José Luis Medal
La discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo se ha iniciado con un sesgo maniqueo: los que están a favor y los que están en contra, los que apoyan o no al Gobierno, los que están a favor de que se planifique para el largo plazo y los que tiene una visión cortoplacista. Lo que presentó el Gobierno es una propuesta que requiere de una discusión técnica y no debe ser interpretada como un documento para definir respaldos u oposiciones políticas. Lo que cabe es analizarla y discutirla técnicamente a fin de llegar a un consenso que sea favorable para la nación.
Existen aspectos sobre los que siempre existe consenso y sobre los que en realidad no hay que discutir mucho. ¿Quién está en desacuerdo en que se construyan carreteras, escuelas y centros de salud, que se combata la pobreza, se aumenten las exportaciones y se reactive la economía? Nadie. ¿Quién se opone a que se creen empleos, se eleve la productividad y la competitividad, se aumente la inversión, se proteja al ambiente y se mantenga baja la tasa de inflación? Nadie. De antemano ya existe consenso sobre objetivos generales, por lo que no tiene sentido que la discusión se centre en los mismos, por lo que no habría mucho que discutir. El problema no está en definir objetivos generales, sino en priorizarlos y en precisar la manera de alcanzarlos.
La discusión de un plan tiene que centrarse en cuáles son los recursos disponibles y en cómo se van a distribuir los mismos, para alcanzar los objetivos. Esa discusión de prioridades, tiene que tomar en cuenta que para los próximos tres años el techo del gasto público ya está definido en el acuerdo con el FMI, lo que no permite mayor margen de maniobra. Dentro del techo fiscal ya establecido y contando con una proyección trienal del presupuesto de todo el sector público —de la que no se dispone actualmente—, es que cabría analizar y discutir con cifras cuál es la mejor asignación de los recursos escasos: ¿se continuará en los próximos años con la grave disparidad que discrimina la educación primaria y técnica y favorece a la educación universitaria? ¿Disminuirán sus excesivos salarios los diputados, ministros y magistrados? ¿Se disminuirá la burocracia y los gastos exorbitantes que caracterizan a algunas instituciones? Un plan que promueva la equidad, no puede obviar una definición sobre estos temas.
El Gobierno propuso un programa de inversión pública y una lista de acciones para el período 2004-2009. No se presentó realmente un plan para 25 años —véanse al respecto los anexos uno y tres del documento presentado—, por lo que la discusión de largo plazo versus corto plazo, no tiene mayor sentido. Respecto al programa de inversión pública presentado, muy poco hay que discutir sobre los proyectos de arrastre y sobre los ya aprobados y con financiamiento obtenido de la comunidad internacional. Lo único que cabe es implementarlos ya que no es conveniente atrasar proyectos en ejecución o con financiamiento obtenido. El análisis y discusión en cuanto a inversión pública se refiere, sólo tiene sentido sobre nuevos proyectos preferiblemente con estudios ya realizados. Aquí es donde cabe la opinión de la sociedad civil y de los agentes económicos y sociales. Debe discutirse y llegarse a un consenso sobre los nuevos proyectos, los que en su mayoría serían ejecutados por un próximo gobierno. Esto último es natural, ya que todo gobierno, básicamente lo que hace es ejecutar los proyectos de arrastre o con financiamiento ya obtenido por el gobierno anterior y formular nuevos proyectos de inversión pública, que hereda a su sucesor.
En relación a las políticas macro y micro, no se modificarán en lo esencial las ya establecidas desde 1990, aunque cabe discutir detalles. Naturalmente que en lo general siempre habrá quienes se opongan retóricamente a las políticas neo-liberales, por lo que el consenso tendría que buscarse en relación a medidas concretas y no en torno a discusiones ideológicas sobre el papel del mercado y del Estado. Otros temas son de carácter político: dada la negativa influencia del caudillismo, difícilmente habrá acuerdo real sobre la despolitización de las instituciones.
En resumen, la discusión del plan no debe ser maniqueísta, ni centrarse en objetivos generales, ni en los proyectos de arrastre, ni en discusiones ideológicas. Debería enfocarse en los nuevos proyectos de inversión y en acciones concretas cuantificadas en un presupuesto trienal. Ello facilitaría llegar a un consenso técnico sobre el plan propuesto.
El autor es economista.
