Consuelo Sandoval [email protected]
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento dictaminó favorablemente y por unanimidad, el anteproyecto de Ley Creadora de la Coordinadora Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de aproximadamente 1.7 millones nicaragüenses residentes en el exterior, confirmó su presidente Nelson Artola.
Explicó que mediante el anteproyecto de ley, sometido a consulta desde hace siete meses, pretende impulsar la legalización de los inmigrantes nicaragüenses, situación que constituye el 90 por ciento de la problemática que enfrentan nuestros compatriotas en el extranjero.
“Teniendo garantizada su legalización como inmigrantes, los nicaragüenses tendrían acceso al trabajo para que no sean explotados, derecho a la salud, educación y pensión de seguro social, además que estaríamos vigilantes para que no se les violenten sus derechos a la libre organización, libertad de expresión, no sean maltratados física y síquicamente y que no se les deporte de manera masiva”, destacó el legislador.
Dijo que por primera vez el Estado asumiría un plan de trabajo permanente de corto, mediano y largo plazo para el seguimiento integral a la situación de todos los nicaragüenses residentes en el exterior, a través de las embajadas y consulados, que constituirían el enlace directo con las autoridades nacionales.
“Nos proponemos que se detenga la xenofobia a través de una campaña de sensibilización que tenemos que emprender desde esta coordinadora, sobre todo en Costa Rica, que no vean a nuestros compatriotas como delincuentes”, manifestó, y agregó que el dictamen podría ser discutido en el Plenario a finales de octubre.
Aseguró que la nueva instancia promotora de los derechos humanos de los nicaragüenses no generará mayores gastos al Estado, por cuanto, estará integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia, Policía, Ministerio de Defensa, Cancillería, Ministerio del Trabajo, Migración y Extranjería, Ministerio de la Familia, comisiones del Exterior y de Derechos Humanos del Parlamento, cuyas autoridades se encargarían de proporcionar el personal y la logística para su funcionamiento.
La Coordinadora se reuniría una vez al mes y su presidente será el Procurador de Derechos Humanos, quien deberá presentar un informe anual de su gestión ante el Parlamento, cada 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de Derechos Humanos.
“Con la creación de la Coordinadora vamos a compensar con políticas de Estado, el esfuerzo que hacen nuestros compatriotas de mantener la economía nacional con el aporte de unos mil millones de dólares anuales en remesas familiares, valoró Artola.
Artola consideró que en Costa Rica hay unos 700 mil ciudadanos nicaragüenses, y en Estados Unidos más de 500 mil. Según sus cálculos, como promedio cada ciudadano nicaragüense en el exterior envía 558 dólares anuales a sus parientes en Nicaragua, o sea 50 dólares mensuales, lo que contribuye a paliar la crisis de pobreza y desempleo que embarga a un alto porcentaje de ciudadanos.
