Ary Neil Pantoja ySergio León [email protected]
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, declaró que ese Poder del Estado carece de dinero para nombrar nuevos jueces en diferentes municipios del país, pero anunció el reintegro de Roberto Villagra al cargo de asesor legal de la Secretaría General Administrativa de la CSJ, después que lo destituyeron como juez, por mentir en las gestiones para su integración como abogado.
Tras una reunión de Corte Plena, Ramos confirmó que existen “algunos” Juzgados sin jueces, aunque insistió en desconocer cuáles son. Dijo que en otros casos, como el de Bluefields, el juez está ejerciendo hasta cuatro funciones jurisdiccionales, pero por falta de dinero, esos Juzgados continuarán así por más tiempo.
LA PRENSA conoció que la ciudad de Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), carece de un juez Civil y Laboral; mientras en San Juan del Norte, departamento de Río San Juan, tampoco hay Juez Penal.
En la ciudad de Bluefields, la juez de Distrito Penal, Maura Lila Montoya Moreno realiza las funciones de juez especial de adolescentes, juez de audiencia y juez de ejecución con el Código de Procedimiento Penal (CPP).
Ramos se declaró imposibilitada de nombrar a nuevos jueces y dijo que por el momento esa situación continuará igual. Sin embargo, Ramos confirmó la restitución de Roberto Villagra en su antiguo cargo en la asesoría legal de la Secretaría General Administrativa de la CSJ, pese a que éste aceptó haber violado el procedimiento para su integración como abogado al Poder Judicial.
En lugar de destituir a Villagra definitivamente del cargo de Juez Segundo de Distrito Penal de Audiencias, Ramos defendió la decisión de trasladarlo de nuevo a la CSJ y minimizó el hecho de que el ahora ex juez haya “omitido” entregar su título de abogado en tiempo y forma, para lograr su integración. Negó que esa “omisión” ilegalice su nombramiento como juez o sus actuaciones mientras ejerció el cargo.
Aunque no quiso utilizar la palabra “mintió”, Ramos confirmó que Villagra “omitió” incluir en su documentación el título de abogado que lo acredita como tal, al momento de tramitar su integración al Poder Judicial a como lo establece la ley.
En lugar de sancionar a Villagra, Ramos consideró “mejor” regresarlo a su antiguo cargo tras minimizar el hecho de que Villagra haya mentido a los magistrados de la Corte.
“Él (Villagra) habló conmigo. Me dijo que había cometido un error, más bien una negligencia, porque él tiene todos los requisitos y (me dijo) que habló con la Universidad y que le prometieron que en 10 días le van a entregar el título. Hubo una omisión (de su parte), y yo le pedí humildad para aceptar su error, que no es un gravísimo error y que se viniera para acá”, dijo Ramos.
Aunque Ramos evitó el tema, una fuente del Poder Judicial dijo a LA PRENSA que la presidenta del Poder Judicial fue presionada por Enrique Villagra (padre de Roberto), para que le diera a su hijo un puesto en una judicatura, a lo que la magistrada habría accedido en base a una vieja amistad. De hecho, dijo la fuente, Roberto Villagra llegó a la CSJ por una petición de su padre a Ramos.
Roberto Villagra se graduó de abogado hace un año en la Universidad Centroamericana (UCA) y trabaja desde hace año y medio en la Corte Suprema. Fue nombrado juez de audiencia en mayo y asumió el cargo el 20 de junio, el que ejerció hasta el pasado jueves 18 de septiembre. Ahora regresa a su antiguo puesto en la asesoría legal de la Secretaría General Administrativa de la CSJ.
Villagra fue sustituido por la abogada María Concepción Ugarte, quien ayer debutó en el cargo de Juez Segundo de Distrito Penal de Audiencias.
TRES EN UNO
“Soy Juez Penal de Adolescentes. Soy juez de audiencias y también soy juez de ejecución. En Bluefields se necesitan al menos cuatro jueces más para una mejor aplicación de la justicia”, denunció a LA PRENSA la doctora Maura Lila Montoya Moreno.
“Es urgente que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombre en Bluefields jueces para esas áreas (juez para adolescentes, de audiencias y juez de ejecución). Hay problemas con los condenados que están en prisión en las celdas de la Policía (hacinamiento). Esto no es correcto. También hay problemas con los que están en la penitenciaría. Son seres humanos y se les violan sus derechos humanos”, se quejó Montoya.
La judicial indicó que la retardación de justicia y la violación de los derechos humanos de los detenidos en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) son parte de las deficiencias del Sistema Judicial en el Caribe Sur de Nicaragua.
JUECES BAJO REVISIÓN
La presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, no descartó someter a revisión el nombramiento de los demás jueces de audiencia y jueces ejecutores de sentencia y ver si cumplen con los requisitos de un juez de Distrito, porque ese es el nivel de estos funcionarios, aunque devengan un salario menor.
A excepción de la juez Margarita Romero, el resto de jueces de audiencia y de ejecución de sentencia, tanto en Managua como en el resto del país, ocupaban cargos burocráticos en la Corte Suprema, como el caso de Roxana Zapata, juez de ejecución de sentencia, quien fungía como asesora del magistrado Carlos Guerra.
Una fuente ligada al Poder Judicial dijo que Zapata fue nombrada a sugerencia del propio Guerra, quien hace dos semanas criticó fuertemente la forma en que se dieron estos nombramientos.
Otro caso es el de la Juez Segundo de Ejecución de Sentencia de Managua, Carmen Velásquez Lazo, quien ocupó un cargo en Oficialía de la Secretaría de la Corte Suprema.
OTROS NOMBRAMIENTOS
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, dijo que para subsanar la falta de jueces, en varios departamentos del país, han enviado a funcionarios de otras áreas judiciales a ocupar el cargo de jueces de adolescentes, en algunos casos, pero en “comisión de servicio”. Ramos aclaró que los funcionarios se van a esos cargos conservando el mismo sueldo del puesto que ocupan al momento de su traslado.
