José Adán Silva, Juan Carlos Tijerino yArlen Pé[email protected]
Mientras el Ministerio de Hacienda defiende sus criterios y el CNU esgrime argumentos a su favor, en el seno de la Asamblea Nacional se perfilan cañones contra el presupuesto de las universidades públicas.
Orlando Mayorga, presidente de la Comisión de Educación, Deportes y Cultura, señala que debe hacerse una Ley General de Educación que regule la entrega de presupuesto a las universidades, y además, establecer nuevos mecanismos de control sobre los fondos públicos que reciben las casas de estudios superiores.
“Hemos invitado a las autoridades del CNU, para que nos den información con respecto a inquietudes que tenemos, pero dirigido específicamente para la estructuración de la Ley General de Educación, donde la educación superior va ser parte vinculante”, adelanta Mayorga.
Según el diputado, una pregunta que en la Comisión les gustaría aclarar es ¿cómo se administra el seis por ciento? “Porque una cosa es dar el informe del uso de los recursos que el Estado les da al CNU, y otra cosa es justificar la inversión que se hizo; no basta solamente con decir que se gastó 100 córdobas en papeles, sino explicar para qué sirvió ese papel”, detalla Mayorga.
ALUMNOS CAROS Y BARATOS
El diputado agrega otra inquietud ante el tema: ¿Con base a qué criterios se distribuye el presupuesto a las 10 universidades que componen el CNU? “La idea fundamental es analizar la distribución de los fondos a las universidades. Por ejemplo ¿cuánto cuesta un alumno universitario por un año en la Universidad Agraria y cuánto cuesta un alumno en la Universidad Centroamericana? Hasta donde yo entiendo, la UCA recibe 64 millones de córdobas, y ellos me han dicho que el costo de un estudiante es de 18,000 córdobas anuales. Pero ideay, en la Agraria reciben menos millones y el costo anual por alumno es de 6,000 córdobas. Eso significa que la Agraria está administrando mejor sus recursos, lo que significa que si yo le paso esos 18 mil córdobas a esa universidad, en vez de uno, van a ser tres los estudiantes universitarios beneficiados, en relación con uno de la UCA. Ese es un problema que hay que resolver”.
Los diputados de esa Comisión perciben en las universidades, un problema en la oferta de servicios privados junto a los públicos.
“Ese es otro problema y un gran conflicto de interés. Aquí hay universidades que venden un servicio privado, como el de la Universidad de Ingeniería, que a la par y en su propio espacio, tiene una universidad privada (Universidad Tecnológica de Nicaragua), y estamos seguros que muchos maestros que dan clases en las privadas del CNU, son pagados con fondos públicos del seis por ciento”, argumenta Mayorga.
