Guillermo Rothschuh [email protected]
En la Nicaragua actual judicaturas y tribunales, así como el resto de las instituciones que conforman la sociedad, son objeto de una fiscalización permanente de parte de los medios de comunicación. Al cumplir esta tarea los medios asumen una de sus funciones más vitales: instalarse como jueces y fiscales de la actuación cotidiana de los dirigentes del aparato estatal y de la sociedad nicaragüense en su conjunto. El carácter y naturaleza de la actuación judicial suscita el interés de los medios por poner en perspectiva sus formas de proceder y de administrar justicia. Sobre todo en aquellos hechos y circunstancias en que se ven involucrados miembros de la clase política.
Ante una percepción de parcialidad manifiesta de los tribunales, la ciudadanía en muchas ocasiones se dirige primero a los medios para plantear sus diferendos y hasta después recurren a los tribunales de justicia. Esta actitud acrecienta su importancia y ratifica la legitimidad de sus políticas informativas. Estos antecedentes convalidan la tesis de Gary A. Hengstler, en el sentido de que los jueces deben estar persuadidos “que su autoridad existe sólo en la medida en que el público tenga confianza en la integridad e imparcialidad de los tribunales” encargados de impartir justicia.
Los medios tienden a focalizar su interés sobre las irregularidades, máxime si estas irregularidades provienen de las instancias encargadas de una recta administración de justicia. Las causas abiertas contra miembros de la clase política han concitado el interés de los medios y se han convertido en un test inmejorable para juzgar a los jueces. Su actuación está siendo sometida al más escrupuloso escrutinio. Es la conducta de los jueces la sometida al análisis. El reconocimiento ciudadano a la actuación de los medios se expresa mediante la aprobación de su desempeño en las distintas encuestas realizadas por diversos organismos de la sociedad civil. Durante los últimos meses (marzo 2002-agosto 2003) el comportamiento de los jueces ha estado sometido a una profunda evaluación. Lo que más interesa en esta coyuntura a medios y ciudadanos es el tipo de comportamiento expresado por los jueces en la conducción de los procesos. Es la manera en que los jueces han conducido las causas lo que ha estado sujeto a examen y no sólo la conducta de los procesados. A través de los medios los distintos estamentos de la sociedad nicaragüense toman el pulso a la administración de justicia.
El equilibrio de jueces y tribunales en el delicado desempeño de sus funciones resulta precario. Las presiones recibidas son múltiples y contradictorias, sobre todo en sociedades como las nuestras en donde se habla cada vez más de una “judicialización de la política y de una politización de la justicia”, circunstancias que tornan más vulnerable al Poder Judicial frente al poder mediático. Los cambios y transformaciones realizadas en los últimos años por el aparato jurídico nicaragüense se ven oscurecidos y minimizados ante la percepción ciudadana de una clara supeditación partidaria del Poder Judicial ante la clase política. A jueces y magistrados la ciudadanía los percibe como demasiado proclives al poder. No los aprecia como autónomos e independientes frente a los distintos poderes públicos o privados. En este juego de luces y de sombras las propuestas de reformas a los poderes del Estado hechas por el Ejecutivo gozan del beneplácito de la ciudadanía.
Los tribunales han quedado sometidos “cada vez más con mayor intensidad, al ejercicio legítimo de los derechos de información y opinión, a través del ejercicio de la crítica a sus resoluciones por la opinión pública y los medios de información”. Nada ni nadie queda fuera de la mirada de los medios. La imagen y la calificación que tiene la ciudadanía acerca de la marcha de la justicia en Nicaragua se alimentan del tipo de cobertura que brindan los medios sobre el quehacer institucional del Poder Judicial. La televisión en su afán omniabarcante penetra con su mirada en cámaras y recintos. Este creciente fenómeno obliga a preguntarnos: ¿cómo garantizar la plena vigencia de las garantías constitucionales y democráticas (no declarar contra sí mismo, libre defensa en juicio, presunción de inocencia y demás institutos liberales del derecho penal) frente al creciente fenómeno de la mass mediatización de la justicia? Frente a estas dos lógicas contradictorias, lo que debe tratar de prevenirse es la creación de tribunales paralelos en la administración de justicia. Ante la percepción de parcialidad, los medios tiran su apuesta por eregirse en tribunales sustitutos.
Un examen cuidadoso de esta situación debería conducir a la prevención de riesgos. Es inevitable que los medios y las distintas audiencias juzguen y opinen. Los medios y la opinión pública no pueden hipotecar sus compromisos ni su razón de ser. La gravedad estriba en la tentación recurrente de los medios de “acusar por la mañana y juzgar por la noche”, cerrando incluso el derecho de apelación que asiste a todo sentenciado. La prevención del experto colombiano Darío Restrepo debe ser tomada seriamente. A los medios les cuesta mucho rectificar sus errores. ¿Podrá revertirse esta tendencia? Se trata de uno de los temas más controvertidos del ejercicio periodístico. Cada vez más muchos periodistas asumen que parte de su labor consiste no sólo en plantear los hechos y situaciones, sino que frente a una justicia cada vez más enrarecida, le corresponde juzgar y condenar todo aquello que consideren injusto. Esta circunstancia ha conducido a “que la opinión pública identifique a los medios con la corte o la comisaría” y crea que el debate debe darse en los medios y que las instituciones encargadas de dirimir el tuyo y el mío salen sobrando, se vuelven innecesarias. Una conclusión errónea y precipitada.
El autor es Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
