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Ambientalistas señalan al ISA de contaminar Chinandega
Benjamín Blanco
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió una denuncia de parte del Club de Jóvenes Ambientalistas en la cual señalan al Ingenio San Antonio (ISA) y a la Compañía Licorera de Nicaragua S.A, de ser fuente de contaminación en diferentes municipios de Chinandega.
“El principal daño ambiental lo están padeciendo los humedales de esa región del país que están invadidos con lodo, grasa y aceite, producto de la contaminación que proviene desde hace varios años de los desechos líquidos del Ingenio y la licorera”, señaló Raomir Manzanares, director del Club de Jóvenes Ambientalistas.
LA PRENSA trató de obtener la versión del gerente general del Ingenio San Antonio, Joaquín Zavala, sin embargo, en la oficina de Recursos Humanos del ISA, dijeron que sería hasta el lunes que podían dar una respuesta.
Durante una inspección que realizaron en el estero El Limón los ambientalistas y delegados de las alcaldías de Chichigalpa y Corinto, constataron que el agua del estero es de color café, y que se siente un fuerte olor a caña de azúcar descompuesta.
“Igualmente el bosque de manglar en la Isla de Machuca presenta un deterioro acelerado y se observa una fuerte sedimentación y olores fuertes a residuos provenientes de los cañaverales”, afirmó Manzanares.
El alcalde Chichigalpa , Víctor Manuel Sevilla, expresó que “la empresa licorera ha manifestado que tiene a sus ingenieros especialistas haciendo todos los ajustes para que esta emanación de gases un poco desagradable pueda superarse. Nos hemos reunido con la gerencia y aunque el problema se ha venido superando todavía hay emanación de malos olores”, afirmó el edil.
MEDIO AMBIENTE LIMPIO ES UN DERECHO HUMANO
Por su parte, el procurador especial de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López, quien recibió la denuncia, consideró que los daños al medio ambiente es un tema que está íntimamente relacionado a los derechos humanos.
El artículo 60 de la Constitución Política señala que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable y que es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales.
“En materia ambiental hay suficiente asidero jurídico para que las instituciones de la administración pública tomen las medidas de control, regulación y sanción para los depredadores del medio ambiente”, afirmó López.
Agregó que las instituciones creadas para este fin deben cumplir su papel y que Procuraduría General de la República (PGR), tiene facultades para acusar y representar al Estado cuando alguien daña los bienes colectivos, como es el caso de recursos naturales.
