- En los próximos días se iniciará la enésima discusión sobre el presupuesto que el Estado nicaragüense le otorga anualmente a las universidades públicas. Con menos apoyo social que antes y con más instituciones que suman
sus voces para condenar los actos vandálicos de los estudiantes enmascarados que tiran morteros y bombas molotov, las autoridades universitarias y
los representantes estudiantiles se aprestan a defender su cada vez más
jugosa tajada del presupuesto público
José Adán Silva, Juan Carlos Tijerino yArlen Pé[email protected]
Se acerca el debate sobre el presupuesto anual para las universidades y desde ya se siente el olor de la pólvora de los morteros. Tras varios encuentros entre representantes del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los que no se llegó a acuerdos, el gobierno decidió proponer una cifra para el presupuesto universitario del 2004: 649 millones de córdobas.
La cifra, que es más de lo que reciben como presupuesto instituciones como la Procuraduría de la Niñez, la Contraloría General de la República, Ministerio Público y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no es del agrado de las autoridades universitarias, que con base en la Constitución Política, exigen la entrega de al menos 821 millones de córdobas, menos del seis por ciento que establece la ley.
Según fuentes del gobierno, ligadas al Ministerio de Hacienda, los miembros del CNU demandaban 830 millones de córdobas para el presupuesto del 2004, más los gastos de servicios básicos (agua, luz) que se calculan en otros 86 millones al año. Hacienda les ofrecía lo mismo que ofreció para el 2003: 721 millones, más 86 millones de córdobas en gastos de agua y luz.
Dado que ninguna de las dos partes cedía en sus posiciones, la negociación fue suspendida. “Se agotó la vía de las conversaciones. Ninguna de las dos partes cedió un centavo y aunque Hacienda busca una séptima reunión, es muy difícil que se produzca porque parece que la estrategia de los universitarios es esperar que el proyecto de presupuesto llegue a la Asamblea y ahí hacer la presión para que le reasignen el resto de millones”, dijo la fuente gubernamental.
El principal argumento del gobierno, para no aumentar el presupuesto a las universidades, es que el país no cuenta con los suficientes recursos y que hay otros sectores, principalmente sociales, que necesitan más recursos que las universidades.
La propuesta de Hacienda para las universidades, de 649 millones de córdobas, va rumbo a la Asamblea Nacional, desde donde ya están surgiendo voces que piden redistribuir el seis por ciento universitario a otros sectores de la educación.
RECHAZO ROTUNDO DEL CNU
Una vez enterado de la propuesta del gobierno, el rechazo del CNU fue inmediato y categórico. Telémaco Talavera, presidente del CNU, fue claro: “Pedimos 821 millones de córdobas y no es un favor que nos hacen, es un derecho constitucional. Cualquier cantidad inferior a ese presupuesto, la vamos a rechazar tajantemente”.
“Quiero aclarar lo siguiente: el pago de los servicios básicos que ofrece Hacienda, según la Ley 89 (Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior) es una responsabilidad independiente de las transferencias del seis por ciento. Son dos responsabilidades independientes del gobierno, así lo establece la ley”, dice Talavera, en referencia al Artículo 125 de la Constitución Política, donde se establece que el presupuesto para las universidades no podrá ser menor al seis por ciento el Presupuesto General de la República.
Según Talavera, el CNU está siendo flexible con el gobierno y respeta las condiciones de pobreza del país al pedir 821 millones de córdobas, “ya que esta cantidad es inferior al seis por ciento constitucional, pero en el marco de flexibilidad que tenemos por la situación del país, hemos pedido menos de lo que nos corresponde por derecho constitucional”.
MINORÍA PRIVILEGIADA
Al plantearle a Talavera que muchos sectores del país consideran injusto que se le brinde tanto presupuesto a una población reducida (65 mil estudiantes universitarios), el funcionario explicó que no estaba de acuerdo con esa perspectiva y que había que respetar la ley: “El seis por ciento lo establece la Constitución, es nuestra Carta Magna, nadie debe hacer una interpretación discrecional y antojadiza de la Constitución, debe ser respetada por todos, y ahí se establece el seis por ciento, no hay que someter ese derecho a discusión”.
Al preguntarle al presidente del CNU si existe un estudio que determine que las universidades realmente necesitan el seis por ciento, o menos de ese presupuesto, Talavera respondió que el presupuesto debería ser mayor.
“Yo quisiera que no fuera el seis, sino el 8 o el 10, pero yo no era rector de una universidad pública mucho menos del CNU cuando se aprobó esa ley. Lo que puedo decir es que tenemos que respetar la Constitución, si vamos a decir que se hizo con otros criterios, pues ignoremos la Constitución y establezcamos un Estado anárquico”.
INVERSIÓN POR ESTUDIANTE
900 dólares cuesta anualmente un estudiante universitario al Estado.
71 dólares cuesta uno de primaria, según datos del MECD.
32 dólares cuesta un estudiante de Secundaria.
99 dólares cuesta un estudiante de educación técnica.
22 dólares cuesta un estudiante de pre-escolar.
50 por ciento del presupuesto destinado a educación es para el sector primario.
11 por ciento para secundaria.
37 por ciento para la educación universitaria.
CGR ESCUDRIÑA EN EL 6%
La Contraloría General de la República ha establecido un plan o programa de investigación en todas las universidades para ver si la utilización de esos recursos se hace conforme a lo que dicta la ley. “Hemos pedido al Ministerio de Hacienda la información sobre la asignación global que le dio a cada una de las universidades este año y hemos decidido hacer tres auditorías: en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Universidad Centroamericana y en la Universidad Nacional de Ingeniería, por ser las más representativas y con mayor presupuesto”, informó el contralor Luis Ángel Montenegro.
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