cruzó el pecho en medio de aplausos del plenario legislativo, citado por Reuters. “Me toca recibir la Presidencia en un momento crucial de nuestra historia”.
Mesa, de barba prematuramente encanecida y elevada estatura, saltó desde la Vicepresidencia a la Jefatura del Estado, después que el Congreso escuchó la carta de renuncia de Sánchez de Lozada.
La Constitución boliviana establece que en caso de renuncia del Jefe de Estado deberá asumir el Vicepresidente, quien deberá concluir el período del mandato para el que fueron electos.
El acaudalado empresario, de 73 años, renunció al cargo, arrinconado por una creciente ola de protestas sociales contra su permanencia en el poder.
En entrevistas concedidas un día antes de su renuncia, el ex mandatario aseguró que había una conspiración del narcotráfico internacional para derrocarlo.
“Quieren implantar un Estado narcoterrorista”, expresó. “Los Estados Unidos y nuestros (países) vecinos están preocupados de que pudiera surgir (en Bolivia) un Estado narcoterrorista”.
Sánchez de Lozada habría viajado a la oriental ciudad de Santa Cruz, y de ahí, viajaría a EE.UU., según la prensa local.
EL GAS, SÓLO UN DETONANTE
Las protestas sociales estallaron al conocerse un proyecto oficial de exportar gas, del cual Bolivia posee enormes reservas —las segundas de Sudamérica tras las de Venezuela— a través de un puerto chileno.
Bolivia perdió su salida al mar en una guerra entre Bolivia, Perú, de un lado, y Chile, de otro, en 1879. Este hecho histórico suscita rencores y estimula el nacionalismo boliviano.
Según analistas, los líderes izquierdistas de la oposición, el cocalero Evo Morales y el dirigente indígena Felipe Quispe se valieron de esta carta para potenciar el hondo descontento social debido a la pobreza y escasos resultados sociales de la economía de libre mercado en el país, y forzar la salida del presidente y limpiar el camino para su propia ascensión al poder.
“ Desde que Sánchez de Lozada asumió (hace 14 meses) , el escenario político boliviano se polarizó y Evo Morales ha sostenido lo que él mismo llamó la intención de ejecutar una “estrategia del cerco”, sostuvo el politólogo René Mayorga, director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios.
“Es decir, una estrategia política desde el Parlamento para bloquear las iniciativas del gobierno y, por otra parte, una estrategia de movilización en las calles, en las carreteras, bloqueos, etc. Y eso es lo que está haciendo ahora, aunque esta ofensiva, esta crisis social, no la inició él”, explicó a LA PRENSA.
Además, “Morales y los dirigentes de su partido Movimiento al Socialismo, nunca ocultaron su intención de derrocar al presidente”, agregó.
Morales, quien fue derrotado por Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002 pero ganó un buen porcentaje de votos, ha demandado inclusive conformar una Constituyente, pero tal recurso solamente podría lograrse reformando la presente Carta Magna.
El gobierno tiene mucha culpa en esto porque, para empezar, la coalición desde que se instaló en 2002, no ha elaborado una política de Estado en torno al gas, dijo Mayorga.
“No ha tenido ninguna política de información respecto a las negociaciones que ha habido a nivel internacional ni sobre las ofertas que recibió el país de Chile y de Perú acerca de las facilidades que esos países estarían dispuestos a dar a Bolivia para que se exporte el gas por sus puertos. Es decir, el gobierno boliviano ha manejado esto como si fuera un secreto de Estado y no ha permitido ninguna discusión más amplia donde participen los diversos sectores y organizaciones sociales”, añadió Mayorga.
Si bien se han obtenido éxitos notables en la reducción de las áreas de coca cultivadas, para el beneplácito de EE.UU., no se han ofrecido alternativas económicas viables a los cultivadores de la planta, dejando a centenares de miles de personas sin medios de subsistencia sólidos.
De acuerdo al politólogo, doctorado en la Universidad Libre de Berlín (Alemania), ni el gobierno de Sánchez de Lozada era capaz de gobernar efectivamente ni los movimientos opositores “tampoco tienen la capacidad para asumir el poder y para imponer una alternativa política viable”.
Estimó además que Morales y Quispe no aceptarán una salida constitucional que prevé que el presidente Mesa termine el mandato de su antecesor.
ECONOMÍA NO DEPENDE DEL GAS
Sin embargo, Mayorga señala que el gas no es un factor real muy importante.
“En este momento la economía no depende del gas. Las exportaciones de soya son mucho más importantes, e incluso los ingresos que Bolivia recibe del turismo. Es una lucha clásica que se ha dado en Bolivia (…) por un aprovechamiento mayor de esos recursos en beneficio del país y no en beneficio de las trasnacionales”, explicó.
“En Bolivia está muy marcado en la memoria histórica del país, que los recursos naturales –la plata en la Colonia, el estaño en el siglo XX– no han cambiado la situación de dependencia ni han contribuido a superar la pobreza endémica en nuestro país”.
RADIOGRAFÍA DEL PAÍS
8.8 millones de habitantes tiene Bolivia.
25% son blancos.
50% indígenas (quechuas, aymaras y guaraníes en su mayoría) el resto son mestizos.
950 dólares es la renta per cápita anual.
NO BAJAN LA GUARDIA
La renuncia de Sánchez de Lozada no ha desactivado las movilizaciones. “Los bloqueos van a continuar en las comunidades porque en este momento las cosas todavía no están definidas”, afirmó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe. Indicó que el nuevo gobierno deberá aceptar los 72 puntos exigidos desde el comienzo de las protestas el 15 de septiembre pasado y que recogen reivindicaciones de carácter social y económico.
¿QUÉ PUDO HACER EE.UU.?
Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA, declararon su apoyo para Sánchez de Lozada al principio de la crisis, pero según algunos analistas, Washington pudo haber hecho más hace meses para evitarla.
“Verbalmente se ha dado el apoyo que se esperaba, pero el tiempo de haber ayudado a Bolivia pasó. Pasó en febrero cuando la comunidad pudo haber dado dinero para estabilizar el gobierno y no lo hizo”, dijo Miguel Díaz, director del proyecto Mercosur, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en la capital estadounidense.
En febrero hubo incidentes violentos en los que incluso el Ejército se enfrentó a la Policía en La Paz. El gobierno boliviano pidió entonces 50 millones de dólares para pagar a los maestros, policías y otros sectores para bajar la tensión. De eso, Washington dio 10 millones de dólares, y algunos sugieren que no se trató de fondos nuevos.
El FMI negoció un acuerdo con el gobierno por US$123 millones ese mes. Pero impuso severas condiciones que dejaron escaso margen de maniobra.
“Este gobierno ha sido buen amigo de EE.UU. Nos ha apoyado en la guerra contra las drogas, sacrificado vidas, tiempo, recursos y energía para luchar en una guerra que le interesa más a Washington que a Bolivia, porque ahí el consumo de cocaína procesada es mínimo”, agregó Díaz.
El presidente Sánchez de Lozada apoyó la guerra en Irak, profundamente impopular en Sudamérica, y el proyecto de gas. Para el sociólogo Gary Payne, el respaldo a las políticas de EE.UU. fueron un “boomerang” para el mandatario.
“Era perfecto para la administración Bush, apoyó su plan de erradicación de coca y además estaba de acuerdo con el proyecto de gas. Y esto es precisamente lo que le trajo tanta impopularidad”, consideró Payne. (BBC)
(Con informaciones de las agencias Reuters, EFE y AP, y con la colaboración especial de Norma Domínguez, desde Buenos Aires).
