- Comisión parlamentaria pide conocer destino de fondos para jubilados
Consuelo Sandoval [email protected]
La Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento demandará al gobierno que suspenda los trámites de la privatización del restante 49 por ciento de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), en tanto no se dilucide el destino de casi cinco millones de dólares que aportaron los trabajadores para el pago de pensiones a los jubilados y el 10 por ciento de las acciones.
Al término de una reunión de la Comisión Laboral con los representantes de Enitel y sus trabajadores, la presidenta de esa instancia legislativa, diputada Alba Palacios, anunció que solicitará la comparecencia del ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, para que explique el destino de los 2.5 millones de dólares que recibió esa institución para el fondo de los trabajadores jubilados, quienes todavía no reciben un centavo de sus respectivas pensiones.
“Vamos a citar al ministro (Montealegre) para que de una vez por todas reglamente de forma expedita la entrega de este dinero que es de los trabajadores que van saliendo pensionados. Según datos oficiales se han retirado más de 50 trabajadores”, aseguró.
Palacios anunció que también solicitará a la Contraloría investigue el destino de los 2.4 millones de dólares que los trabajadores acumularon en su pasivo laboral (pago por años de servicio) para que fuesen depositados en una cuenta en el Banco Centroamericano (Ban-centro), a fin de cancelar parte del 10 por ciento de las acciones que les vendió el Estado con la primera fase de la privatización del Enitel.
Reveló que el gerente jurídico de Enitel, Rafael Chamorro, les informó que ese dinero está reflejado en los registros contables de la compañía, sin embargo, dijo que no supo explicar dónde está depositado.
“Obviamente tienen un problema de tiempo, ellos consideran que ha sido demasiado tiempo para completar esta situación y nosotros les decíamos que bueno, hay un problema de tiempo, tal vez ha habido excesivo celo en la variación, en revisar en que cada trabajador le toque específicamente lo que dice la ley, con la cantidad de acciones y cantidad de dinero”, expresó Chamorro.
Por su parte, Hildebrando Baltodano, secretario general del sindicato independiente de Enitel, no descartó abrir juicio por el delito de estafa contra los representantes de la empresa, debido a la presunta desaparición de su dinero, además de acusarlos por traficar supuestamente con las acciones de los trabajadores.
“Se rumora en el ambiente laboral que Enitel está detrás de todo esto para comprar las acciones a menor costo, ellos pagaron 1.87 dólar por cada acción en el proceso de privatización del 2001 y a los trabajadores se las andan comprando en 93 centavos dólar. Ellos andan metidos en el mercado de acciones para lograr el control accionario de la empresa porque ellos tienen el 40 por ciento y nosotros el 11 (incluyendo el uno por ciento que les donó el Estado).
