Colombia en su laberinto

Especialistas colombianos criticaron la actuación errática de su gobierno en el caso del conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia en el que Managua reclama 50,000 kilómetros cuadrados, incluidas las Islas San Andrés y Providencia, bajo actual dominio colombiano.

El diario El Tiempo, de Colombia, en su sección Lecturas Dominicales, publicó las opiniones de seis expertos, sobre cómo, de manera equivocada, Colombia ha respondido al reclamo nicaragüense.

Entre los expertos consultados por El Tiempo figuran Edgardo Maya Villazón, procurador General de Colombia; Luis Guillermo Vélez, senador; Germán Cavalier, un especialista en derecho internacional; Jaime Pinzón López, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Alberto Lozano Simonelli, especialista en derecho internacional, autor del Libro La amenaza de Nicaragua, entre otros.

Aunque los colombianos rechazan de plano los argumentos de Nicaragua sobre los derechos de soberanía, critican la “táctica del silencio y el secreto” practicada por Colombia y en cambio elogian la estrategia del “destape” utilizada por Nicaragua en relación al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

CONFIDENCIALIDAD

El mismo diario colombiano en la introducción del artículo señala que “queda flotando en el ambiente la incertidumbre de que, si bien es comprensible que Colombia atienda los requerimientos de confidencialidad que deben rodear un proceso como éste, el sigilo puede ser cómplice de equivocaciones que presumiblemente se estén cometiendo en su desarrollo, según opiniones de los juristas consultados”.

Otra de las críticas que hacen los especialistas consultados por la publicación colombiana, es que Colombia, un día antes de que Nicaragua interpusiera la demanda, rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional, pero luego terminó sometiéndose a ella.

“Dicha reclamación fue instaurada como demanda por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de La Haya el 6 de diciembre de 2001. Faltaban sólo nueve meses para finalizar el gobierno de Andrés Pastrana y el país estaba metido de pies y cabeza en el tambaleante proceso de diálogos de paz con las FARC. Apenas se sabía, por noticias de páginas interiores, que el gobierno nicaragüense pretendía conceder derechos de explotación de recursos petrolíferos en la plataforma continental colombiana a multinacionales norteamericanas. En respuesta, el gobierno ordenó a la Armada reafirmar la soberanía nacional mediante presencia de buques artillados. Los nicaragüenses dieron reversa en cuanto a sus actividades sobre la plataforma continental, pero acto seguido oficializaron la referida demanda. El entonces Presidente electo de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que no le temblaría la mano para acudir a la fuerza en defensa de cualquier territorio bajo jurisdicción colombiana.

El 5 de diciembre de 2001, anticipándose un día a la acción nicaragüense, el gobierno colombiano objetó la competencia de ese Tribunal para conocer el litigio. Según internacionalistas consultados por Lecturas, éste fue el primer error de Colombia. El país tenía plazo hasta el 28 de julio pasado para hacer una presentación de ‘excepciones preliminares’ a la competencia de La Haya, lo cual fue cumplido por el agente del país ante ese Tribunal, embajador Julio Londoño Paredes”, precisa el diario colombiano.

“Colombia renunció el cinco de diciembre de 2001 a la jurisdicción de la Corte, pero concurrió el 20 de febrero de 2002 a la cita con el Presidente de la Corte para convenir los términos de las memorias y contramemorias de las partes, lo cual es un indicio de que se sometió al Reglamento de la Corte y, por tanto, a su jurisdicción. Recientemente Colombia presentó objeciones a la demanda de Nicaragua, que confirma aún más su sometimiento a la jurisdicción de la Corte”, respondió Germán Cavalier, a la pregunta del diario, de que si Colombia debe aceptar la jurisdicción de la CIJ en el proceso instaurado por Nicaragua.

¿La jurisprudencia de Colombia indica que la Corte no es competente para fallar un diferendo limítrofe?, le preguntaron a Cavalier y éste respondió: “Varios juristas sostienen este punto de vista, pero ya se perdió la oportunidad procesal de presentar las objeciones”.

Mientras tanto, el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Jaime Pinzón López, sostuvo que “Colombia no tenía porqué ir a la Corte”.

El académico también dijo al diario colombiano que en la marcha del proceso “no ha habido (una) política coherente”.

“El gobierno colombiano tenía conceptos de expertos en la materia, pero me imagino que no lo suficientemente coordinados, por la manera como actuó: un día antes de la presentación de la demanda anunció el retiro de la Corte, después se notificó. Consultó a un número de asesores internacionales muy bien pagados y a un número muy reducido de asesores colombianos menos bien pagados. Me gustaría decir que en aras de la fraternidad latinoamericana y de la integración, Colombia podría acordar con Nicaragua convenios de pesca, exploración de petróleo y gas en el mar, pero no sobre la base de esta insólita demanda, sino sobre la de un espíritu fraterno latinoamericano”.

FANTASMA DE LA DERROTA

El académico también es del criterio de que si Colombia es derrotada por Nicaragua en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, podría perder su alegada soberanía sobre las Islas San Andrés y Providencia; pero además, se vendrían abajo los acuerdos marítimos entre varios países centroamericanos y del Caribe.

Colombia ha firmado convenio marítimos con Honduras, Costa Rica y Jamaica. Estos acuerdos le ha permitido a Colombia expandirse en el Caribe, en más de medio millón de kilómetros cuadrados. De modo que el juicio en La Haya es un gran desafío para ellos.

Mientras tanto el procurador Edgardo Maya Villazón, dijo al diario colombiano que la Procuraduría no ha sido consultada ni llamada a dar concepto por parte del Ministerio de Relaciones.

Si un proceso como éste se lleva adelante sin consultar ni al Congreso ni a la Procuraduría, ¿qué consecuencias legales puede tener esto?, preguntó la publicación a Maya.

“El Gobierno Nacional tiene asignadas constitucionalmente unas expresas competencias, algunas de ellas desarrolladas por la ley. Debe actuar conforme a ese marco jurídico. Si no se ajusta a él, asume las consecuencias legales”.

Por su parte el senador Guillermo Vélez, indicó a El Tiempo que “la Corte de La Haya no es una Corte celestial, sino de carne y hueso”, quien también se quejó de que el gobierno no consultó al Congreso colombiano en el caso de demanda de Nicaragua contra Colombia.

“…cuando el doctor Fernández de Soto, en su calidad de canciller, envió una carta a la Corte Internacional de La Haya retirándose de la jurisdicción de ese alto Tribunal en el caso de la reclamación de Nicaragua, por tratarse de una nota modificatoria de un tratado, como es el que constituyó la Corte Internacional al que se vinculó Colombia, una desvinculación es una modificación y, por tanto, debió pasar por el Congreso. Mas no fue así. La otra cosa es que ahora que está avanzando la controversia jurídica en La Haya, el Congreso debe estar permanentemente informado, ya no en función de sus atribuciones para aprobar o improbar tratados sino en ejercicio del control político que le corresponde en todo momento, según la Constitución”, expresó Vélez.

El Senador también consideró que “debe acabarse la diplomacia secreta y abrirse un gran debate en defensa de la soberanía de Colombia. De nada nos sirve un silencio sepulcral mientras Nicaragua impresiona a la opinión internacional con propaganda sobre sus pretensiones, como fue abrir una licitación en aguas colombianas. No perdamos de vista que la Corte de La Haya no es una Corte celestial, sino una Corte de carne y hueso, integrada por intereses geopolíticos y altamente impresionable.

DESDE EL SIGLO PASADO

1928: Nicaragua suscribió el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra. En la época en que fue firmado Nicaragua estaba bajo ocupación militar de Estados Unidos. En ese tiempo ningún Tratado podía establecer límites en zonas ubicadas más allá de las tres millas náuticas, que era la extensión del Mar Territorial, en aquel entonces. San Andrés y Providencia están ubicadas a más de cien millas náuticas (entre 105 y 123 millas náuticas) de la costa nicaragüense; y a más de 360 millas náuticas de Colombia.

1930: Bajo la administración de José María Moncada y siempre bajo ocupación militar, el congreso de la época fue ratificado.

1969: Colombia hace una interpretación “unilateral y arbitraria”, en la cual se pretende transformar el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, en un Tratado de Límites. Desde entonces se pretende encerrar a Nicaragua en el Meridiano 82, a menos de cien millas náuticas de sus costas.

1980: El gobierno revolucionario (sandinista) desconoce el Tratado Bárcenas Meneses- Esguerra.

1986: El 2 de agosto, Colombia suscribe con Honduras el Tratado Ramírez-López, que pretende cercenar 130,000 kilómetros de mar a Nicaragua. Fue ratificado por Honduras. Es considerado como violatorio al derecho comunitario por la Corte Centroamericana de Justicia en noviembre de 2001.

1999: El ocho de diciembre, el Gobierno de Nicaragua demanda a Honduras ante la Corte Internacional de Justicia.

2001: Nicaragua demanda ante La Haya al Gobierno de Colombia, alegando soberanía sobre las Islas San Andrés y Providencia, así como sobre sus cayos adyacentes.

El cinco de diciembre de 2001 anticipándose a la acción legal nicaragüense, el Gobierno de Colombia objetó la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para conocer el litigio entre Nicaragua y Colombia.

El 28 de julio de 2001 Colombia presenta las excepciones preliminares alegando incompetencia de la Corte Internacional en el diferendo.

2003: El 28 de abril de 2003 Nicaragua presentó la memoria histórica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre el diferendo con Colombia, que según el canciller Norman Caldera constituye un compendio de los aspectos legales e históricos que Nicaragua ha esgrimido desde el siglo pasado.

En esos primeros alegatos Nicaragua demostró que en 1821 San Andrés y Providencia era parte de la Capitanía de Guatemala y que cuando Nicaragua se independiza de España (en ese año), las islas eran parte del territorio nicaragüense.