Marcela Sánchez*
Apenas días antes del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush estaba comprometido con una reforma significativa del actual sistema de inmigración —un sistema tan fracturado que millones de personas entran a este país sin dejar rastro en un peligroso cruce de frontera y luego trabajan sin permisos ni protecciones laborales básicas.
Desde entonces, Washington no ha hecho ningún gran gesto para reformar la inmigración. En cambio, una redada sistemática y coordinada cubrió a la nación y en ella cayeron miles de inmigrantes y cientos fueron deportados secretamente. Esta reforma de facto se ha convertido en la penosa evidencia de que el país que Bush describió inicialmente como “más estadounidense y no menos”, gracias a sus inmigrantes, había cambiado.
Pero a pesar de la nueva era de la ley conocida como Patriot Act y sus amenazas de deportación, reales o virtuales, la mayoría de los inmigrantes ilegales mantienen la firme convicción de que una oportunidad de vivir acá todavía vale esos riesgos. Y, en parte, lo que les da esperanza en medio de lo que algunos describen como uno de los ambientes más hostiles hacia los inmigrantes en años, es la proliferación de pequeños gestos a nivel local o estatal, con un beneficio directo en sus vidas.
PEQUEÑOS GESTOS LOCALES
Dichos gestos son reconocimientos tácitos de la presencia de los inmigrantes ilegales, sus necesidades y sus contribuciones a la sociedad. Apelan al concepto de justicia de las comunidades y poco a poco están dando codazos al sistema federal que se queda rezagado ante el resto de la nación.
En el norte de California, por ejemplo, agricultores del condado de Napa, sede de una industria de vinos de cuatro mil millones de dólares, el año pasado acordaron imponerse un impuesto a sí mismos para ayudar a proveer mejores viviendas para sus trabajadores del campo, la mayoría de ellos mexicanos. Su propósito: hacer más humanas las condiciones de vida de aquellos trabajadores indispensables.
La semana pasada, el concejo de una población en los suburbios de Washington, Herndon, Va., aprobó un refugio temporal para jornaleros. Aquéllos a favor argumentaron con éxito que el refugio sólo pondría algo de orden a una práctica ya existente y desorganizada de inmigrantes del sector que se reúnen a diario en busca de trabajo. Una estructura similar ya está siendo construida —por razones similares— en el condado vecino de Arlington.
En una tendencia que empezó hace apenas dos años, siete Estados permiten ahora que inmigrantes indocumentados que han cumplido con todos los otros requisitos de residencia puedan obtener descuentos para ingresar a las universidades estatales. Y por lo menos 19 Estados emiten ahora licencias de conducir a aquéllos que no tienen residencia legal —a pesar de las preocupaciones de seguridad surgidas después del 11 de septiembre.
Incluso documentos no emitidos por Estados Unidos, las matrículas consulares mexicanas, están siendo aceptadas como formas legítimas de identificación por un número creciente de autoridades locales, particularmente departamentos de policía. El mes pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió que las matrículas pueden ser usadas para abrir cuentas bancarias, una decisión que fue celebrada por instituciones financieras a lo largo del país y dio mayor legitimidad a los documentos.
Otras naciones latinoamericanas probablemente seguirán el modelo de las matrículas. Los gobiernos de El Salvador y Nicaragua están contemplando la emisión de dichos documentos para sus ciudadanos en este país. Aunque no hagan nada más, las matrículas al menos ayudan a documentar a los indocumentados, facilitando la labor de las autoridades.
No hay tal vez un símbolo más claro de cómo se ha paralizado la reforma migratoria que el hecho de que Bush escasamente menciona ahora la palabra “inmigración” en sus discursos.
Aun así, el tema a nivel nacional no desaparecerá. Aquéllos que no se encuentran en la precaria posición del Presidente de tratar que bloquear el ingreso de futuros terroristas sin parecer antinmigrantes, pueden dar pasos más modestos a nivel local y estatal o incluso presentar legislación proponiendo reformas menores a nivel federal.
La semana pasada, por ejemplo, un proyecto de ley fue presentado en el Congreso para darle residencia legal a trabajadores agrícolas ilegales. Estos trabajadores representan por lo menos la mitad de esa fuerza laboral, pero menos del 10 por ciento del total de 8 millones de inmigrantes que se estima viven acá sin documentos.
La medida es respaldada por granjeros y trabajadores agrícolas por igual y ha sido celebrada como un buen primer paso incluso por las fuerzas proinmigrantes más activas —participantes en las caravanas por la libertad del 2003— que convergieron en Washington esta semana para llamar la atención sobre la grave situación de los inmigrantes legales e ilegales. Llegaron en buses desde ciudades de todo el país inspirados por las caravanas originales o Freedom Rides de 1961.
Los participantes en las caravanas de entonces viajaron por las autopistas federales hacia el sur del país para retar la práctica segregacionista en estaciones de bus y otros lugares públicos, que violaba la ley federal. En un irónico giro de la historia los nuevos activistas proinmigrantes están viajando desde muchos de los lugares donde los cambios ya están ocurriendo, con la esperanza de instar a Washington a que apoye esa tendencia.
